La justicia porteña definirá si Uber es legal

La batalla judicial en torno al desembarco de Uber a la ciudad de Buenos Aires continúa. Pero, ahora, parece que, al menos, se empieza a vislumbrar el final. Ayer, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires resolvió elevar el expediente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, para que se expida sobre la legalidad (o no) de la actividad.

La Sala declaró admisible el recurso extraordinario de inconstitucionalidad que había planteado el fiscal de Cámara Martín Lapadú, con relación a la causa que cuestiona el accionar de Uber Argentina y sus ejecutivos. "Por tal motivo, bajo el argumento indiscutible de que el caso reviste 'gravedad institucional', la Cámara (que había revocado las condenas de primera instancia) resolvió elevar el expediente", informó el Ministerio Público Fiscal porteño, a través de un comunicado.

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El organismo recordó que la Justicia porteña había condenado en primera instancia a los ejecutivos de la Uber, desde que la empresa empezó a operar en el país, en abril de 2016, por la "violación de clausura y el uso indebido del espacio público (artículos 76 y 88 del Código Contravencional), con penas impuestas de multa e inhabilitación por dos años", puntualizó el Ministerio Público.

Sin embargo, en una sentencia del 7 de mayo pasado, la Sala III había declarado que la actividad de Uber no constituye una contravención. Y, en junio, el TSJ de la Ciudad revocó el bloqueo a la aplicación y a su página web en todo el país, que había sido ordenado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.

La decisión de la Cámara se supo un día después de que Uber refutara uno de los argumentos en su contra, al anunciar que sumará un seguro de responsabilidad civil para brindarle cobertura a cerca de 75.000 conductores y 2 millones de usuarios activos de la app. La póliza se agregó a la de accidentes personales ya ofrecida por la empresa y estará a cargo de Sura.

No fue la única gambeta con los que la empresa sorteó, en los últimos días, su controvertida situación normativa. A fines de septiembre, menos de 20 días después de iniciar su operación en Córdoba, Uber informó que decidió limitar la disponibilidad de la aplicación en esa capital provincial. Según dijo en ese momento la compañía, con esta medida, buscó proteger a sus "socios-conductores" para que no sean "castigados con multas exorbitantes".

La presencia de Uber en la Argentina es conflictiva. De momento, sólo es legal en Mendoza. Mientras la AFIP le reclama $ 358 millones en conceptos de impuestos presuntamente evadidos, su desembarco en La Docta -como en CABA- tampoco fue pacífico. Hubo protestas de taxistas y remiseros en varios puntos de la ciudad y operativos de secuestro de vehículos. Los concejales cordobeses, además, aprobaron una iniciativa que incrementa las sanciones para quienes operen como "socios-conductores" de Uber a $ 72.900. En caso de reincidir, la multa asciende a $ 145.000. Y, ante una tercera infracción, alcanzará los $ 243.000, además del retiro del permiso para conducir por cinco años.

En Córdoba, más de 28.000 personas habían mostrado interés en manejar usando la app, informó Uber.