Lo que hereda Alberto Fernández y la trampa de Cambiemos: el capital de trabajo de las empresas

Economía 02 de diciembre de 2019 Por
El plan para reactivar la economía real puede encontrar una traba importante que deja Cambiemos en la cadena productiva, pero no todos le prestan atención. Cuál es y qué se puede hacer.
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A lo largo de varias columnas intentamos situar la problemática macroeconómica que el gobierno de Cambiemos ha generado sobre el futuro de los argentinos. Desequilibrios externo y fiscal, deuda pública, descontrol de las principales variables de la economía, desmonetización y alto desempleo han sido abordados desde estas líneas dominicales intentando ver, además, el movimiento estructural que Cambiemos ha provocado en la economía argentina, cuya reversión requerirá un notable esfuerzo.

En la presente, analizaremos el problema microeconómico más relevante, capaz de frenar los estímulos monetarios y fiscales a la reactivación económica: la capacidad de distribución y abastecimiento de bienes que tiene el tejido empresario de unidades medianas y de menor porte.

Desde el inicio de la crisis auto infligida de mediados del año pasado, con mayores consecuencias tras el plan de ajuste monetario y fiscal denominado "doble cero", se advierte una constante preferencia por la liquidez, es decir, por la caja contante y sonante, del tramado empresario en la Argentina. Esta necesidad de mantener niveles de stock bajos y comprar y vender en plazos muy cortos es consecuencia del natural estrangulamiento del capital de giro de las empresas, tanto por la caída del nivel de ventas como por la ausencia de crédito de corto plazo.

El conjunto de empresas medianas y pequeñas suele estar integrado en cadenas de valor, en su gran mayoría con terminales productivas y/o de distribución oligopólicas. Ese hecho implica que dichos agentes económicos imponen plazos de pago, normalmente entre 90 y 120 días, con muy escaso margen para discutir su modificación. Por el contrario, la mayoría de las unidades de negocios debe afrontar sus compras y el pago de sus gastos, como la nómina salarial, de contado o con un máximo de 30 días. Esta fricción o brecha entre el período de cobro de sus ventas y el pago de sus compras tiende a acumular pasivos de corto plazo que no encuentran causes de financiamiento. En una economía estable y con un horizonte de actividad económica sostenido al alza, esta brecha entre cobro y pago, que oscila los 60/90 días, es solventada por los proveedores, que aparecen menos urgidos por la liquidez, y por lo bancos, que otorgan distintas líneas de adelantos de cuenta corriente y/o descuento de instrumentos comerciales. Es decir, facilitan el giro normal del negocio en curso.

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En la actualidad, frente a la volatilidad de precios y al encarecimiento, o directamente supresión del crédito, se puede dar la paradoja de que una empresa de porte mediano al aumentar sus ventas, mayor sea su estrangulamiento del movimiento habitual y termine malvendiendo activos de corto plazo para poder sostener el negocio. Por ello, la liquidez inmediata -la caja- se ha vuelto una obsesión en todas las unidades económicas del país.

Un programa de estímulos monetarios y fiscales a la demanda que provoque una fuerte expansión del consumo, medida imprescindible en el arranque del nuevo gobierno, se va a encontrar con empresas temerosas de intervenir activamente en la producción y distribución de bienes, y menos aún a hacerlo a precios estables, si no se resuelve esta problemática de estrangulamiento de capital de trabajo que ha ocasionado por la política de Cambiemos. En paralelo al programa de estabilización de variables en el marco del pacto social, es importante impulsar el desarrollo de un sistema crediticio de corto plazo que sustente el capital de giro de las empresas, sobre todo de aquellas de menor porte. Caso contrario, los efectos benéficos de la reactivación al interior del entramado empresarial serán apropiados por los agentes económicos oligopólicos, dada su mayor capacidad financiera.

En este sentido, hay tres senderos para recorrer:

1) El despliegue de una vastedad de instrumentos representativos de las ventas que sean objeto de respaldo y/o descuento para la obtención de un crédito bancario. Los títulos-valores comerciales, representativos de ventas realizadas, sobre todo a grandes cadenas empresariales, constituyen una promesa de pago segura para el respaldo de un crédito de corto plazo. Sin dudas, un fluido mercado de estos valores disminuiría la dependencia financiera de las empresas pequeñas y medianas de dichos agentes poderosos.  

2) El impulso a las sociedades de garantía recíproca y el uso de scoring de calificación de riesgo crediticia, a base del promedio de ventas del último año, facilita mucho el sostenimiento de capital de giro de aquellas empresas con dificultades para afrontar la evaluación de riesgo bancaria.

3) Es central el rol de la banca pública otorgando créditos cuotificables a seis y doce meses que le permita a las empresas calzar sus pagos con sus cobros, sin estrés financiero ni necesidades permanentes de liquidez. Inclusive, es posible ponderar un mayor monto de crédito contra aumento de nómina salarial, como modo de facilitar mejoras en las remuneraciones y/o en la incorporación de nuevo personal.

El estrangulamiento de capital de trabajo que sufren las empresas medianas y/o pequeñas debe ser un tema en la mesa del acuerdo social ya que, de lo contrario, un programa de reactivación puede producir una agudización de esta situación y revertir alguno de sus aspectos benéficos, derivando en una mayor concentración de mercado, donde los agentes económicos poderosos hagan valer su mayor capacidad financiera.

Fuente: El Destape Web

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