Cristina Fernández denunció a la AFIP macrista por una "inédita persecución" en su contra

Cristina Kirchner denunció a la AFIP macrista de armar un operativo “clandestino” en su contra, con la connivencia del Poder Judicial. La Vicepresidenta presentó este lunes dos escritos, uno ante el organismo recaudador y otro en el Juzgado Federal de Río Gallegos, en los que pide que se anule todo lo actuado en un operativo fiscal que, según afirmó, fue ilegal. Para CFK hubo una “maquinaria de persecución y hostigamiento a opositores políticos”.

La historia comenzó cuatro días después de las elecciones legislativas de 2017, cuando un fiscal de Río Gallegos le solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos -a cargo en ese momento de Alberto Abad- que investigue el patrimonio de quien acababa de ser electa senadora por la Provincia de Buenos Aires, para contrastarlo con el pago de impuestos. La primera irregularidad es que la fiscalía inició la investigación sin que existiera ninguna denuncia previa por evasión ni por deuda impositiva alguna. Y, como agravante, la Vicepresidenta afirma que hubo un pedido explícito de no notificarla. Es decir, de investigar integralmente su situación fiscal de manera “clandestina”, a pesar de que la normativa exige a la AFIP correr vista al contribuyente para que éste pueda ejercer su defensa.

“Fue todo tan irregular que ni siquiera lo mediatizaron”, afirmó a Página/12 un hombre de confianza de CFK, quien agregó que “hubo un claro direccionamiento” para buscar alguna falta. Como se dice en la jerga, la “peinaron” para ver si encontraban algo.

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Tanto en el escrito presentado a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, como en el que ingresó al Juzgado de Río Gallegos, la ex presidenta pidió la nulidad de todo lo actuado. Los textos fueron publicados por la propia Cristina Kirchner, quien en sus redes sociales afirmó que la maniobra fue parte de la persecución política de la que fue víctima durante el Gobierno de Mauricio Macri. Allí aseguró que “funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas” coordinados “con sectores del Poder Judicial” que “operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal contra mí persona”

Uno de los documentos describe: “Puntualmente se le ordenó al Organismo recaudador que inicie un procedimiento de verificación y determinación de oficio sobre mi persona. Pero con una insólita y gravísima particularidad: debían hacerlo en forma clandestina”. “Esta arbitraria conducta de las autoridades, estaba claramente destinada a hostigarme y perseguirme y no a conocer mi situación fiscal”

Con el patrocinio de Carlos Beraldi y Romina Mercado, los documentos fueron entregados a primera hora de este lunes, día del reinicio de la actividad en tribunales tras la feria de verano. En duros términos, la Vicepresidenta acusó a la gestión anterior de ordenar mecanismos de persecución política: “En esta maniobra de clandestinidad dispuesta por la Fiscalía Federal de Río Gallegos y ejecutada ilícitamente por la AFIP -ningún funcionario puede alegar obediencia debida para incumplir la ley-, se ve con absoluta claridad la conformación de verdaderos grupos de tareas a partir de la perfecta articulación de sectores del Poder Judicial con agencias del Estado (en este caso la AFIP) como maquinaria de persecución y hostigamiento a opositores políticos.

Durante el procedimiento, la AFIP tomó una serie de medidas contra la ex mandataria, por entender que había inconsistencias en sus declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias de los años 2011, 2012 y 2016. Sin embargo, tampoco fue notificada en esa instancia. El Organismo impugnó dichas declaraciones juradas por entender que hubo “una diferencia de pesos dos millones ciento veintidós mil seiscientos quince” y la intimó a pagar más de ocho millones de pesos “en concepto de capital, intereses y multas”. Lo curioso es que en su resolución, la propia AFIP dice que le asiste a la contribuyente “el derecho a interponer en forma excluyente recurso de reconsideración ante la propia AFIP o recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, conforme lo estipula el art. 76 de la ley 11.683”. Pero en sus escritos, Cristina Kirchner advirtió lo obvio: “Va de suyo que, al no ser notificada a la contribuyente ninguna defensa pude interponer, ni recurrir al Tribunal Fiscal ni ejercer derecho alguno”.

Según la ex mandataria, de las operaciones iniciadas desde que Cambiemos llegó al poder participaron funcionarios de la AFIP, agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de la Oficina Anticorrupción cuando estuvo a cargo de Laura Alonso, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), entre otros.

Junto a la difusión de los escritos en las redes sociales, añadió que fue dirigido a “los que todavía no creen en la existencia del Lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos”.