Los panaderos, junto a otros sectores del comercio, dicen que "la situación no da para más porque están en peligro muchos puestos de trabajo. Y la Provincia no toma cartas en el asunto".
Política - Comercio22 de marzo de 2018
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Los industriales panaderos, junto a representantes de sindicatos y cámaras vinculadas al comercio minorista, reclamaron a la EPE que dé marcha atrás con los últimos tarifazos sobre la energía eléctrica porque "son impagables".
El pedido podría quedar plasmado en un proyecto de ley, luego de una reunión que mantendrán el lunes próximo con diputados provinciales.
Por qué importa. Los panaderos realizaron ayer una asamblea en su sede para analizar la dura crisis del sector. Pero la cita se convirtió en multisectorial.
Estuvieron los sindicatos de pasteleros y panaderos, y los empresarios gastronómicos, heladeros y almaceneros, entre otros. El diagnóstico común es que los tarifazos suben los costos y quitan poder de compra al consumidor. Una tormenta perfecta que demuele la actividad y amenaza el empleo.
El panorama. Gerardo Dicosco, presidente de la Asociación de Industriales Panaderos de Rosario, afirmó que la "situación no da para más porque están en peligro muchos puestos de trabajo".
En declaraciones al programa "Zysman 830", Di Cosco afirmó que en lo que va del año el aumento de la luz superó el 30 por ciento. "Esto no da para más. No sólo afecta a la industria panadera. Sino a muchos sectores de la producción e incluso a la población común", remarcó.
"Esto es insostenible, algo van a tener que hacer. Estamos todos asustados por estos nuevos incrementos de la energía y que el gobierno provincial no toma cartas en el asunto. Todos creemos que se trata de una decisión política del gobernador. Se tiene que suspender el aumento de la luz un año, retrotaerlo al 2017 y esperar para ver qué pasa porque están riesgo muchos puestos de trabajo", remarcó Gerardo Di Cosco.
"Las boletas que están llegando son impagables", agregó. La entidad realizó un sondeo entre 150 panaderías de Rosario, y registró una caída de la actividad que llega hasta el 40%. "Las perspectivas para el año 2018 no son buenas", indicó.
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En primera instancia, serán las grandes empresas las que deberán cumplir con la normativa.
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