En diciembre, Alberto Fernández envió al Senado el pliego de Miguel Pesce como presidente del Banco Central, pero nunca se trató y de esta manera puede ser echado en cualquier momento con un simple decreto.
Nacional - Congreso07 de mayo de 2020
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No será fácil que abandone esa situación: es el centro de las críticas del Gabinete por el fracaso de las líneas de crédito a pymes y el alza del dólar paralelo y los senadores se sumaron presión con proyectos de ley y comunicados que hacen impensada una audiencia en la que defiendan su gestión.
Será imposible los próximos dos meses porque el decreto que firmó Cristina Kirchner para habilitar las sesiones remotas por ese tiempo, restringió el temario a proyectos sobre el coronavirus. Pero al vicepresidenta tampoco le interesó garantizar el mandato de 6 años a Pesce antes de la pandemia.
Su pliego no fue incluido en las audiencias de la Comisión de Acuerdos, presidida por su protegida Anabel Fernández Sagasti, que en febrero se reunió para avalar la designación de embajadores. La mayoría oficialista bien podría haberse aprovechado para confirmar al presidente del Central.
Prefirieron dejarlo en "comisión" un tiempo más y en aquellos aseguraban que no habría audiencia fugaz, sino largos interrogatorios sobre su plan para facilitar líneas de créditos a sectores productivos. El coronavirus cambió la agenda y complicó las cosas.
Cristina no quiso acelerar el pliego de Pesce en febrero y quedó cajoneado por la pandemia. Una senadora de su confianza le exigió prorrogar un decreto. También le reclamó medidas a Moroni y a Kulfas.
La semana pasada, legisladores del Frente de Todos presionaron públicamente a Pesce para que prorrogara el decreto del 20 de marzo que obligaba a los Bancos a tomar medidas para que protejan la cadena de pagos.
Se trata de la prohibición de la inhabilitación de las cuentas bancarias, del cobro de multas y comisiones por el rechazo de cheques, la prórroga para presentar cheques comunes o pago diferido; y la habilitación a otorgar créditos a deudores previsionales.
La primera en reclamar la continuidad de esas medidas fue la senadora María de los Ángeles Sacnun, mano derecha de Cristina, a quien también acompañó en su bloque minoritario hasta diciembre y preside la influyente comisión de Asuntos Constitucionales.
"Es prioritario que el Estado garantice la plena vigencia de los derechos humanos, económicos y sociales", señaló Sacnun y hasta especuló con que el presidente definiría "rápidamente" la prórroga de estas medidas María de los Ángeles Sacnun.
No fue la primera vez que los deseos de Sacnun se hacen realidad: hace un mes presentó un proyecto de ley para incluir al coronavirus entre las enfermedades reconocidas por las ART y logró que el presidente y el ministro de Trabajo Claudio Moroni lo resolvieran por decreto.
La presión pública a Pesce cristalizó un reproche que se escucha en el Congreso, sobre una supuesta incapacidad para presionar a los Bancos, que en su mayoría se negaron a otorgar préstamos al 24%.
Lo confesó el propio presidente en la teleconferencia que mantuvo con jefes opositores. "Necesito que los Bancos trabajen de Bancos y no de prestarle plata al Central. Lo estamos trabajando con Pesce", respondió a un reproche del mendocino José Luis Ramón, presidente de un bloque aliado y clave para el quórum en esa Cámara.
Pero entre los senadores hubo más mensajes para el presidente del Central: el jefe del bloque oficialista José Mayans y Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto, presentaron un proyecto que lo obliga a reestructurar las deudas de las Pymes y otorgar nuevas líneas de créditos "con características similares" a las que el Central otorgaba a partir de una comunicación de 2012.
En aquel entonces el organismo monetario lo presidía la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y también en "comisión", pese a que el oficialismo tenía mayoría y hasta firmó un dictamen para aprobarle el mandato de 6 años.
Senadores presionan al Central con una ley para garantizar créditos a pymes
Al no tratarse en el recinto, Cristina pudo echarla en noviembre de 2013 y reemplazarla por Juan Carlos Fábrega, quien sí tuvo acuerdo del Senado, y por unanimidad, pero le sirvió de poco: la devaluación de ese verano lo enfrentó a Axel Kicillof, flamante ministro de Economía, y prefirió renunciar.
No hacerlo lo hubiera obligado a pasar por un largo proceso, al que se sometió Martín Redrado en 2010. Consiste en esperar el dictamen de una comisión integrada por el vicepresidente de turno y los presidentes de las comisiones de Presupuesto. Curiosidades del destino, en los días en que Redrado fue enviado al banquillo lo reemplazó Pesce y firmó sus primeros billetes.
El dictamen no es vinculante pero, si llegara a necesitarse con algún director del Central nombrado por el Senado en estos años, la opinión de Cristina sería un dato relevante para el acusado. Dejarlos en comisión evitaría esos momentos incómodos.
El presidente del Central al menos no es el único funcionario fustigado por los senadores cristinistas: Sacnun, en otro comunicado, le pidió al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas reducir el 30% las boletas de luz a "todos los pequeños y medianos comercios, MyPymes, Cooperativas, Mutuales y Entidades de Bien Público perjudicados" por la pandemia.
Kulfas es uno de los más críticos de Pesce y hasta lo responsabilizó por el fracaso de los créditos al 24%, pero tampoco dejó un buen recuerdo en el kirchnerismo por un libro que cuestionaba los últimos años de la gestión de Cristina. Fue hace tres años. No imaginaba este presente.
Fuente: LPO
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