Una resolución bonaerense considera "infracciones graves" las cesantías en el distrito. En conflictos colectivos apuró conciliaciones e intimaciones.
Política20 de mayo de 2020
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El Gobierno bonaerense endureció las penalidades para los empresarios que insistan en despedir personal a pesar de las restricciones que figuran por decreto desde el inicio de la cuarentena. Así la administración de Axel Kicillof reforzó un perfil diferenciado respecto del Ejecutivo nacional en política laboral como quedó expuesto en casos de conflictos que tuvieron como epicentro ambas jurisdicciones, como los de Techint con las representaciones sindicales de sus numerosas fábricas o las cadenas de comida rápida, entre otros.
La resolución 174 del Ministerio de Trabajo bonaerense, que encabeza Ruiz Malec, reglamentó ayer los decretos de necesidad y urgencia que prohibieron y encarecieron los despidos en todo el país, al señalar que serán consideradas como “infracciones graves” las cesantías producidas en medio de la pandemia, violatoria del Pacto Federal de Trabajo. En términos prácticos, en la cartera laboral provincial explicaron que cualquier expediente con despidos tramitado por esa repartición será sindicado como “ineficaz” y pasible del pago de una multa en un rango del 30% al 200 por ciento del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador.
La norma bonaerense destaca que los DNU de Nación se firmaron por entender que era indispensable “garantizar la conservación de los puestos de trabajo, en aras de preservar la paz social en el marco la emergencia pública en materia sanitaria que se transita” y añade que “toda disposición por parte de los empleadores que contraríe” lo reglado por esas normas “se encuentra desprovista de efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”. Cerca de Ruiz Malec explicaron que con la resolución se buscó despejar grises de la normativa que pudiesen ser utilizados por los abogados patronales para efectivizar cesantías en medio de la cuarentena.
Los abogados de los gremios dieron cuenta de algunas diferencias en las tramitaciones de los conflictos colectivos entre Nación y provincia. En algunos casos admitieron que ante la disyuntiva de iniciar un expediente en una u otra ventanilla optaron por acudir a la cartera bonaerense por la disponibilidad con mayor agilidad de herramientas como la conciliación obligatoria o la intimación a la retracción de despidos o rebajas salariales.
Un caso testigo fue el de Ternium Siderar, adonde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Avellaneda presentó una denuncia penal contra el Grupo Techint por un aparente intento de desarrollar actividades no autorizadas por las autoridades como esenciales. En paralelo radicó una queja ante Trabajo bonaerense tras alegar descuentos indebidos en los salarios de los operarios suspendidos y consiguió una veloz intimación para la regularización bajo pena de multas dinerarias.
Esa discusión se concretó en paralelo con otras que llevó adelante la UOM contra el mismo grupo siderúrgico que en general logró imponer rebajas salariales a los trabajadores suspendidos, e incluso esta semana validó el despido de 30 operarios de una de sus tercerizadas en la planta de Tenaris-Siderca, en Campana.
Ayer, en tanto, el ministerio provincial intimó a la firma de indumentaria para chicos Cheeky a pagar los salarios adeudados de abril a sus trabajadores agrupados en tres gremios: la Unión de Cortadores de Indumentaria (UCI); el sindicato de empleados textiles (Setia), y el del vestido (Soiva). La intimación operará entre hoy y mañana y la compañía, de la familia Awada (Juliana es la esposa de Mauricio Macri), que de todos modos obtuvo de Nación el subsidio ATP para el pago del 50% de su nómina salarial neta, deberá acudir el viernes a una audiencia con sus salarios completados. Una vez más la amenaza oficial será la imposición de una pena multimillonaria.
Fuente: Ámbito
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