Marcos Jacobo Levin fue el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad contra Víctor Cobos, un trabajador que tenía bajo relación de dependencia, pero se encuentra en libertad, al haber sido apelada su condena a Casación, instancia en la cual se anuló esa sentencia al considerar que los hechos juzgados no podían encuadrarse como crímenes imprescriptibles.
"Es muy importante que esta causa haya avanzado y que Levin siga siendo investigado por delitos de lesa humanidad. Es muy difícil que las causas sobre complicidad empresarial con el terrorismo de Estado avancen y este caso lo demuestra. Logramos hace cuatro años una condena y todavía luchamos para que quede firme", indicó a Télam la abogada María José Castillo, representante de la querella de la familia Cobos en el primer juicio contra el ex dueño de la Veloz del Norte.
Los primeros empresarios condenados fueron los hermanos Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez, a quienes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata impuso en marzo de 2012, 11 y 15 años de prisión por haber aportado una quinta de su propiedad para el secuestro y las torturas del abogado de los trabajadores de Loma Negra, Carlos Moreno, quien luego fue asesinado.
Otra causa emblemática de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado es la que involucra al propietario del Ingenio Ledesma de Jujuy, Carlos Pedro Blaquier, por su responsabilidad en los hechos denominados como de la “Noche del Apagón”, una causa en la que se investigan las desapariciones de 29 trabajadores de esa empresa.
Esa causa estaba elevada a juicio oral, pero en 2015, un fallo de Casación revocó el procesamiento del empresario y ahora, la Corte debe resolver si se confirma la realización de ese debate, en el cual se debe analizar la responsabilidad de Blaquier, quien hoy tiene 92 años, con los crímenes de "La Noche del apagón".
En tanto que este año debe empezar el juicio Chavanne-Industrias Grassi, en el que serán juzgados el ex agente del batallón 601 de inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti y el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores Juan Alfredo Etchebarne.
En este proceso oral y público, que está suspendido por la pandemia de cornavirus, quienes están acusados de haber participado en el secuestro de 28 empresarios vinculados al banco de Hurlingham y la siderurgia Grassi.
Las víctimas estuvieron detenidas en la prisión militar de Campo de Mayo, y durante su cautiverio fueron torturadas y presionadas para entregar estas empresas a sectores económicos vinculados con la última dictadura cívico militar.
Fuente: Infogremiales
