Mientras la UIA y la CGT postergan la definición sobre otro acuerdo para las suspensiones con recorte de salarios, el grupo de Paolo Rocca quiere cargarle a los trabajadores su renuncia al ATP. Para presionar, anunció 140 despidos que Trabajo frenó. La pulseada sigue.
Economía - Empresas05 de agosto de 2020
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El Grupo Techint busca reducir unos 1500 empleados y bajar un 50% el salario de más de 3.000 suspendidos en tres plantas siderúrgicas del holding Tenaris.
El viernes anunció 140 despidos en la planta de tubos Siderca, ubicada en la ciudad bonaerense de Campana. El lunes siguiente, tras la denuncia de la UOM regional, el ministerio de Trabajo encabezado por Mara Ruiz Malec dictó la conciliación obligatoria que forzó a la empresa a realizar las reincorporaciones, informó Ámbito Financiero.
El gigante empresarial había logrado entrar al programa de ATP que dispuso el Gobierno Nacional para ayudar al sector privado a pagar un porcentaje de los salarios y así evitar despidos, pero cuando el Estado quiso evitar destinar recursos a la fuga de dinero al exterior, por ejemplo, Paolo Rocca decidió devolver el dinero.
Siderca, con 4.000 operarios, trabaja al 20% de su capacidad, afectada por la caída de la actividad hidrocarburífera derivada de la falta de consumo de combustible.
El secretario de organización de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y titular de la seccional Campana, Abel Furlán, alertó el viernes pasado a las autoridades sobre una parálisis progresiva de actividades desde el 27 de julio, con el fin de producir un "lock out patronal" a partir del lunes y generar eventuales suspensiones, despidos y cambios laborales, según consignó iProfesional.
Fuente: Infogremiales
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El Gobierno porteño aprobó una reforma que elimina el arancel de decenas de trámites administrativos. La medida busca reducir cargas económicas y simplificar procesos para pequeñas y medianas empresas.
Aunque el sector energético muestra niveles récord de actividad, varias compañías no logran afrontar sus compromisos financieros. La falta de acceso al crédito en dólares y el encarecimiento del financiamiento ponen en riesgo la sostenibilidad del crecimiento.
Bodegas de todo el país alertan sobre el impacto del aumento de impuestos internos y la caída del consumo. Desde la Corporación Vitivinícola Argentina advierten que el sector atraviesa una crisis estructural que pone en riesgo miles de puestos de trabajo.
La firma tecnológica Mirgor anunció su ingreso al negocio de la carne porcina, marcando un paso estratégico hacia la diversificación productiva. El desembarco incluye una inversión de USD 30 millones en un criadero modelo en la provincia de Buenos Aires. La apuesta busca consolidar una nueva unidad de negocios frente al estancamiento del mercado electrónico.
La empresa agroindustrial SpeedAgro solicitó el inicio de un concurso preventivo tras declararse en cesación de pagos. La compañía se suma a una lista creciente de firmas del agro que enfrentan severas dificultades financieras, en un contexto marcado por la sequía, plagas y un escenario económico adverso.
La Unión Industrial Argentina alertó que se podrían perder hasta 70.000 empleos industriales antes de fin de año. La proyección surge en un contexto de caída de la actividad manufacturera y pone en tensión el respaldo que la entidad empresaria brindó al programa económico del presidente Javier Milei.
La ola de frío expuso las debilidades estructurales del sistema energético: se limitaron los envíos a Chile, se redujo el uso de GNC y se amplió el corte a grandes industrias. La crisis pone en jaque al sector productivo.
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Un informe revela que las demandas laborales generan un impacto económico cercano a los $6 billones anuales. Empresarios advierten sobre el efecto nocivo del sistema actual y reclaman reformas urgentes para fomentar el empleo formal.
En una movida inédita, el Ejecutivo de Javier Milei privatizó IMPSA en febrero de 2025, cedida al fondo estadounidense IAF, cercano a Donald Trump. Seis meses después, el Estado debe más de USD 15 millones en contratos por obras en marcha, afectando a más de 600 empleados y poniendo en riesgo proyectos hidroeléctricos, nucleares y hasta militares. Contradicción entre la urgencia por divisas y un ajuste mal ejecutado.
