El presidente de la entidad gremial empresaria dice que con ese objetivo se hacen denuncias “grotescas”.
Política11 de noviembre de 2020
Colaborador
El presidente de CAME, el misionero Gerardo Díaz Beltrán, dice que cuando escucha ruido en su patio lo primero que hace es "prender la luz”. El ruido que advierte en la entidad que encabeza y que agrupa a casi 1.500 federaciones, cámaras y pymes de todo el país es que La Cámpora “trata de quedarse con la conducción de la CAME” a través de lo que, asegura, es un “sector muy minoritario de dirigentes” de la entidad pero que tiene fuerte apoyo político.
Díaz Beltrán, un empresario de bajo perfil nacional, aunque muy conocido en su provincia, Misiones, habló en una entrevista con Perfil y luego confirmó sus dichos a Clarín.
“No quiero hacer una denuncia -dice a este diario a sabiendas del impacto de sus palabras- pero aquí hay actores de La Cámpora que pretenden tener espacios en CAME que es una entidad democrática, sin condicionamientos y han utilizado para eso a un grupo minoritario interno. Estoy finalizando mi mandato (de dos años, prorrogado por la pandemia) y pretendo que CAME tenga un traspaso democrático e institucional”, afirma Díaz Beltrán.
La agitación tomó vuelo mayor a principios de agosto, cuando Pedro Humberto Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que intervenga ante una supuesta millonaria malversación de fondos en CAME. Apuntó a presuntos desmanejos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), que brinda capacitación a trabajadores y empleados, por 353 millones de pesos.
Salas es una rara avis del mundo rural, que ha despotricado contra el gobierno de Mauricio Macri y admitido que votó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. También apoyó la movida oficialista para expropiar Vicentin y criticó el banderazo que hizo el campo en defensa de la cerealera.
La IGJ, un organismo clave que dirige Ricardo Nissen, quien fue apoderado de Máximo y Florencia Kirchner en Hotesur SA, intervino en esa y otras denuncias. Y suspendió también la renovación de autoridades en CAME que estaba prevista para el 2 de octubre.
Como informó Clarín días atrás, según la IGJ había irregularidades en el manejo del acto eleccionario para la renovación de autoridades de la CAME y sancionó con apercibimiento a Díaz Beltrán. El motivo: Díaz Beltrán no habría permitió la oficialización de otras listas distintas a las suyas y buscaba renovar su mandato. Son parte de las "presiones" de que habla el empresario.
“La denuncia de los 353 millones de pesos es algo grotesco y falaz, afecta la imagen de la entidad”, dice Díaz Beltrán, y también responde sobre otra denuncia de la Cámara China: “La Cámara China no participó jamás de la entidad. Es una denuncia absolutamente armada por sectores de la política y por algún dirigente funcional. La denuncia fue planteada en la IGJ”. Díaz Beltrán quedó enfrentado al vicepresidente de la entidad, el empresario fueguino Diego Navarro, al que considera parte de ese “grupo minoritario” con lazos con "un sector" de la política.
Aunque Díaz Beltrán mantiene cierta prudencia, cerca suyo van bastante más lejos. Hablan de “carpetazos” por lo de la Cámara China y de una avanzada para controlar la CAME por parte del oficialismo, con el objetivo de “silenciar al mundo pyme que es una amenaza para el Gobierno” en medio de la peor crisis de la historia. Refieren 40 mil pequeñas empresas que han cerrado y un millón de empleos perdidos.
Siempre según el relato de esas fuentes el presidente Alberto Fernández no concuerda con abrir un nuevo frente de tormenta en el mundo empresario tras lo sucedido con Vicentin y más recientemente la saga de la ocupación del campo de la familia Etchevehere en Entre Ríos. Pero La Cámpora, dicen, tendría otros planes.
Díaz Beltrán es fustigado por el kirchnerismo por su supuesta relación con el gobierno de Cambiemos, pero lo niega: “Hay una grieta severa, inútil, que llega a niveles como los que estamos pasando la dirigencia gremial empresaria. No tuve ni tengo absoluta actividad política. La sensación de que trabajé con el gobierno anterior genera en algunos que nos encasillen. La obligación de una actividad gremial empresaria es ser bisagra con los gobiernos”.
Mientras esta disputa se dirime, lamenta la falta de diálogo con el actual gobierno: “CAME nunca fue convocada por el gobierno nacional, el presidente o el área a cargo (se refiere al ministerio que conduce Matías Kulfas) para hablar de la problemática de las pymes. Representamos a todas las pymes del país. No hay ninguna entidad en la Argentina que tenga la territorialidad que tiene CAME".
Fuente: Clarín
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