De las dos demandadas por los aumentos de tarifas del gas una ya llegó a la Corte sobre una cuestión territorial mientras el pedido de CEPIS pide la nulidad del nuevo cuadro tarifario
Nacional - Poder Judicial07 de mayo de 2018
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El viernes pasado, mientras el Gobierno rediseñaba parte de su política económica y el dólar retrocedía hasta los $ 22,17, a la Corte Suprema ingresaba el primer expediente relacionado con la discusión por el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Se trata del amparo colectivo que a mediados de abril presentó el municipio de Leandro N. Alem, en el que cuestiona la suba del gas para los usuarios residenciales. El máximo tribunal, tras el dictamen de la Procuración General, deberá resolver la competencia del amparo, que se disputan el juzgado de Junín y el contencioso administrativo porteño número 8, donde pretende que se tramite el Ministerio de Energía, uno de los demandados junto al Enargas y a Camuzzi Gas Pampeana.
La presentación la inició Leandro N. Alem, a través de su oficina de Defensa del Consumidor, en el juzgado de Junín a cargo de Héctor Pedro Plou, que mantuvo la competencia y elevó ante la sala I de la Cámara Federal de La Plata el pedido para que defina qué jurisdicción debe ser la interviniente en la disputa territorial. Desde allí, se traspasó el reclamo a la Corte Suprema, que corrió vista a la Procuración General.
El viernes, consta en la notificación electrónica a la que se puede acceder desde el Centro de Información Judicial, el Ministerio Público Fiscal dictaminó sobre el caso y lo envió a la Corte, que deberá definir en las próximas semanas. Si bien representa una discusión de mero aspecto territorial, será el primer caso en el que los jueces del máximo tribunal se expresen sobre los recientes aumentos de tarifas ordenados por el Gobierno. Más allá de que la Procuración ya dictaminó, hasta anoche, no se podía acceder al contenido de esa decisión que, se espera, se conocerá hoy en las primeras horas del día.
En paralelo, existe una demanda del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), ONG de La Plata que radicó una acción colectiva en nombre de "los usuarios del servicio público de gas natural del territorio nacional", en la que solicitó la nulidad de la aplicación del nuevo cuadro tarifario del servicio de gas natural por redes dispuestos a partir del 1 de abril.
Cepis es la ONG que en 2016 logró que su amparo ante el aumento de las tarifas de gas llegará hasta la Corte. Luego, en agosto de ese año, el máximo tribunal se despachó con un fallo en el que obligó al Gobierno a retrotraer las subas y a convocar a audiencias públicas, argumentando el criterio de razonabilidad al momento de la aplicación de tarifas. Ahora, en su demanda, nuevamente el Cepis plantea que "no puede el incremento afectar la protección del interés económico de los consumidores sin tener en cuenta su capacidad de pago, máxime ante la posibilidad cierta y concreta de vulnerarse derechos humanos ante un encarecimiento desproporcionado".
Mientras en el Congreso el justicialismo buscará esta semana aprobar en Diputados un proyecto que congele los precios de las tarifas de los servicios públicos; el Ejecutivo, en caso de que se convierta en ley luego, tendría decidido vetarlo. En ese marco, como tercera pata aparece la Corte que podría tener, como en 2016, la última palabra en el tema y decidir, quizás después de la feria de invierno, si valida o desactiva los aumentos.
Fuente: Cronista
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