Las iniciativas fueron presentadas por el senador oficialista Oscar Parrilli. En caso de aprobarse en ambas cámaras, alcanzaría a los servicios de transporte, agua, luz, medicina prepaga, tarjetas de créditos, entre otros
Nacional - Congreso19 de agosto de 2021
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El Senado tratará durante la tarde de este jueves dos proyectos de ley impulsados por el legislador del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli, con el objetivo de limitar las tasas de interés por mora que se cobran por atrasos en los pagos, tanto de servicios públicos como de privados.
En caso de aprobarse en ambas cámaras, involucraría los servicios de transporte, agua, internet, gas, cable, electricidad, tarjetas de crédito, medicina prepaga, educación privada en todos sus niveles y empresas de seguros, entre otras.
"Una de las mayores morosidades se registra sin dudas en el pago de las tarjetas de crédito y en deudas con entidades bancarias en general, quienes a pesar de contar con un alto porcentaje de clientes morosos en los últimos años han multiplicado sus ganancias en forma exorbitante", señaló el proyecto presentado a mediados de junio.
El proyecto lleva la firma de Parrilli y de los senadores Maria de los Angeles Sacnun, Carlos Caserio, Anabel Sagasti, José Neder, Alfredo Luenzo, Ana Claudia Almirón, Nancy González y Ana Ianni, del Frente de Todos.
Los puntos más importantes del proyecto
En uno de los apartados principales, se propone que las entidades bancarias establezcan para las empresas de tarjetas de crédito, las de medicina prepaga, las instituciones de educación privada en todos sus niveles y las empresas de seguros de cualquier rubro a todas las categorías de usuarios particulares de cada servicio o prestación:
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El oficialismo apuró el debate en comisión para convertir en ley el alivio fiscal antes de julio. La medida beneficiará a más de 4,5 millones de monotributistas y autónomos.
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El gobierno de Javier Milei anunció una reducción drástica de los aranceles a la importación de ropa y calzado, argumentando que esto ayudará a frenar la inflación y mejorar la competitividad. Sin embargo, la Unión Industrial Argentina (UIA) y el sector textil denunciaron que la medida pone en riesgo miles de empleos y debilita la producción nacional, permitiendo una competencia desleal con productos importados.
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