El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS realiza una audiencia pública por el precio de la tarifa. ENAC expone en defensa de las pymes
Economía19 de enero de 2022
ColaboradorLuego de los cortes de luz en plena ola de calor, que pusieron a todo el Gobierno en alerta y abocado a intentar bajar el consumo general de electricidad para evitar un colapso del sistema, este miércoles se inicia el camino que terminará en aumentos en las facturas de gas natural por redes para el invierno.
Las tarifas de gas y luz aumentarán 20% este año, según había confirmado el propio Martínez a principios de año. Antes de ponerlo en marcha, el Gobierno debe cumplir con distintos pasos legales. La convocatoria a audiencia pública es el primer escalón.
Este miércoles 19 se hace la primera de dos audiencias públicas para determinar las alzas del servicio de gas natural por redes. Estará encabezada por el interventor del Enargas, Federico Bernal.
Tendrá la exposición de los representantes de las empresas del sector, asociaciones de consumidores, de referentes industriales, comerciantes e inquilinos, entre otros. Se espera que la jornada se extienda por varias horas.
Cuánto pidieron aumentar las tarifas del gas las empresas del sector
La convocatoria la hizo el Enargas el 28 de diciembre último, en simultáneo con el lanzamiento de un reempadronamiento masivo de usuarios residenciales del servicio en todo el país, un paso clave para reducir subsidios y segmentar tarifas.
Días atrás, las empresas de transporte y de distribución de gas elevaron sus informes técnicos y económicos con pedidos de alzas en los valores que reciben de entre 70% y 120%. Si se convalidan esos reclamos, el impacto en la factura final sería de aumentos de 30%, por encima de lo que aparece dispuesto a convalidar el Poder Ejecutivo.
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Tras la salida de JP Morgan, el mega fondo Pimco habría liquidado posiciones en bonos en pesos por más de USD 1.600 millones, en un nuevo golpe al carry trade que expone los límites del plan económico del gobierno de Javier Milei.
La caída del 0,3 % en los precios mayoristas durante mayo, según los datos del Indec, marca la deflación más pronunciada desde 2008. El fenómeno plantea interrogantes sobre su sostenibilidad y el posible impacto en la inflación minorista y la actividad industrial.
El Monitor de Desempeño Industrial de la UIA revela que un 11,4 % de las empresas dejó de exportar en el primer semestre. El aumento de costos, la apreciación cambiaria y una producción estancada ponen en duda la recuperación del sector.
Aunque los bancos aseguran que mantienen balances sólidos, los datos muestran un incremento de defaults empresarios y morosidad en alza, especialmente entre pymes. El discurso de estabilidad empieza a tensionarse frente a señales concretas de fragilidad.
El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo acuerdo con el FMI que incluye un primer desembolso de USD 15.000 millones. En simultáneo, el dólar oficial abrió este lunes a $1.250 en el Banco Nación, lo que representa una devaluación acumulada del 180% en lo que va del año. El combo dólar-FMI profundiza la incertidumbre económica y enciende alarmas entre empresarios, trabajadores y economistas.
La Unión Industrial Argentina alertó que se podrían perder hasta 70.000 empleos industriales antes de fin de año. La proyección surge en un contexto de caída de la actividad manufacturera y pone en tensión el respaldo que la entidad empresaria brindó al programa económico del presidente Javier Milei.
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Aldo Kastón, titular de la Unión Industrial del Chaco, lanzó una dura crítica contra la política económica nacional y advirtió sobre la crisis que enfrenta la actividad productiva en el interior.
Un informe revela que las demandas laborales generan un impacto económico cercano a los $6 billones anuales. Empresarios advierten sobre el efecto nocivo del sistema actual y reclaman reformas urgentes para fomentar el empleo formal.
En una movida inédita, el Ejecutivo de Javier Milei privatizó IMPSA en febrero de 2025, cedida al fondo estadounidense IAF, cercano a Donald Trump. Seis meses después, el Estado debe más de USD 15 millones en contratos por obras en marcha, afectando a más de 600 empleados y poniendo en riesgo proyectos hidroeléctricos, nucleares y hasta militares. Contradicción entre la urgencia por divisas y un ajuste mal ejecutado.