El acuerdo con el FMI y sus límites

Existen dos verdades relativas sobre el acuerdo alcanzado con el Fondo. Es tanto el “mal menor” frente a la escasa viabilidad social y política de plantear la cesación de pagos, como un “talón de aquiles” que le pone un techo bajo al crecimiento más allá de la retórica con la que se lo presenta.
 
Ni el acuerdo alcanzado ni el default eran las únicas alternativas posibles para avanzar en la resolución de la crisis de deuda que incubó el gobierno de Macri. Esa es una falsa dicotomía a la que conduce el análisis de los hechos consumados.

Aun con resultados inciertos, las irregularidades del acuerdo con el FMI de 2018 fueron de tal magnitud que le daban sustento al Frente de Todos para desplegar una negociación “dura” para reestructurar la deuda. Se optó, en cambio, por negociar en el marco de las posibilidades que brindan los reglamentos del Fondo, que no se habían considerado cuando se firmó el programa de 2018.

De allí que no debería sorprender que sus resultados sean moderados e insuficientes, por un lado, para sostener la recuperación económica y avanzar en la sostenibilidad de la deuda, y por el otro, para generar la construcción social y política que se requiere para enfrentar al FMI, y su statu quo normativo.

Las irregularidades del Stand by de Macri

La vuelta al FMI no brotó de la naturaleza ni fue un hecho ineluctable ocasionado por los problemas económicos que recibió el gobierno de Macri, sino que fue un resultado de sus políticas económicas.

Tanto el déficit fiscal como el déficit de cuenta corriente del balance de pagos se incrementaron en el primer bienio del gobierno anterior por efecto, en el primer caso, de la reducción de impuestos a sectores de altos ingresos (las retenciones a las exportaciones entre otras) y el aumento del pago de intereses de la creciente deuda pública.

En el segundo caso, como consecuencia de la apertura comercial, la desregulación cambiaria y el pago de intereses de la deuda contraída. Así, a pesar del ajuste en el gasto público el déficit fiscal aumentó del 5,1% del PIB en 2015 al 5,9% en 2017, y el déficit de cuenta corriente del 2,8% a casi el 5% del PIB.

Es en ese marco que el endeudamiento externo alcanzó magnitudes inéditas, y las consecuencias de la valorización financiera derivaron en la aceleración de la salida de capitales al exterior y el pedido de salvataje al FMI en 2018.

La importancia histórica del acuerdo con el FMI de 2018 es indiscutible. No solo fue el más grande de la historia del FMI sino que sus desembolsos (44.500 millones de dólares) representaron el 65,5% del total de desembolsos que efectúo el FMI al país en su intensa relación desde 1980 a 2017. Se trató de una deuda equivalente al 10% del PIB y cuya devolución se concentraba fundamentalmente en tres años (2022-2024), tornándola impagable.

Las irregularidades de este crédito no solo obedecieron al exceso del crédito, muy por encima del máximo permitido por la cuota que tiene el país en el FMI (alrededor de 18.000 millones de dólares), sino a que ese crédito se utilizó para financiar la fuga de capitales al exterior.

De los 86.000 millones de dólares que se fugaron en el período 2016-2019, 45.100 fueron durante la vigencia del programa (entre mayo de 2018 y fines de 2019). Es decir, un monto similar a los desembolsos del Fondo.

Un artículo reciente publicado en Social Science Research Network que se titula “Acuerdo Stand-By del FMI con Argentina en 2018: ¿Un acto ultra vires?”, escrito por una experta en Derecho Económico Internacional, Karina Patricio Ferreira Lima, y un ex funcionario del FMI, Chris Marsh, plantea que el stand by de 2018 constituye un acto ultra vires y, por lo tanto, debería ser declarado inválido y nulo ya que se utilizó para financiar la fuga de capitales y porque no se implementaron las salvaguardas que impone el reglamento del Fondo (en particular, por la ausencia de un ajuste externo, la sobreestimación de los ingresos de capital privado e importantes inconsistencias contables).

En ese artículo se sostiene que la nulidad, en el marco del derecho internacional del enriquecimiento injusto, significa que “Argentina debería restituir el capital al FMI quien, a su vez, debería restituir a Argentina las tasas cobradas por el préstamo, los sobrecargos, la comisión por compromiso y los cargos por el servicio de la transacción. Teniendo en cuenta la incapacidad de la Argentina para restituir el remanente de la compra (unos 42.000 millones de dólares) de forma inmediata, sostenemos que las partes deberían negociar sobre la base del principio de equidad un horizonte temporal ampliado para la liquidación que facilite el ajuste externo sin comprometer la prosperidad nacional”.

Es decir que, bajo esta perspectiva, el Frente de Todos podría haber optado por una negociación que procure extender los plazos de devolución por encima de los reglamentos vigentes en el FMI y eliminar la sobretasa de interés. Todo parece indicar que la estrategia del gobierno se orientó más a conseguir lo segundo que lo primero, y siempre dentro de los cánones institucionales del Fondo.

De allí que el gobierno se concentró en aminorar los condicionamientos (como las reformas estructurales y los niveles del ajuste), y no consiguió ninguna de las dos cuestiones centrales para alcanzar una mayor sostenibilidad de la deuda (es decir, la extensión de los plazos y la reducción del interés).

El acuerdo de Facilidades Extendidas

El proyecto de ley que acaba de recibir media sanción en la Cámara baja supone la refinanciación de los vencimientos del acuerdo stand by de 2018 (alrededor de 44.400 millones de dólares). Cada desembolso tiene un cronograma de devolución que contempla 4 años y medio de gracia en los que no se pagan vencimientos de capital (aunque sí de intereses) y 6 años de vencimientos de capital en 12 cuotas iguales semestrales. La tasa de interés es del 4,05%.

Una estimación propia de los vencimientos que supone el acuerdo y los que resultan de la restructuración de la deuda con privados de 2020, muestran la delicada situación externa que se deriva del perfil de vencimientos en moneda extranjera.

Se pospone, así, una nueva crisis de deuda para el período 2027-2032 cuando el total de vencimientos en moneda extranjera se ubican por encima de los 20.000 millones de dólares.

Sin embargo, también existen importantes restricciones de corto plazo para sostener la reactivación económica que el gobierno plantea no afectar. A los vencimientos totales en torno a 7.000-9.000 millones de dólares del período 2022-2024 se le agregan las metas de acumulación de reservas por 15.000 millones de dólares en esos años.

A los límites en el frente externo se suman los de la política económica. Todo parece indicar que la meta de reducción del déficit fiscal del 3% del PIB en 2021 (neto de los DEG del FMI) al 2,5% en 2022, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024 involucra la necesidad de implementar un ajuste fiscal.

Si bien el ministro de Economía sostuvo que el gasto real aumentará moderadamente, en el proyecto de ley queda de manifiesto que ese aumento se computará excluyendo el gasto extraordinario por COVID, que fue del 1% del PIB en 2021.

El otro foco del ajuste del Programa está en los subsidios energéticos. Si bien el acuerdo propone reducirlos en torno al 0,6% del PIB, a partir de la segmentación y el incremento tarifario que proponen solo se lograría el 0,3%. Y lo más probable es que, incluso, aumenten los subsidios en 0,2 puntos por el incremento de los precios internacionales.

Esto pone en tela de juicio el alcance de la meta fiscal establecida en el programa y para alcanzarla deberá no solo recortarse el denominado gasto COVID (vacunas, Fondep-Fogar, Repro II, Pre-viaje, etc.), sino otros gastos corrientes y/o incrementar en una menor proporción que en la propuesta el gasto de capital.

Ese ajuste fiscal estará acompañado de una política monetaria contractiva sobre la base de tasas de interés positivas en términos reales.

En efecto, desde el punto de vista de los objetivos que se propone el gobierno en el entendimiento con el FMI -esto es, “la continuidad de la recuperación económica” y la “expansión moderada del gasto estatal”- es poco probable que el programa sea exitoso.

Fuente: C5N