Quiénes son los empresarios que ya se oponen al impuesto a la renta inesperada

Las cámaras que representan a las empresas aceiteras, mineras y a las grandes industrias alistaron las armas y prometen dar pelea si avanza el proyecto de ley que el gobierno enviará a principios de mayo al Congreso para gravar a la "renta inesperada" provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania. La lista de quienes deberían pagarla aún está guardada bajo siete llaves en despachos oficiales, pero el nombre del Grupo Techint, que integra el poderoso club del acero, como los de las principales aceiteras y canteras del país comenzaron a sentirse parte del futuro universo que aportará para financiar los bonos de ayuda directa a jubilados, trabajadores informales y monotributistas.

Medida del FMI: sugirió una suba temporal de impuestos a las empresas con beneficios excesivos

El proyecto de ley está aún en desarrollo, según confiaron desde la cartera económica a Letra P, pero el trazo grueso está definido: "Las que se beneficiaron con la guerra por el contexto de precios internacionales que generaron ganancias extraordinarias, serán alcanzadas. Es un plan que ya están adoptando otros países, como Italia, y que tiene la recomendación del Fondo Monetario Internacional", contextualizó la misma fuente consultada.

El ministro Martín Guzmán está por estas horas participando de las reuniones de primavera del FMI, con la tranquilidad de llegar con un acuerdo de facilidades extendidas resuelto, pero con la mente en la obtención de fondos que le permitan financiar el paquete social con ingresos que eviten sostener el alto nivel de emisión monetaria, según pudo saber este medio. Antes de presentar el proyecto al Congreso, el empoderado funcionario buscará lograr una síntesis con los referentes de los sectores que integran el Frente de Todos, para que el debate legislativo lo encuentre "en unidad", anticiparon desde su entorno.

“Si bien la guerra generó un aumento en el precio de ciertos commodities agrícolas, lo hizo también con los costos de producción, más aún en nuestro país”, se apresuró a aclarar en Twitter la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), que sumó la queja por la “escasez de insumos críticos", que "han neutralizado, o más, los relativos beneficios de los productos del agro”. En ese espacio conviven las principales exportadoras de aceite, en donde la renta creció debido a la crisis de abastecimiento del maíz por la guerra en Ucrania.

Sigue la aclaración de los aceiteros: “No hay que olvidar que el gobierno nacional cuotifica las exportaciones de maíz y trigo, haciendo imposible captar la suba de precios por los exportadores". Además, le piden a Economía los detalles aún no cerrados del proyecto: “La Argentina no necesita más impuestos. Al contrario, lo que hace falta es sacar el freno de mano a la producción y a la inversión para que haya más trabajo. Estaremos abiertos a trabajar en una propuesta de esta naturaleza, si el gobierno nos convoca”.

Empresas del sector consultadas por Letra P alertaron que los márgenes de rentabilidad "son escasos" y, en línea con CIARA-CEC, señalaron que "los márgenes de rentabilidad se mantienen, aunque se haya incrementado el valor de facturación". "Si existe una suba de las ganancias de manera extraordinaria por mayor margen, es otro cantar", diferenció ante este medio un empresario aceitero.

La Unión Industrial Argentina (UIA) que preside Daniel Funes de Rioja también salió a prender las luces de alarmas ante un posible bombardeo impositivo. En un comunicado de prensa, sostuvo: "Los representantes sectoriales y regionales de la Junta Directiva manifestaron su preocupación por la posible creación de una alícuota adicional dirigida a empresas de todo el país. Al respecto, se analizó cómo afectará a la inversión un nuevo incremento en la presión tributaria sobre el sector formal de la economía y el impacto negativo que tendrá en la actividad y el empleo. En los próximos días, el departamento de Política Tributaria y el CEU (Centro de Estudios Económicos) estudiarán los alcances de la medida y su repercusión en los diferentes sectores productivos".

"No nos adelantaron nada, nos llamaron para invitarnos minutos antes del acto del anuncio", reprocharon en la poderosa entidad fabril. Fuentes que integran la mesa chica de la UIA confiaron a Letra P que existe preocupación por algunos sectores puntuales, como el caso de las recientes asociadas  empresas mineras. "Vienen haciendo inversiones muy grandes y ahora se encuentran con la posibilidad de tener que pagar un impuesto que está fuera de agenda. Así no se puede planificar", se lamentó uno de los integrantes del cuerpo de mando de los industriales. El ya clásico "cambio de las reglas de juego". 

En la central fabril no sólo remite, sino que tiene un fuerte poder de fuego, es Techint, propiedad de Paolo Rocca. El gigante del acero viene de tener mejoras en los precios del commodity que le generarían ganancias extraordinarias, pero argumentaron fuentes de la UIA: "También tuvo un fuerte crecimiento en los costos de producción, con insumos que encarecieron por la guerra misma y el impacto de la restricción de importación para la producción".

Otra fuente empresaria consultada por este medio aclaró que la alerta enviada en el comunicado de prensa de la UIA sirvió para poner sobre la mesa el tema. "No tenemos información. No sabemos si van a tener en cuenta el aumento de facturación o los márgenes de rentabilidad; si será retroactivo o permitirán revisar los negocios a futuro para revisar contratos. Ni siquiera sabemos a cuántas empresas afectará, ni qué inversiones serán las que se tomarán en cuenta para evitar la imposición", se quejó el empresario consultado.

Lo cierto es que los industriales prepararon los centros de resguardo. En las filas del ministro Guzmán dejaron claro que "no será necesario identificar, por ahora, a las empresas porque solas se van a mostrar con las quejas y el lobby para evitar que el proyecto sea aprobado en el Congreso". "No será un aumento de los impuestos, sino que buscará una redistribución entre las empresas de mayor facturación en el país, que apenas será un puñado. Y el debate lo daremos en el Congreso, aun cuando podría haber salido por decreto", le dijo un asesor de Economía a Letra P. En los próximos días el Gobierno sabrá cuántos soldados tendrá en el frente de batalla.