En términos reales, los fondos destinados para la industria y el trabajo en 2018 disminuyeron un 43% y 55%, respectivamente. Como si fuera poco, ambos rubros terminaron con muchas partidas subejecutadas, es decir dinero asignado que no se utilizó.
Nacional - Gobierno23 de enero de 2019
Editor
El análisis fino y minucioso de lo que el gobierno nacional presupuestó y ejecutó en 2018 desnuda su matriz política e ideológica a la hora de distribuir los recursos del Estado. La comparación con la inversión pública de 2017 arroja fuerte disminuciones en términos reales, con partidas que rindieron hasta un 50% menos de un año a otro.
Como si fuera poco, el feroz ajuste fue acompañado por subejecuciones, miles de millones de pesos que se presupuestaron pero que no se utilizaron. Así lo demuestra un detallado y riguroso informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) elaborado a partir del análisis de datos oficiales.
La tijera para reducir el déficit fiscal, pagar los intereses de la deuda y cumplir con lo acordado con el FMI alcanzó a cientos de programas de ministerios y secretarías. Con una inflación del 48%, todas las áreas sufrieron ajustes de gastos en términos reales de entre un 18% y 54%.
En paralelo, el gobierno subejecutó partidas enteras. No transfirió, por ejemplo, 30 mil millones de pesos para diferentes programas de Salud, Educación y Ciencia.
Entre las subejecuciones más profundas aparecen la “atención y desarrollo de poblaciones indígenas” (-41,5%); el “desarrollo de la salud sexual y procreación responsable” con un faltante de 30,5%; la “innovación y desarrollo de la formación tecnológica” (-30,2%); y “el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes” (-29,8%).
Pero, sin dudas, los números en rojo que más sorprenden aparecen en las áreas de Industria y Trabajo, claves en medio de un escenario muy recesivo que día a día se traduce en despidos, suspensiones, cierre de locales y el deterioro productivo de las pymes.
Los fondos utilizados en 2018 totalizaron la suma de 9.152 millones, 15,9% menos en valores nominales que en 2017. Ahora bien, con una inflación anual que rozó el 50%, los fondos disminuyeron 43,1% a precios constantes. Es decir, por el fuerte ajuste de 2018, las transferencias para programas de industria fueron poco más de la mitad que las de 2017.
En materia de subejcución, de los 10.833 millones de pesos vigentes en el presupuesto, solo se devengaron 7.695 millones, un 70%. El 30% restante (unos 3 mil millones) se perdieron en el camino.
El Ministerio de Producción fue la jurisdicción que menos ejecución presupuestaria tuvo, con un 60%, lo que significó unos 2.717 millones menos invertidos en el sector.
Dentro de esta repartición, tres acciones programas no recibieron ni un solo peso: Defensa de la Libre Competencia; Definición de Políticas de Comercio Exterior y Definición de Políticas de Comercio.
De los 21 programas presupuestados relacionados con la industria, solo uno tuvo una ejecución del 100%. Los retrocesos más fuertes respecto a 2017 se dieron se observan en Acciones para el Desarrollo de Emprendedores (-90,3%), Fomento al Desarrollo Industrial (-84%), Fomento al Desarrollo Tecnológico (-68,3%) y Financiamiento de la Producción (-67,9%).
“Es llamativo cómo después de entonar un discurso a favor del emprendedurismo, el gobierno ejecutó solo el 57% de los fondos destinados a este tipo de acciones y disminuyó en un 90% los fondos respecto del 2017”, reza el informe de la Undav.
La reducción de su presupuesto general en pesos corrientes (nominales), comparado con 2017, alcanzó los 3.632 millones de pesos, una reducción del 33%. Con la erosión de la inflación, el recorte fue del 55% en términos reales.
El presupuesto para este rubro presentó también un porcentaje importante de subejecución, que alcanzó el 19%: 1.761 millones de pesos quedaron sin aplicaciones específicas.
El programa que sufrió mayor impacto fue el llamado “Acciones de Empleo”, el cual está orientado a asistir a los trabajadores desocupados en la actualización de sus competencias laborales y su inserción en empleos de calidad. El recorte fue del 75%, casi 4 mil millones de pesos.
Otro llamativo dato que surge de revisar lo presupuestado y lo ejecutado es el de la no construcción de cuatro Delegaciones para promover la “regularización del trabajo” en Buenos Aires, Formosa, Jujuy y La Rioja.
La asistencia para la inserción de los jóvenes en el mercado laboral también sufrió el tijeratazo: el programa llamado “Fortalecimiento del Empleo Joven en la República Argentina” tuvo una erogación de apenas 10 millones de pesos, solo el 15% de todo su presupuesto.
Al revisar el gasto en el área de Trabajo según su ubicación geográfica, se obtiene la conclusión que todos los distritos fueron afectados en términos nominales, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires, que recibió 22 millones de pesos más en relación a 2017.
Los recortes superaron el 60% en el caso de Jujuy; 85% en Tierra del Fuego; 72% La Rioja; 69% Neuquén y Santiago del Estado; 66% San Juan; 64% Chaco; 63% Chubut; y 52% Buenos Aires.
En cuanto a las unidades responsables de la ejecución de los programas, los proyectos y las actividades, la de mayor monto de reducción fue la Dirección Nacional de Promoción del Empleo, con una caída de fondos del 75% en términos reales.
La Secretaría de Empleo achicó unos 663 millones (-77% reales), la Subsecretaría de Promoción del Sector Social de la Economía 186 millones (-52%) y la Secretaría de Trabajo y Dirección Nacional de Relaciones Federales 105 millones (-53%).
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