La diputada del Frente para la Victoria María Emilia Soria cuestionó el proyecto al plantear que "es ajeno a la función social de las personas jurídicas financiar a partidos políticos, en tanto que su finalidad es el lucro y al aportar al financiamiento de la vida política es lógico que pretendan una contraprestación a cambio". Además indicó que se trata de una iniciativa "hecha a medida de Cambiemos", para "solucionar sus problemas legales", como el que salió a la luz con la polémica por supuestos "aportantes truchos" en la campaña 2017.
El miembro informante del oficialismo, el diputado Pablo Tonelli (PRO), se encargó de defender la iniciativa que, en sus palabras, "restablece el financiamiento mixto de los partidos", "evita la informalidad" al prohibir las donaciones anónimas, y le devuelve a "los ciudadanos el derecho a contribuir en el desenvolvimiento ordinario" de las agrupaciones políticas.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados salió al cruce de las críticas sobre una supuesta "privatización de la política", como sostuvieron el FpV y la izquierda, y dijo que ese tipo de argumentos "esconden una hipocresía" porque en los hechos las empresas siempre "terminan contribuyendo a las campañas". "Sólo que en lugar de hacerlo en nombre de las empresas de las que se trate, lo hace en nombre de 10 o 15 gerentes o funcionarios de las empresas, y nos parece mucho más transparente que sepamos qué empresa contribuye y no personas cuyos nombres no sabemos a qué corresponde", evaluó.
El radical Diego Mestre, titular de la comisión de Justicia, subrayó que la iniciativa consolida la "trazabilidad" de los aportes electorales, que supone un seguimiento estricto transparente de "quién aporta, cómo aporta, hacia dónde va y cómo se usan esos fondos". Por su parte, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, respaldó el proyecto que en el Senado había contado con el apoyo de la bancada justicialista, y dijo que no ve "el escándalo que se planteó de parte de algunos discursos".
La diputada massista ponderó "la trazabilidad" que garantizaría el nuevo marco legal, y justificó su punto de vista: "Si alguna empresa eléctrica financia la campaña de Cambiemos, yo lo quiero saber, porque allí se explicarían los tarifazos y demás".
En contra del proyecto, el titular del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá, consideró que la prohibición de las contribuciones de compañías "debe ser absoluta", y opinó que "el financiamiento de la política debe estar absolutamente en manos del Estado".
En la misma sintonía, el jefe de la bancada FpV, Agustín Rossi, cargó contra el financiamiento privado y reivindicó al Estado como "el gran distribuidor, en éste como en tantos otros temas". "Las empresas aportan más a los oficialismos, a los partidos con más posibilidades electorales y aquellos partidos que tienen líneas argumentales pro-emrpesa. Eso produce un desequilibrio. El financiamiento estatal, en cambio, genera una mayor equidad, porque no hace una diferencia entre partidos pro-obreros y los partidos que defienden a las empresas", agregó.
La reforma aprobada este miércoles también disminuye del 10 al 5 por ciento el espacio que los medios audiovisuales deben ceder a los partidos en período de campaña, una medida que se concibió para descongestionar el caudal publicitario que en elecciones anteriores saturaba a las audiencias.
Este punto genera especial discordia en la izquierda, con menos espalda para comprar espacios de publicidad de medios tradicionales. La diputada del Frente de Izquierda Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista) repudió el proyecto al sostener que pese a que se viste de "transparencia, huele peor que el Riachuelo" porque "va a blanquear el financiamiento corrupto que antes se hacía a escondidas".
Fuente: Página 12
