Consultados sobre la dificultad que afrontará el Gobierno Nacional un 79% de las empresas pymes indicó a la inflación como el principal desafío de la gestión de Alberto Fernández, ubicándolo sobre la deuda externa y la reforma judicial.
Informes y encuestas14 de febrero de 2020
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La información surge del relevamiento que realiza la Asociación de Empresarios Nacionales – ENAC - como resultado del informe del cuarto trimestre del 2019. Se relevaron 994 emprendimientos principalmente de la región AMBA (68,9% del total) compuesto por cooperativas y empresas recuperadas con un 2,7%, cuentapropistas un 27,2%, y pequeñas, medianas y grandes empresas en un 70,1% del total.
Si bien la expectativa inflacionaria estimada en promedio por las pymes para el 2020 rondaría el 42,7%, el 66,6% de las empresas nacionales estimaron que la inflación no superará el 40%.
Consultados sobre la dificultad que afrontará el Gobierno Nacional un 79% de las empresas pymes indicó a la inflación como el principal desafío de la gestión de Alberto Fernández, ubicándolo sobre la deuda externa y la reforma judicial.
Si consideramos que en el tercer trimestre del 2019 la expectativa inflacionaria era del 58% para dicho año, el INDEC finalmente midió 53,8%, hay una previsión a la baja inflacionaria por parte de las pymes. Estas reconocen en el Gobierno de Alberto Fernández voluntad y capacidades para abordar este flagelo con mejores resultados que la gestión anterior.
La Encuesta de Expectativas Económicas tiene como objetivo determinar variables cualitativas y cuantitativas de las unidades productivas que dependen fundamentalmente del mercado interno además de conocer la expectativas de los empresarios nacionales al respecto de la marcha de la economía real de la Argentina.
Sobre los costos de los bienes y servicios el 90% de las empresas pymes manifestaron un incremento de los mismos, 7 de cada 10 empresas pymes tuvieron aumentos mayores al 20% en su estructura de costos.
Sobre las ventas de esos mismos bienes y servicios un 83% de las empresas pymes aumentaron sus precios, y sólo 5 de cada 10 empresas aumentó los mismos por encima del 20%. Es decir que como sucedió a lo largo de todo el proceso recesivo, entre el 2016 y el 2019, las empresas nacionales pymes amortiguaron parcialmente los incrementos impulsados por los formadores de precios.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que desde diciembre de 2023 se perdieron más de 52.000 puestos en el sector público nacional. Empresas estatales, organismos descentralizados y áreas sensibles del Poder Ejecutivo fueron los principales blancos del recorte.
El estrés económico alcanzó su mayor nivel en cuatro años, según un informe de la UCA. Más de la mitad de los hogares argentinos enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, ahorrar o sostener su consumo. La situación se agrava en los sectores medios y bajos, encendiendo alertas sobre el impacto social y económico del actual modelo.
En el primer trimestre de 2025, las importaciones representaron el 32 % del Producto Bruto Interno (PBI), el nivel más alto desde 1889. Este fenómeno plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la apertura comercial y sus efectos sobre la industria nacional.
El Índice de Precios al Consumidor acumuló un aumento anual del 124,4 %, marcando un desafío histórico para la economía argentina. Los rubros de alimentos, transporte y vivienda fueron los más impactados.
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La Unión Industrial Argentina alertó que se podrían perder hasta 70.000 empleos industriales antes de fin de año. La proyección surge en un contexto de caída de la actividad manufacturera y pone en tensión el respaldo que la entidad empresaria brindó al programa económico del presidente Javier Milei.
La ola de frío expuso las debilidades estructurales del sistema energético: se limitaron los envíos a Chile, se redujo el uso de GNC y se amplió el corte a grandes industrias. La crisis pone en jaque al sector productivo.
El Gobierno porteño aprobó una reforma que elimina el arancel de decenas de trámites administrativos. La medida busca reducir cargas económicas y simplificar procesos para pequeñas y medianas empresas.
Aldo Kastón, titular de la Unión Industrial del Chaco, lanzó una dura crítica contra la política económica nacional y advirtió sobre la crisis que enfrenta la actividad productiva en el interior.
Un informe revela que las demandas laborales generan un impacto económico cercano a los $6 billones anuales. Empresarios advierten sobre el efecto nocivo del sistema actual y reclaman reformas urgentes para fomentar el empleo formal.
