La empresa de la esposa de Mauricio Macri apenas depositó montos que van desde los 2 mil a los 8 mil pesos a sus empleados. Pidió incorporarse al programa ATP y que el Estado le pague la mitad de los salarios.
Política - Comercio14 de mayo de 2020
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En lo que es tal vez el capítulo más gráfico y más bizarro del fracaso de los meritócratas argentinos, la empresa de ropa infantil Cheeky, de la familia de la ex primera dama Juliana Awada, fue denunciada en las últimas horas por falta de pago de salarios.
Ámbito Financiero reveló la demanda que presentó el gremio de cortadores de indumentaria (UCI) ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, e hizo pública una nota a sus empleados en la que se les avisó de un supuesto "adelanto" a cuenta de los aportes del Estado nacional.
El gremio señala que tras dejar impagos los sueldos de abril la firma depositó a sus trabajadores "sumas irrisorias que varían entre los 2 mil y los ocho mil pesos en el caso de los más afortunados".
A través de una comunicación interna, Cheeky afirmó que "para sobrellevar esta difícil situación" este viernes "depositará un adelanto de 10 mil pesos" en caso de que "Anses no concrete el pago esta semana", en alusión a los subsidios ATP que representan la mitad de los salarios privados para empresas en crisis.
La compañía, que preside en los papeles Daniel Awada, hermano de Juliana, la esposa de Mauricio Macri, es líder de su segmento y también de la cámara de empresas de la industria textil.
Para el gremio la situación se agrava por tratarse de una de las industrias "con mayor grado de precariedad" y con "uno de los salarios más bajos dentro del mercado nacional".
Según la organización, "la patronal Cheeky Sociedad Anónima es una de las empresas de mayor facturación a nivel nacional, con cientos de locales y franquicias no sólo a lo largo y ancho de todo el país, sino también en varios países limítrofes".
Según pudo saber InfoGremiales, ayer mismo el Ministerio de Trabajo bonaerense intimó al pago completo de los salarios a la empresa bajo apercibimiento de sanciones.
Fuente: Corrientes Hoy
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En primera instancia, serán las grandes empresas las que deberán cumplir con la normativa.
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