Ricardo Lasca: "No hay voluntad política para terminar con la estafa de los peajes"

Es uno de los hombres que más conocen el tema y su extenso accionar al frente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) lo ha convertido en un férreo fiscalizador de los peajes que coparon las rutas y autopistas desde la década del 90. Consultado por Letra P, Ricardo Lasca considera que el sistema actual es inconstitucional y que los aumentos tarifarios de los últimos años han sido abusivos y perjudiciales para los usuarios y las economías regionales.

-¿Qué incidencia ha tenido en la economía de las últimas décadas la existencia de los peajes en las rutas nacionales y en los accesos metropolitanos?

-Al actuar como un cargo económico y como un verdadero impuesto a la circulación, generan aumentos en el costo de transporte y, por lo tanto, implica serios perjuicios económicos a los usuarios viales y a toda la comunidad.

-¿Por qué la mayor parte de los corredores concesionados con peaje no tiene caminos alternativos o colectoras no aranceladas?

-El sistema está concebido para cuando primero se hacen las obras y luego se recupera la inversión a través de una tarifa razonable de peaje y de una rentabilidad también razonable para el concesionario por tratarse de un servicio público. Ese sistema debe contemplar la existencia de camino alternativo libre de pago. En Argentina se hizo todo lo contrario. Se implementó en rutas existentes pagadas con creces con nuestros impuestos y sin caminos alternativos libres de pago. Esto generó monopolios naturales, donde los usuarios viales somos rehenes de cada concesionario (privado o estatal) y sin derecho a nada.

-Como está planteado, el sistema es inconstitucional?

-Para la Conaduv, sí, por la falta de caminos alternativos libres de pago y por la doble imposición que representa para los usuarios que también pagan los impuestos a los combustibles destinados a la infraestructura vial. Además, el sistema es inviable y antieconómico por el bajo caudal de tránsito. La mayor parte de la recaudación se gasta en el fenomenal costo operativo de las estaciones de peaje y no se vuelca a mejores en el camino. Las obras de envergadura se hacen con fondos del Estado. Los concesionarios son sólo entes recaudadores de un verdadero impuesto al tránsito. También es injusto, ya que unos pagan y otros no según el tramo que se transite y por tratarse de un “sistema abierto” en rutas nacionales y provinciales.  El único “sistema cerrado” es el del Camino del Buen Ayre (CEAMSE), donde todo usuario que ingrese o salga de la autopista debe pagar peaje.

-¿Qué ha pasado con los estudios de la relación costos/beneficios que, según las normas vigentes, deberían tenerse en cuenta para definir las tarifas de los peajes?

-En muy pocas ocasiones se hicieron estudios serios para determinar la relación beneficio/costo del usuario. Y los que se hicieron se hicieron mal. Tampoco hay acceso a la información pública a pesar del discurso de la “transparencia del Estado.”

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-¿Cómo analiza la política y los cambios normativos de las concesiones viales por peajes que llevó adelante la administración de Mauricio Macri?

-Fue más de lo mismo. Continuó con el sistema de peaje beneficiando a la “Patria Contratista”, al nefasto club de peaje creado en los 90 y a los amigos del poder. Se implementó en algunos corredores viales nacionales el régimen de las PPP (Participación Pública Privada), que, como se sabía, iban al fracaso y así fue. En definitiva, continuó con la estafa vial que venimos padeciendo desde los años 90, de la cual participó el grupo empresario de Macri.

-¿Los ajustes tarifarios de los peajes en los últimos años estuvieron en línea con la inflación y las actualizaciones salariales?

-Durante la gestión anterior y a pesar de no haber atraso tarifario como en otros servicios públicos, en los corredores viales nacionales las tarifas sufrieron aumentos de hasta el 1.000 %. Algo similar ocurrió con concesiones viales en otras provincias con ajustes realmente abusivos, indebidos y aprobados, en muchos casos, sin haber convocado a audiencia pública. 

-¿Las nuevas autoridades han tomado alguna decisión de fondo con respecto a la política de concesiones viales con peajes? 

-Ninguna decisión para ir al problema de fondo. Siguen con más de lo mismo. Continúa la estafa vial, tanto a nivel nacional como provincial. Es importante destacar que los funcionarios entrantes en las áreas correspondientes no tienen conocimiento, ni capacitación sobre el tema y tampoco han padecido el castigo que venimos sufriendo los usuarios viales desde el inicio de las concesiones viales.

-¿Se justifica la continuidad de la empresa estatal Corredores Viales SA que tanta polémica había generado cuando fue creada en la gestión de Guillermo Dietrich?

-Es una empresa burocrática, ilegal y paralela a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que no tiene razón de existir y que carece de estructura para llevar a cabo las obras que se necesitan. Varios de los que forman parte del actual gobierno habían denunciado y criticado duramente su creación, pero ahora esos funcionarios y los dirigentes de Sindicato Vial guardan un llamativo silencio.

-¿Qué medidas debería tomar el Gobierno con las concesiones por PPP que no han cumplido con sus obligaciones e inversiones contractuales?

-Debería haber decisión, coraje y voluntad política para dar de baja esos contratos. Atentan contra del interés nacional y se pueden rescindir perfectamente. Hay que tener en cuenta que también siguen con el régimen de cobro de peaje inconstitucional y ni siquiera hacen obras.

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-¿Cuál es la situación en la provincia de Buenos Aires con la empresa estatal Aubasa? ¿Está de acuerdo con la posible extensión de los peajes a las rutas bonaerenses que hoy son gratuitas?

-Esto es otro verdadero disparate. Ess empresa fue creada durante la gestión de Scioli y es algo similar a Corredores Viales S. A. y Caminos de las Sierras que opera la red de accesos a Córdoba al margen de la dirección provincial de Vialidad. Nos hacen creer que las concesiones viales quedan en manos del Estado, pero el cobro de peaje continúa y la estafa vial también. La ampliación de las rutas de la provincia con peajes resulta inviable desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte por el bajo caudal de tránsito. 

-¿Qué cambios deberían hacerse en la política vial y los peajes?

-Los caminos son de dominio público y no propiedad de un gobernante o funcionario. La infraestructura vial debe considerarse política de Estado. Deberían eliminarse los peajes y crearse una tasa vial pequeña para financiar las obras de ampliación y el mantenimiento de la infraestructura existente. Vialidad Nacional debe volver a ser el organismo rector de la política vial para reubicar en otras tareas informativas y de control al personal que hoy se encuentra en las estaciones de peaje. Con ese esquema se lograría una baja real en el costo del transporte que afrontan los usuarios particulares y los servicios de pasajeros y cargas se beneficiaría a las economías regionales y el turismo. 

Fuente: Letra P