Varios funcionarios se comunicaron con grades empresarios para transmitir que la decisión de intervenir y expropiar Vicentin es una medida excepcional y no una política de estado.
Política15 de junio de 2020
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Sin prisa, sin pausa. Confirmada la intervención y con las fuerzas políticas del Frente de Todos aguardando ansiosas la presentación del proyecto de expropiación en el Congreso, el presidente Alberto Fernández envió a varios alfiles en misión a calmar las angustias y miedos contenidos. En las últimas horas, diversas gestiones de los principales funcionarios de gobierno pretendieron enhebrar un único mensaje: que la decisión de intervenir y expropiar Vicentin es una medida excepcional y no una política de estado.
La gran paradoja, es que quienes primero recibieron el mensaje y tomaron nota fueron las grandes agroexportadoras como Cargill, Dreyfus, Cofco, Bunge, Noble, Aceitera General Deheza, empresas de las que la Casa Rosada sospecha que no serían transparentes a la ahora de declarar los valores de transferencia de las mercaderías. En rigor, la sospecha es que muchas veces, esas mercaderías terminan en su lugar de destino luego de ser trianguladas por subsidiarias de las propias compañías. La expropiación de Vicentin podría decantar entonces una especie de testigo estatal que permitiría regular operaciones, controlar la rendición de impuestos y el manejo de las divisas.
El ministro de Economía Martín Guzmán fue el primero. Cuando sólo habían pasado algunas horas del anuncio presidencial, el ministro mantuvo una conversación con representantes de las empresas exportadoras de granos y oleaginosas para llevar tranquilidad al sector sobre que la decisión oficial no era una primera avanzada sobre un objetivo mayor, como sería el del control total del mercado granario.
Si bien el ministro de Agricultura Luis Basterra insistió ante las entidades del campo que la intervención de Vicentin “no estuvo nunca en duda” porque se busca que la empresa “quede en manos argentinas”, e incluso logró la adhesión de Coninagro y Federación Agraria, otro de los mensajeros fue el ministro de Producción Matías Kulfas. En las últimas horas se lo vio vía zoom, para llevarle el mensaje a los miembros de LIDE, un club de líderes empresariales donde solamente son aceptados ejecutivos cuyas empresas facturan más de u$S 100 millones al año. Allí Kulfas dijo que quería llevar “tranquilidad” y señalar que la medida tomada con Vicentin era “algo excepcional, no una política, sino una medida puntual para resolver un problema específico”.
El funcionario de Desarrollo Productivo dijo hablar en nombre del gobierno. Lo escuchaban CEOS y ejecutivos de empresas como Grupo Monarca, FIAT, Holcim, Sancor Seguros, Indra, Ilolay y Acindar. También estaban representantes de Johnson & Johnson, Grupo San Cristobal, Grupo Cardon, KPMG, La Caja, La Meridional, Loma Negra, Nestle, Paladini y McDonalds. El ministro de Desarrollo Productivo argumentó entonces que “los proveedores de Vicentin no cobraban por sus productos y el Banco Nación le otorgó un crédito que puso en riesgo su capacidad de préstamo y su patrimonio”.
Representantes de la Sociedad Rural y Aapresid también escuchaban al ministro: “Durante un tiempo esperamos que se arribara a una solución razonable, y al ver que ello no sucedía, tomamos esta decisión con una empresa que se encuentra en un concurso de acreedores, lo que ponía en serias dudas su funcionamiento”. Y entonces llegó el remate de Kulfas: “Y al respecto permítame aclarar que no tenemos nada que ver con Venezuela, ni en su historia, ni en su presente”.
Donde aún el Gobierno no pudo penetrar fue en la refractaria observación de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entidad que condensó la opinión del titular de Techint, Paolo Rocca, quien tenía agendado un encuentro con el presidente Fernández para la última semana que quedó en suspenso. AEA acusó al gobierno de haber vulnerado la seguridad jurídica, algo similar a lo que planteó el Foro de Convergencia Empresarial (FCE).
Fuente: Ámbito
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