El Gobierno busca anular un decreto de necesidad y urgencia (DNU) Mauricio Macri que compensó a las empresas distribuidoras de gas de las pérdidas ocasionadas por las devaluaciones de 2018 y este martes dio el primer paso, con un dictamen en contra en la bicameral de trámite legislativo.
Para completar el trámite necesita que ambas Cámaras del Congreso lo rechacen, lo que no fue posible cuando intentó borrar los decretos que transfirieron las escuchas judiciales a la Corte durante el anterior gobierno: el Senado dio ese paso pero no así Diputados, donde los aliados no garantizaron la mayoría al Frente de Todos. Cristina Kirchner y Sergio Massa optaron por crear una subcomisión supervisora.
Cambiemos volvió a negarse a tratar decretos de Macri en comisión por considerar que si ya fueron dictaminados alcanza con llevarlos al recinto o reemplazarlos por otro. "Es inexplicable la inclusión de decreto que ya tuvo despacho y orden del día", insistió el diputado macrista Pablo Tonelli y anunció que sus pares desconectaban de la región. "No existe ni en el reglamento de las Cámaras ni en el de la Comisión la imposibilidad de que volvamos a dictaminar", defendió la posición oficialista la senadora Anabel Fernández Sagasti.
"Lo que están haciendo no es legal, porque la competencia legislativa, esta que le esta arrebatando permanentemente el Poder Ejecutivo al Congreso, una vez que la Comisión dictamina es de las Cámaras, así lo dice el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional", insistió el diputado radical Gustavo Menna, antes de salir de la reunión.
El DNU 1053 fue un compendio de ampliaciones y cambios presupuestarios que en su artículo 7 establece que el Estado "asume, con carácter excepcional y con el alcance previsto en este artículo, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período".
En aquel abril el dólar oscilaba los 20 pesos y duplicó su valor en pocos meses, aun después del acuerdo firmado por Macri con el Fondo Monetario Internacional. En octubre, la Enargas aumentó las tarifas para que las distribuidoras de gas sean compensadas por los usuarios en cuotas mensuales, pero la presión de la entonces oposición y de la UCR lo obligó a revertir la medida. Fue necesaria una discusión a los gritos entre los legisladores radicales y Marcos Peña.
La compensación llegó por DNU y según anunció Fernández Sagasti, recién el último 6 de diciembre se pagó la primera cuota de los 393 millones de dólares de compensación. "Si no derogamos este decreto todos los argentinos vamos a seguir pagando algo que es confiscatorio".
El diputado oficialista Marcos Cleri, presidente de la bicameral, sostuvo que la intención del ex ministro de Energía Juan José Aranguren, echado por Macri en junio de 2018, era "estatizar la deuda del sector privado en base a compromisos" que había asumido con las empresas gasíferas, "tratando de transferir a todos los argentinos una pérdida que habían tenido".
"Mientras la gente se moría de frío, Aranguren y Enargas se abrazaban con los productores de gas y le trasladaban 400 millones de dólares. Y después le bajaban los subsidios a la patagonia para darle plata a sus amigotes", continuó el diputado santacruceño Pablo González, quien conoció al ex ministro cuando era vicegobernador de Santa Cruz.
González argumentó otros dos decretos de Alberto que se dictaminaron para intervenir el Ente Nacional regulador de electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que estará a cargo de Federico Bernal, ex asesor de Cristina en el Senado. Anticipó que una de sus próximas medidas será revisar los concursos de los directores que decidieron compensar a las gasíferas.
La bicameral también dictaminó otros DNUs, como los que extendieron el aislamiento social por la pandemia, regularizan deudas tributarias de pequeñas de empresas, modifican el presupuesto y dos sobre inteligencia: el que prorroga hasta diciembre la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el que elimina la facultad que tiene para actuar como auxiliar de la justicia.
Cambiemos no participó del debate y cuestionó que no sea haya incluido en el temario los decretos para intervenir Vicentin y para prorrogar hasta diciembre la suspensión de la fórmula jubilatoria del anterior Gobierno. Como había anticipado LPO, Cleri no los sumó al temario.
Fuente: La Política Online
