La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) piden intervención de organismos gubernamentales.
Política - Comercio02 de septiembre de 2020
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Entidades supermercadistas denunciaron este jueves que proveedores aplican aumentos de precios o cargos adicionales sin estar previamente autorizados y reclaman por intervención de organismos gubernamentales debido a que las más perjudicadas son las pymes del sector.
Mediante un comunicado, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) revelaron que "los supermercados y autoservicios regionales" son víctimas de acciones llevadas a cabo por "la industria proveedora".
De acuerdo a lo señalado por las autoridades de ambas entidades, desde este sector "pretenden aplicar aumentos de precios no autorizados por las autoridades nacionales, modifican las condiciones de venta eliminando bonificaciones y/o descuentos, o tratan de aplicar cargos adicionales por costos (logísticos) que siempre estuvieron contemplados en el precio final de los productos".
"Hemos denunciado reiteradamente estas actitudes a las autoridades nacionales, porque además de no respetar lo establecido por la reglamentación vigente, en muchos casos son claramente discriminatorias hacia nuestros asociados de todo el país", indicaron.
Asimismo, expresaron que "las condiciones de venta que se quiere imponer a los supermercados pymes no son las mismas que se aplican a las grandes cadenas extranjeras y/o nacionales".
Frente a este escenario, ratificaron su decisión de "no recibir mercadería que no cumpla con lo establecido por la Secretaria de Comercio Interior de la Nación".
"Sólo pretendemos que se respeten los márgenes operativos anteriores a la cuarentena Covid-19, de no ser así, muchos de ellos deberán bajar sus persianas", advirtieron.
Por otro lado, en las últimas semanas se conoció un proyecto del diputado nacional de Juntos por el Cambio Héctor Stefani que propone prohibir “todo tipo de oferta de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa” en las líneas de cajas de supermercados e hipermercados de todos el país.
“Las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, el cáncer, o enfermedades cardiovasculares, tienen mucha vinculación con lo que comemos”, fundamentó.
Fuente: Ámbito
La Ley que fue sancionada el año pasado ya rige para las grandes empresas. Las pymes, cuentan con un plazo más largo debido al coste de producción que tiene adecuarse a esta norma.
En primera instancia, serán las grandes empresas las que deberán cumplir con la normativa.
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