Entre enero de 2016 y abril de 2019 el incremento fue de 3.149%, señaló un informe difundido hoy por el Ente Nacional Regulador del Gas. Si el Gobierno no hubiera congelado las tarifas el aumento treparía en la actualidad a 5.037%
Nacional - Gobierno05 de septiembre de 2020
Editor
La factura promedio de las pequeñas y medianas empresas (pymes) aumentó 3.149% entre enero de 2016 y abril de 2019, cuando se hizo la última actualización, de acuerdo con un informe difundido hoy por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
En el marco del Programa de Análisis y Visualización de Datos del Servicio Público de Gas por Redes denominado “Estado del Gas”, se publicó el Informe Gráfico titulado “Pymes - Factura Promedio Mensual 2016 - 2020”.
“De acuerdo con los cuadros tarifarios vigentes entre enero de 2016 y abril de 2019, la factura promedio de las pymes registró un incremento del 3.149%”, puntualizó el análisis, que destacó que “si se consideran los ajustes estimados para octubre 2019 y abril de 2020, que no se aplicaron por el congelamiento, ese aumento hubiera llegado a 5.037,58%”.
Si bien el derrotero de aumentos aplicados durante el macrismo se inició con un aumento del 686% en abril de 2016, ese incremento fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia en agosto del mismo año y se retrotrajo.
Sin embargo, en octubre se aplicó un incremento de 281,20% respecto de la tarifa de enero, que reinició una serie de aumentos de 42,42% en abril de 2017; 56,61% en octubre del mismo año; 47,35% en abril de 2018; 102,30% en octubre; y de 28,17% en abril de 2019, cuando se aplicó la última actualización.
Fuente: enargas
Sin Javier Milei en la mesa, el Gobierno avanzó con la UIA, la CGT y gobernadores en su agenda de reformas para profundizar el plan de ajuste, con eje en la reforma laboral y el recorte del gasto.
El Gobierno eliminó más de una decena de programas diseñados para asistir y potenciar a las pequeñas y medianas empresas, sin ofrecer alternativas concretas. La medida, celebrada como un avance desregulador, borra de un plumazo redes de apoyo clave en capacitación, exportación y desarrollo territorial, dejando a las PYMEs libradas a su suerte en un mercado cada vez más exigente.
La Inspección General de Justicia (IGJ) desreguló una norma clave, permitiendo una mayor flexibilización en la conformación de sociedades comerciales. ¿Es esto realmente beneficioso para las pymes o abre la puerta a nuevos riesgos?
El presidente Javier Milei redobló su ataque contra el sector industrial argentino, dejando en claro que su modelo económico no tiene espacio para la producción nacional. “Van a tener que competir, van a tener que bajar sus retornos”, sentenció, en un mensaje que busca imponer la lógica de mercado salvaje sin ningún tipo de protección para las pymes y la industria nacional.
El gobierno dice que los supermercadistas reconocieron que aumentaron por encima de la inflación y como represalia les abrirán las importaciones y bajarán impuestos.
Nota de opinión por Nadiene Dias da Silva sobre la reciente elección de Javier Milei como presidente de Argentina
El empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro alertó sobre una crisis profunda en la industria del norte argentino. Denuncia fábricas paralizadas, caída del consumo y un futuro incierto para el empleo industrial. Pide definiciones urgentes del gobierno nacional para sostener la producción.
Aunque la Agencia de Recaudación y Control Aduanero redujo los intereses resarcitorios, persisten las sanciones automáticas y se profundizan los cuestionamientos de contadores y pymes.
Empresas y cámaras sectoriales expresaron su apoyo al Instituto Nacional de Tecnología Industrial ante el intento de vaciamiento impulsado por el Gobierno. Advierten sobre el rol estratégico del organismo para la industria nacional.
El estrés económico alcanzó su mayor nivel en cuatro años, según un informe de la UCA. Más de la mitad de los hogares argentinos enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas, ahorrar o sostener su consumo. La situación se agrava en los sectores medios y bajos, encendiendo alertas sobre el impacto social y económico del actual modelo.
A partir del 1 de julio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) exigirá a los emisores de tarjetas de crédito informar en tiempo real los consumos realizados fuera del país. La medida busca reforzar el control fiscal y mejorar la trazabilidad de los gastos internacionales, en un contexto de fuerte presión sobre las reservas y la recaudación.
