Cerca de 15 alimenticias ya recibieron a los funcionarios, que quieren evitar especulaciones por parte de las compañías.
Política - Comercio03 de febrero de 2021
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El Gobierno advirtió el faltante de productos que se comenzó a dar en varios comercios de diferentes partes del país, y salió con todo a fiscalizar a las productoras de alimentos por dentro.
Desde la semana pasada, funcionarios del Gobierno se acercaron a no menos de 15 compañías con el objetivo de observar de cerca no solo el nivel de producción que mantienen, sino también el nivel de stock con el que cuentan.
De este modo, pretenden dilucidar cuál es el momento en el que se rompió la cadena de aprovisionamiento. Incluso, las inspecciones llegaron también a algunas cadenas de supermercados con la misma búsqueda: analizar la cantidad de productos en góndolas, y el volumen de stock, descartando que exista cualquier tipo de especulación en cuanto a la oferta.
La mira oficial está puesta solo en los alimentos. Estos operativos incluyeron tanto a compañías estrictamente alimenticias como a aquellas que fabrican otro tipo de productos, como higiene o perfumería. Pero en esos casos solo se ocupan de analizar lo referente a los alimentos.
Además, tampoco se trazó una diferenciación entre la mercadería que forma parte del programa Precios Cuidados y la que no. "El faltante se verificó en ambos segmentos, por lo que la decisión es abarcar un abanico lo más amplio posible", sostuvo otra de las fuentes.
Según pudo saber El Cronista, en varias de las empresas fiscalizadas se encontraron -en opinión del Gobierno- varias cuestiones que, al menos, merecen una explicación por parte de los fabricantes.
Así, una vez que la misión oficial se retira, las empresas reciben un informe pormenorizado con todos los puntos sobre los que se requiere una aclaración. Luego, tienen cinco días hábiles para presentar sus explicaciones. El Gobierno determinará luego si corresponde o no la aplicación de algún tipo de sanción.
En las empresas, en este sentido, hicieron referencia a dos cuestiones centrales. La primera, que el conflicto de los transportistas generó inconvenientes en la normal provisión de insumos para llevar adelante su producción, situación que no les permitió alcanzar el nivel de producción habitual.
"Ya lleva demasiados días pero no se le encuentra una solución por parte del Gobierno. Ese también es un punto que se debería tener en cuenta a la hora de analizar sanciones", afirmó el vocero de una alimenticia.
Además, en algunos casos se dieron cortes de luz, que obligaron a reiniciar la producción y desechar productos que quedaron a mitad de camino.
Por último, las alimenticias sostienen que también se debería hacer foco en los costos intermedios existentes en la cadena de producción, un punto en el que, afirman, "nunca se puso el foco como corresponde y es clave a la hora de analizar nuestros costos. La rentabilidad es cada vez menor".
Del otro lado, desde los centros de abastecimiento apuntan contra las alimenticias, y denuncian que el sector comercial está "jaqueado" ante las listas de precios con incrementos de precios que llegan por parte de los proveedores, superiores a los autorizados por la Secretaria de Comercio.
fuente: cronista
La Ley que fue sancionada el año pasado ya rige para las grandes empresas. Las pymes, cuentan con un plazo más largo debido al coste de producción que tiene adecuarse a esta norma.
En primera instancia, serán las grandes empresas las que deberán cumplir con la normativa.
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