El duopolio se empezó a gestar durante la dictadura --Martínez de Hoz mediante--, con leyes como la de subversión económica, que le permitió transferir empresas a favor de Acindar desde las mesas de torturas de campos de concentración (Causa Chavanne, Industrias Siderúrgicas Grassi), y un plan sostenido en el tiempo que hizo inviable la vida de la competencia dependiente del mercado interno y acabó con más de 30 firmas siderúrgicas que existían hasta el año 75. Ambas empresas del duopolio tienen pendientes juicios por violaciones a los derechos humanos, corresponsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado y fueron grandes animadores del Consejo Empresario Argentino (CEA) la verdadera pata civil de la dictadura de Videla, Massera y Agosti.

En los noventa, Acindar derrapó y terminó en manos del número uno de la siderurgia mundial, el indio Lammy Mittal. Mientras, Techint se quedó con SOMISA, madre de industrias, se transnacionalizó comprando plantas por todo el mundo hasta llegar a controlar más del 30% de la producción mundial de los tubos sin costura. Ambas firmas siguieron articuladas en la política doméstica y marcaron la política industrial en nuestro país. La otrora poderosa UOM debió lidiar desde la recuperación de la democracia con los dueños de la negociación colectiva. En ambos casos, pese a los excelentes resultados obtenidos en sus balances, fueron de los sectores empresariales que más fastidio explicitaban contra el kirchnerismo. Paolo Rocca es el símbolo de esta política y protagonista activo del rechazo desde el primer día del gobierno de Alberto Fernández.

En la primera etapa del aislamiento pujó por encuadrar a sus empresas dentro de las actividades esenciales, logró que gobiernos municipales las declararan como tales y se enfrentó con dirigentes de la UOM porque pretendía hacer funcionar sus plantas. No era necesidad de producción, sino de generar una rápida y efectiva oposición al gobierno nacional. De ahí en más generó conflictos en todas sus plantas, San Nicolás, Campana, Canning, Valentín Alsina, en todas pretendiendo modificar plantillas, acrecentar mano de obra contratada o tercerizada, desconocer pagos que venían desde hace décadas incorporadas al convenio colectivo. Rocca es dueño de las firmas más conflictivas durante este gobierno.

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