La dicotomía de los impuestos: Favorecer a las empresas o a los trabajadores

Mover el carro por el lado del consumo o empujando la inversión, esa es la cuestión a definir. Estos dos modelos fueron los implementados durante los últimos seis años; el gobierno anterior tenía en la cabeza lograr el efecto derrame, disminuyendo la carga fiscal a las empresas en lugar de a las personas. En el 2019, luego del resultado de las PASO se comenzó a cambiar la dirección, característica que se pronunció al asumir el nuevo gobierno. 

Entonces el timón de la política tributaria giró en la dirección de beneficiar a los trabajadores, en lugar de las empresas, tratando de producir un nuevo efecto que podría llamarse "ebullición", en lugar de "derrame". Sin embargo, poniendo entre paréntesis la pandemia, que apareció sorpresivamente el año pasado, con los dos esquemas la inflación se mantuvo y la actividad económica, a pesar de recuperar algunas de las posiciones perdidas por la cuarentena, no termina de recuperarse.

El Estado financia en busca de producción y trabajo argentino

Los dos caminos parecen excluyentes, o se toma uno u otro, pero los fracasos continúan. Como el resultado no se estaría dando de ninguna manera podría indicar que llegó el momento de aplicar una nueva fórmula: ayudar con medidas fiscales simultáneamente a los dos actores (trabajo y empresas) de la economía. 

El inconveniente que aparece es el de poder definir la manera en que se financiarán estas políticas de promociones fiscales. Con un escenario de inflación no puede hacerse nada, previamente debería implementarse un plan de estabilización para que la inversión pueda planificar en el mediano plazo y el consumo deje de perder constantemente poder de compra. 

La llave para implementar las medidas es la aparición del crédito privado, herramienta fundamental para financiarlas, pero para eso primero tiene que aplicarse un riguroso y creíble programa de estabilización con el objetivo de reducir la inflación. 

El Estado deberá colaborar con lo suyo: bajar la alta presión fiscal sobre los que pagan impuestos e ir a la caza de la economía que circular por el circuito informal, que ronda el 40%.

Las reformas tributarias de los últimos seis años, realizadas por los dos gobiernos, muestran una matriz diferente, pero los actores perjudicados son siempre los mismos: los que pagan impuestos. Las políticas de fomento a las inversiones cambiaron en uno y en otro sentido, sin mostrar una continuidad en los cambios impositivos que se implementaron.

Yendo más atrás en el tiempo, se puede afirmar que los vaivenes tributarios vienen desde la década de los años noventa. La matriz tributaria sobre la que se apoya el actual sistema tributario es la que fue ideada en esa década. La inversión requiere de tiempo, para eso necesita que se establezcan horizontes permanentes, y no de cambios continuos que lo único que hacen es desalentarlas.

La síntesis de la dirección tomada en el inicio del gobierno en el año 2015, indica que con las reformas de los impuestos nacionales y provinciales se trató de privilegiar a las empresas en lugar de las personas humanas. La idea fue que con esas medidas se produzca el mundialmente conocido como "efecto derrame", mejorando la situación de las empresas para que luego ese beneficio les llegue a los trabajadores y derrame a toda la sociedad. Pero eso, finalmente no ocurrió, el derrame nunca le llegó a la gente. 

Sin embargo, como en Argentina en poco tiempo todo cambia, ante los resultados de las elecciones PASO del 2019 el gobierno tuvo que virar y a partir del 12 de agosto se aplicaron medidas diferentes, con modificaciones impositivas en favor de las Pymes y de los contribuyentes individuales. El tiempo no alcanzó.

En diciembre de 2019 llegó el nuevo gobierno, que deshizo mucho de lo que había realizado su antecesor, cambiando el orden de las cosas, pasándose de provocar un efecto derrame a otro plano económico, que podría llamarse de "ebullición", suponiendo que la dirección de todos los beneficios de la nueva matriz tributaria, debían inclinarse a favor de los sectores de bajos recursos, definidos también, como vulnerados. 

También intentó incrementar el consumo, como elemento dinamizador de la economía. Ese camino inicial, se confirmó y agudizó más aún a través de todas las regulaciones que fueron implementadas a raíz de la aparición de la pandemia y debido a la extensa cuarentena.

En ese estado de sube y baja, que se produjo en los últimos años, nunca se logró permanecer en una posición de equilibrio, en la cual el sector de la clase media, que motoriza en gran medida las inversiones, pueda tener algún alivio fiscal. 

Queda por ver el rumbo económico que toma el país en el futuro, si el gobierno actual persiste en mantener esa dirección, que está afuera del justo equilibrio, y que consiste en limitar las políticas para favorecer a los sectores de bajos recursos con el objetivo de bajar la pobreza, cuestión que también intentó el gobierno anterior y que solo la aumentó. Pareciera que luego del resultado de las últimas PASO se intentará redoblar la apuesta y seguir tozudamente por el mismo camino.

Lógicamente, son válidas las medidas en favor de los que más necesitan, pero no se pueden limitar los alicientes hacia ese sector, porque de esa manera se termina agobiando a los actores que, en cualquiera de los dos esquemas, siempre son los que pusieron y ponen el dinero con el pago de los impuestos y los que dinamizan las inversiones. La relación es inversamente proporcional: a mayores tributos con cambios frecuentes, menores inversiones.

LOS CAMINOS RECORRIDOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS:

La dirección que tuvo la reforma fiscal, que comenzó ya desde el primer minuto de diciembre del 2015, mostró que la matriz de las medidas se encuentra definida por gravar con mayor carga tributaria a las personas físicas que a las empresas. Se propusieron aumentos de los impuestos inmobiliarios, reduciéndose simultáneamente ingresos brutos y el impuesto a los sellos para el desarrollo de toda la actividad económica. Se eliminaron las "aduanas internas", traducidas en las sobretasas que se aplican de ingresos brutos a las ventas efectuadas que son provenientes de empresas que se encuentran radicadas en otra jurisdicción.

Desde finales del 2015, la secuencia que se produjo en la rebaja de los impuestos para las empresas fue la siguiente: 

• Eliminación de retenciones para las actividades agropecuaria y minera.
• Derogación del gravamen del 10% del impuesto a las ganancias que se aplicaba sobre los dividendos que distribuyen las empresas.
• Eliminación de ganancia mínima presunta para las PYMES, a partir del año 2017, y para las demás empresas desde el 2019.
• Postergación del pago del IVA por 90 días, para las micro y pequeñas empresas.
• Cómputo del 100% del impuesto al cheque a cuenta de ganancias, en favor de las micro, pequeñas empresas y del 60% a favor de las Medianas empresas manufactureras (tramo I), de la tabla MiPyME.
• Reducción de la tasa del 35% del impuesto a las ganancias para las sociedades, bajo un cronograma, gravando las distribuciones de utilidades a los socios. El objetivo fue, que con esta medida se favorezca a las empresas que reinviertan sus utilidades manteniéndolas en el patrimonio, sin que sean retiradas por los accionistas. Si se retiran la tasa seguirá en el 35%.
• Se intentaba reducir el impuesto al cheque a todos los contribuyentes en el lapso de cinco años pudiéndolo computar íntegramente como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
• Hubo un blanqueo de capitales, creado con el objetivo de solventar a la reparación histórica, se hizo porque el sistema previsional no podía hacerlo por sí solo. Sin embargo, muchas de las medidas previsionales tomadas y las que no llegaron a salir producían en el futuro su desfinanciamiento.
• Se incrementó el mínimo exento de Bienes Personales volviendo a tener que pagar sobre el monto excedente, y no, sobre el total de los bienes gravados. Se redujo la tasa de los tres años siguientes; sin embargo, en sentido contrario se aumentó el Impuesto Inmobiliario provincial (Reemplazándose un impuesto patrimonial por otro). A pesar de que el patrimonio sea una medida correcta de reflejar la capacidad contributiva de las personas y de las empresas, el gravamen se eliminó para las empresas y se lo mantuvo para las personas humanas.
• Por otro lado, sin cumplir con las promesas de campaña, el Impuesto a las Ganancias que se aplica en los sueldos continuó sin cambios.
• Hubo medidas a favor de los sectores de bajos recursos, aumentando la cantidad de personas que podían acceder a la Asignación Universal por Hijo, incorporándose a los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado. Asimismo, se aprobó el beneficio de la devolución del IVA para algunos bienes que integran la canasta básica de alimentos. También, a favor de las personas humanas, se sancionó la llamada "Reparación Histórica" que, en muchos casos, en realidad, representó el reconocimiento de la diferencia del 14% que hubo entre la inflación y el aumento de la movilidad reconocida durante ese año. Sin embargo, luego en la dirección contraria se modificó la movilidad de las jubilaciones, perjudicando a los beneficiarios porque la medida tuvo efectos retroactivos que fueron negativos.
• Se creó el Impuesto a la "renta financiera", gravando los rendimientos de los plazos fijos y las operaciones con títulos públicos a pesar de que la inflación anual era superior a las tasas obtenidas por esas inversiones. Quedó sin poder realizarse una actualización de la Ley de Contrato de Trabajo, que fue cuestionada por los gremios y calificada como una forma de precarización laboral, característica que la pandemia en la actualidad la impuso casi por la fuerza.
• Quedó encajonado un proyecto de blanqueo laboral, que tenía como objetivo poder ayudar al aumento de la recaudación previsional, pero que no habrá que descartarlo para el futuro.

Luego de los resultados de las elecciones PASO, el gobierno anterior lanzó un desordenado plan de medidas económicas que se tradujeron en beneficios tributarios para las personas humanas y las pequeñas empresas. El objetivo era poder generar un impacto en el bolsillo de los trabajadores, los contribuyentes autónomos y para las Pymes que se encontraban ahogadas por la alta presión tributaria. 

En ese reparto, hubo ganadores y perdedores, sin dudas, los más beneficiados fueron los empleados en relación de dependencia, porque no solo tuvieron una reducción del impuesto por todo el año, sino también, una desgravación de parte de los aportes previsionales.

A los autónomos se les redujo, en un 50%, el importe de dos anticipos del Impuesto a las Ganancias. Los Monotributistas solo no tuvieron que pagar el componente impositivo que forma parte de la cuota de un mes. Por último, las Pymes pudieron incluir sus deudas en un plan de facilidades de pago de hasta 10 años; pero sin condonación de deuda de capital e intereses, ya que, no significó una moratoria.

EL GIRO HACIA OTRA DIRECCIÓN:

Ni bien asumió el nuevo gobierno, se giró 180 grados con las medidas tributarias que se aplicaron. La carga de las contribuciones patronales que se pretendían unificar para todas las empresas anteriormente quedó sin efecto, determinándose dos porcentajes bien definidos, que es menor para las Pymes y mayor para las grandes empresas.

• Quedó sin efecto la devolución del IVA para los 13 productos de la canasta básica, realizándose un enroque por beneficios directos otorgados en la tarjeta alimentaria en favor de sectores de bajos recursos. Se intentó gravar a la leche sin aditivos que estaba exenta en el impuesto, pero esta medida no prosperó.
• Se modificó nuevamente la fórmula de movilidad jubilatoria, produciéndose nuevamente un perjuicio retroactivo para los jubilados de haberes medios y altos.
• Salieron nuevos cambios en Bienes Personales, aumentándose el mínimo exento, pero creando alícuotas progresivas, e incrementadas para los bienes que se encuentran ubicados en el exterior. Salió el impuesto a la riqueza.
• Se mantuvo la suspensión de la reducción de los impuestos provinciales (ingresos brutos y sellos) que estaba contemplada en el pacto fiscal del 2017.
• Se creó un Impuesto por compra de divisas y gastos en el exterior del 30%, que no puede computarse contra otro tributo y luego una percepción del 35% que podrá descontarse del Impuesto a las Ganancias, de Bienes Personales; o, para los que no pagan esos impuestos poder solicitar su devolución.
• Aumentó la tasa de estadística para las importaciones. Aumentó el impuesto interno para los automóviles.
• Subió la tasa del Impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades, creando alícuotas diferenciales progresivas. Se suspendió la reducción de la tasa que había previsto el gobierno anterior y se siguieron gravando los dividendos pudiendo llegar a la tasa máxima del 39,55%.
   

Sin embargo, hubo algunas medidas a favor de las empresas: Alícuotas diferenciales de contribuciones patronales (Pymes) Algunas medidas pro inversión. Regreso del cómputo de porcentaje de cargas sociales como crédito fiscal de IVA.

APARECIÓ LA PANDEMIA:

En marzo del 2019, sorpresivamente, apareció la pandemia y en materia tributaria lo que hizo fue profundizar la dirección de la ayuda, con las políticas económicas, en favor de los sectores vulnerados. 

A pesar de algunas ayudas que fueron aprobadas para los contribuyentes que tenían su facturación en cero, hubo un descalce entre lo que se necesitaba y lo que, a cuenta gota, fue ofreciendo de ayuda el Estado.

Las medidas concretas tomadas tienen que ver con el aporte de la mitad del sueldo neto que hizo el Estado, con el programa denominado aporte para el trabajo y la producción (ATP). Ese aporte, inicialmente, tuvo como límite inferior un importe equivalente a un sueldo mínimo vital y móvil y máximo de dos ($ 16.875 y $ 32.750, respectivamente). También, se podía elegir -de acuerdo con la actividad que se desarrollaba- entre la reducción de o postergación de la contribución SIPA, que en total significa para las Pymes el 10,77% y para las grandes el 12,35%.

El encuadre laboral para el pago de los sueldos, en función del nuevo escenario, quedó planteado de la siguiente manera:

1- Empleados que teletrabajan y los que se encuentran definidos como grupos de riesgo: perciben el 100% de su sueldo sujetos a aportes y contribuciones.
2- Trabajadores suspendidos (art. 223 bis, LCT), cobraron el importe reducido de su sueldo, según lo definido por la cámara empresaria y el gremio, como rubros no remunerativos (sin pago de aportes y contribuciones de seguridad social). Los que no trabajan y permanecieron en sus casas, tuvieron derecho a percibir el 100% del sueldo, con aportes y contribución patronal. Luego, por medio de un decreto, se dispuso que los trabajadores incluidos en grupos de riesgo percibirán una asignación no remunerativa, sin pago de aportes y contribuciones de la seguridad social. Otro decreto del año pasado autoriza a que las empresas reincorporen a los trabajadores incluidos en grupos de riesgo, con una dosis de vacuna aplicada.

Se eximió del pago del impuesto a las ganancias a los empleados con hasta 150 mil pesos brutos mensuales. Se modificó la ley de monotributo, creándose un puente de alivio fiscal para los excluidos del régimen.
Por otro lado, salieron muchas medidas relacionadas con las ferias fiscales y la postergación de obligaciones formales, pero no hubo prórrogas, ni quitas concretas de los vencimientos impositivos.

Ahora queda la incógnita de cómo se seguirá hacia el futuro: 

1- Favoreciendo a los trabajadores esperando que con el aumento del consumo mejore la economía.
2- Aliviando sólo la carga empresaria para que derramen los beneficios en los trabajadores.
3- Estableciendo un plan de estabilización que baje la inflación y que ayude al crédito, con la participación del Estado aliviando la carga tributaria para todos los actores que actúan en la actividad económica, con equilibrio, pero sin derrame ni ebullición. 

Fuente: Cronista