El gobierno tensionó al máximo la relación con las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur al dar curso a una denuncia judicial contra esas compañías en base a una auditoria realizada por el ENRE, que sostiene que deben unos 100 mil millones de pesos al Estado.

Una resolución del Ministerio de Economía publicada este martes en el Boletín Oficial argumenta que fueron subestimados los pasivos regulatorios de las empresas y que las sanciones aplicables a las concesionarias fueron recalculadas durante el gobierno de Macri, con premisas específicas de valorización y actualización, dictadas deliberadamente por la ex Secretaría de Gobierno de Energía para favorecer a la distribuidoras. 

El ENRE dio el visto bueno para la venta de Edenor por u$s 100 millones

Esos números resultan en valores sustancialmente menores a los determinados por el ENRE en base a las premisas de cálculo oficiales establecidas para aquéllos. "Esto quiere decir que tenían que pagar 100 y solo pagaron 20", afirmó a LPO una fuente cercana al ente regulador. El número se desprende del informe técnico realizado por el organismo que regula la actividad

La auditoría realizada hace menos de dos meses atrás arrojó resultados lapidarios. Allí se afirma que Cambiemos le reconoció una deuda ficticia a Edenor y a Edesur, que según los cálculos del organismo regulador se creó en base a reconocerle a las compañías ingresos no percibidos por más de 100.000 millones de pesos

Este informe del ENRE pasó mas de dos meses en el despacho de Guzman que ahora decidió activar una demanda judicial contra las distribuidoras.

Desde el mercado afirmaron a LPO que la causa "no tiene pies ni cabeza" y explicaron que "en el 2019 el gobierno nacional resolvió el traspaso jurisdiccional de las distribuidoras a partir de la creación de organismos reguladores en la Ciudad y la provincia. En ese momento se llego a un acuerdo. El ENRE no tiene competencia alguna para un auditoría de este tipo. En todo caso corresponde a la Sindicatura de la Nación determinar sobre este tema".

Fuente: La Política Online