Durante los últimos dos años, el ingreso que reciben los trabajadores precarizados cayó un 15 por ciento. Radiografía de una injusticia que ya alcanza a casi 7 millones de argentinos.
Economía21 de diciembre de 2021
Colaborador
15,5 puntos. Esa es, según datos oficiales, la caída real de los salarios no registrados durante la gestión del actual gobierno, luego de que cayeran más de 20 puntos durante el gobierno de la alianza Cambiemos.
El número se deprende del Índice de Salarios del Indec, que en el caso de los no registrados, realiza en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), pero en rigor este guarismo podría ser aún más alto. Sucede que los 15,5 puntos es el resultado de lo perdido durante este año hasta octubre, es decir 17,4 puntos frente a la inflación, y lo arrojado por el Indec para 2020, que fue una ganancia de 2,9 puntos. Sin embargo, el mismo instituto señaló que la EPH efectuada durante el segundo y tercer trimestre de 2020 “se vio afectada por las restricciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio”. De hecho, desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), afirman que la caída en los ingresos de estos trabajadores, desde el inicio de la pandemia, es del 28 por ciento.
En cualquier caso, el ingreso promedio de los trabajadores no registrados, que según los últimos registros del Indec llegaba a 24.225 pesos mensuales para junio de este año, sitúa a los mismos en una categoría que era marginal antes de mediados de la década del setenta, como es la de trabajador y pobre. Y es que si bien muchos de estos trabajadores complementan sus ingresos con alguno de los 141 planes sociales que hay en la actualidad, son pocos los casos en los que pueden ubicarse por encima de la línea de pobreza, que para noviembre, según el Indec, requería de 74.000 pesos mensuales para una familia de dos adultos y dos niños.
De hecho, según el informe de Diciembre del Observatorio la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 28,2 por ciento de los trabajadores con empleo precario y 58,2 por ciento de los que tienen un sub empleo inestable, no pudieron superar la línea de la pobreza durante este años, siendo solo el 42,1 por ciento de la población económicamente activa la que poseía un empleo con derechos sociales.
Y es que el dato no menor, y que explica en parte los resultados de la última elección, es que estos resultados son para un universo de trabajadores cercano a los 7 millones, con 2,7 millones de asalariados y 4,5 millones de cuentapropistas, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el informe trimestral del Mercado de trabajo del Indec, y la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, pero que podría extenderse si se tiene en cuenta los 8,9 millones de trabajadores que, por demostrar que poseían empleos no registrados, informales, o precarizados, pudieron acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en abril de 2020, más aún teniendo en cuenta que según la OIT el 82 por ciento de los nuevos puestos creados tras los cierres masivos de la pandemia, pertenecen al sector informal.
Líneas de acción
Justamente desde la Secretaría de Economía Social se administra el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep), creado en 2016 para registrar a trabajadores que se desempeñan, según este mismo organismo, como “vendedores ambulantes, feriantes o artesanas; cartoneras y recicladores; pequeñas agricultoras y agricultores; trabajadoras sociocomunitarias y de la construcción; quienes trabajen en infraestructura social y mejoramiento ambiental y pequeños productores y productoras manufactureras, entre otros rubros”.
De acuerdo a su último informe, (el cual se puede ver aquí) durante el período comprendido entre el mes de julio del 2020 y el 11 de agosto del 2021, 2.830.520 trabajadores de la economía popular se registraron en este ámbito, es decir un promedio de 217.732 trabajadores mensuales, lo que implica que para la actualidad se han superado largamente los tres millones. Sobre los censados, 59,5 por ciento trabajaban de forma individual y 56,1 por ciento en su propia casa o en una ajena, mientras que el 57,3 por ciento era mujeres, y el 64,3 por ciento tenía entre 18 y 35 años de edad. Asimismo, el 35,6 por ciento del total nacional provenía de Buenos Aires, siendo la mayor actividad, con 26,3 por ciento del total, el trabajo en comedores y merenderos comunitarios, seguido por servicios de limpieza, con 10,5 por ciento del total.
Hasta el momento, la única alternativa de registro laboral que tiene el grueso de los trabajadores informales es el monotributo social, creado por el gobierno de la alianza Cambiemos para integrarlos tributariamente, con un costo que hoy alcanza los 704 pesos por mes, monto del que no dispone el grueso de los estos trabajadores para transferirlo al Estado, y que por ese motivo y la dificultad burocrática de su incorporación, solo alcanzó a un 10 por ciento de estos trabajadores
Sin poder cumplir con su promesa de “comenzar por los últimos para llegar a todos” ni de lograr que los salarios le ganen a la inflación, el actual gobierno busca ahora facilitar su incorporación al mercado formal mediante el decreto 711/2021 que autoriza a beneficiarios de planes sociales a ser contratados por empresas privadas, así como brindarles orientación laboral y apoyo a la inserción mediante el Programa Fomentar Empleo del Ministerio de Trabajo, para lo cual deben inscribirse en https://www.portalempleo.gob.ar/, mientras anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de un nuevo monotributo productivo, que sería gratuito y les permitiría a los trabajadores acceder a créditos públicos y privados, además de ofertar bienes y servicios al Estado.
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