Gestapo antisindical: Procesan a todos los funcionarios involucrados y esperan que la causa avance

El juez federal Ernesto Kreplak procesó ayer al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, al intendente de La Plata, Julio Garro, a otros exfuncionarios del anterior Gobierno provincial de María Eugenia Vidal y a exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa en la que se investiga la denuncia de una “mesa judicial bonaerense” que habría coordinado acciones ilegales para perseguir al sindicalista de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina. Pero adicionalmente, la justicia ordenó profundizar la investigación hacia altas esferas del gobierno provincial y en la estructura de la central de espías, lo que puede tener repercusiones políticas sobre la administración entonces comandada por Mauricio Macri. Pero también, señala eventuales responsabilidades a nivel judicial por la colaboración que habrían tenido para la preconstitución de prueba para llevar adelante expedientes contra objetivos políticos. Ese es el punto más relevante del fallo.

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Los procesados son el exministro Villegas; el intendente Garro; el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalmau Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).
 
A todos los procesados el juez les trabó embargos por 10 millones de pesos, mientras que en la misma resolución dispuso la falta de mérito para el exministro de Planificación bonaerense Roberto Gigante y para los empresarios que participaron de la reunión del Bapro.

Se trata del expediente que se inició a partir del hallazgo, entre los archivos digitales de la AFI, de la grabación de una reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, y a la que asistieron los procesados y también un grupo empresarios de la construcción de La Plata, a los que el juez les dictó la falta de mérito. Todos habían sido indagados y adujeron que nunca supieron que estaban siendo grabados ni por qué la reunión era comandada por los tres altos jerárquicos de la AFI. La casualidad permitió que De Stéfano recibiera la buena noticia de que la lista que había auspiciado para el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal había logrado ganar, a la vez que lo notificaban del procesamiento.

En aquella reunión celebrada el 15 de junio de 2017, al entonces ministro de Trabajo de Vidal hizo pasar a la inmortalidad la frase: “Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo (la policía política del nazismo), una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

En el fallo, de casi 250 páginas, el magistrado describe las maniobras que se le atribuyen a los procesados que habrían llevado a violar la ley de Inteligencia y a que se dictaran fallos judiciales arbitrarios en perjuicio del sindicalista de la Uocra platense, por eso la figura de prevaricato.

Kreplak hizo un repaso de las constancias de la investigación adicionales al video: la agenda de Villegas donde constaban una serie de reuniones con personas idénticas a las que participaron de la reunión del Bapro; el cruce de llamados coincidente con la corroboración de la hipótesis delictiva; las tareas de inteligencia “de campo” llevadas a cabo por espías sobre Medina y su entorno; y el acceso a bases de datos para la elaboración de informes de espionaje. Por eso, lo más relevante respecto a la proyección del fallo es que debe profundizarse la pesquisa sobre las autoridades políticas nacionales (dentro de la órbita de Macri), provinciales (Vidal) y de la AFI (con el dúo Arribas-Majdalani más comprometido). “Se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados”, señaló Kreplak. Un dato. De las comunicaciones surgen contactos de Villegas y de De Stéfano hacia el juez federal de Quilmes Luis Armella, que tenía la causa principal contra Medina. Más temprano, Kreplak había rechazado los pedidos de la defensa, principalmente de los ex AFI que querían que el caso pasara a Comodoro Py. El juez hizo referencia a que la mayoría de las actividades ilegales desplegadas se dieron en territorio bonaerense. También desechó la posibilidad de que el video donde quedó registrada la reunión no pudiese haber sido considerado como prueba válida.

“Se advirtió que durante el desarrollo de la reunión, no sólo se instó a los empresarios presentes a que formularan denuncias, y se los instruyó respecto de cómo y dónde debían hacerlas, con la garantía de haber ´chequeado´ con funcionarios judiciales que ´eso va a funcionar´, como se desprende de las transcripciones que contiene la denuncia inicial, sino que se planteó una estrategia que implicaba un ´accionar múltiple´ para avanzar hacia el objetivo de involucrar en procesos penales”, señaló uno de los párrafos centrales con la confirmación de la maniobra delictiva. “No existió autorización o requerimiento judicial para la realización de esas tareas ni para la intervención de la AFI en ningún aspecto de la investigación”, concluyó. .