Macrismo y Venezuela, una pelea para la tribuna

Una pelea para la tribuna

-No, no me lo podés decir en serio. ¡No me podés comparar a Leopoldo López con Milagro Sala! ¡López no hizo nada malo como para que lo compares con Milagro Sala!

Corría enero de 2016. Mauricio Macri acababa de llegar al Foro Económico Mundial de Davos. Apenas llevaba un mes en el poder y la líder del movimiento Túpac Amaru acababa de ser detenida en Jujuy por presuntos "daños agravados" durante una protesta contra el actual gobernador Gerardo Morales. La pregunta que lo ofuscó, del enviado de BAE Negocios, apuntaba a la aparente contradicción entre su aval a la detención de Sala y su condena enérgica al encarcelamiento de Leopoldo López, en aquel entonces líder de la oposición venezolana y jefe político de Juan Guaidó, el dirigente que la Asamblea Nacional acaba de designar como "presidente encargado", en abierto desafío a Nicolás Maduro. Tres años después, con ambos todavía presos en sus domicilios y con condenas por varios años más, Amnistía Internacional y otros organismos globales de derechos humanos reclaman a Macri y a Maduro la inmediata liberación de Sala y de López respectivamente, a quienes consideran injustamente privados de su libertad.

Pese al aguerrido antimadurismo del Presidente y a su disciplinado alineamiento con la Casa Blanca, que lo llevó incluso a reunirse esta semana con una embajadora del gobierno paralelo de Guaidó, otros dos lazos invisibles acaban de atar al Gobierno con el heredero de Hugo Chávez. Uno es el sorpresivo enfrentamiento con Techint, que amenazó anteayer con hacerle juicio por el recorte que dispuso Gustavo Lopetegui en los subsidios para Vaca Muerta y que arrastra duras cuitas con la dirigencia bolivariana desde la expropiación de su filial Sidor. El otro es la contratación de una empresa de software que creció al calor de los petrodólares caribeños, que tuvo a su cargo todas las elecciones venezolanas entre 2004 y 2017 y que proveerá al Correo Argentino el software con el que serán transmitidos los resultados de cada una de las 90 mil mesas de votación de los comicios presidenciales de octubre.

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La pelea con Techint es por unos 700 millones de dólares, que su petrolera Tecpetrol esperaba percibir entre 2019 y 2020 en subsidios por haber incrementado su producción de gas en Vaca Muerta. La subvención fue fijada en 2017 por Juan José Aranguren y les garantizaba un precio sostén del gas a todas las compañías que invirtieran en ese megayacimiento neuquino de hidrocarburos no convencionales. Lo que no pudiera pagar el mercado, lo completaría el Estado. Fue con ese aliciente (cobrar US$ 7,50 por millón de BTU de gas entregado a la red, aunque el precio promedio fuera tres dólares menos) que la "T" desembolsó unos U$S 1.800 millones para meterle fracking al área Fortín de Piedra, en el corazón de Vaca Muerta.

Desde aquel rapto generoso de Aranguren, como dice el Presidente, pasaron cosas. Los ingenieros de Rocca encontraron más gas del esperado y sus pozos pasaron a producir el doble de lo que habían proyectado cuando se publicó aquella resolución, la 46/2017. Las sucesivas corridas cambiarias, mientras tanto, empujaron a Macri a los brazos de Madame Lagarde. Como el subsidio crecía a la par de la producción, la cuenta iba a llegar a U$S 1.200 millones en 2019. Casi lo mismo que destinará el Estado en todo el año a Ciencia y Técnica. O un tercio de lo que invertirá en Salud, incluyendo sueldos, remedios y mantenimiento de todos los hospitales nacionales. De eso, cerca de un 70% era para Paolo.

La partida pasó por las tijeras de Lagarde, que fijó un tope de 700 millones para 2019 y de 600 millones para 2020. Un total de 1.300 millones frente a los 2.300 millones previstos inicialmente por los petroleros. Anteayer, Gustavo Lopetegui les transmitió a una veintena de petroleros la decisión que venía dilatando desde diciembre Nicolás Dujovne, el empoderado primus inter pares del gabinete y nexo permanente con el Fondo: esas subvenciones se pagarán solo por el gas que estimaron extraer las empresas al momento de firmarse la resolución, y no por lo que finalmente filtró la roca madre. Un ajuste palpable pero no más severo que el que sufrirán todas las partidas del Presupuesto, excepto la de intereses de la deuda pública.

En la reunión con "Planillita" Lopetegui, uno de los dos enviados de Rocca -el CEO de Tecpetrol, Carlos Ormaechea- se despachó con una frase que para el macrismo suena a daga envenenada: "Acá están cambiando las reglas del juego". Un rato más tarde, ante la Comisión Nacional de Valores, Techint amenazó explícitamente con iniciar acciones legales y administrativas.

"Esto es de una ingratitud total. Nosotros no negamos que acá hay una modificación, pero estuvo recontra hablada. Techint pretende cobrar en dólares lo que calculó en abril de 2017 mientras nosotros hacemos un ajuste sin precedentes en todo lo demás", se quejó ayer ante BAE Negocios una fuente de Hacienda que participó de las negociaciones. "Acá hay mucha calentura con Paolo, porque en su peor momento Mauricio fue y se sacó la foto allá con él, un día después de que lo llamaran a indagatoria", agregó, ofuscado.

La alusión a la causa de los cuadernos de Oscar Centeno, donde Rocca finalmente fue procesado en noviembre por haber ordenado pagar coimas durante el kirchnerismo, enfureció más todavía al cuartel general de la "T" en Catalinas. "¿Qué corno tiene que ver la causa cuadernos? Hicimos la mayor inversión de los últimos años en la Argentina. Ahora cuando les toca su contraparte nos dicen que no alcanza. Les ofrecimos financiarla. También ofrecimos ponerle un tope el subsidio. Pero ellos están rascando la olla y encontraron este artilugio. ¿¡Y encima los ingratos somos nosotros!?", replicó ante este diario un alfil de Paolo.

Trágame tierra

No es la primera vez que el jefe de Techint apuesta por un gobernante que luego lo decepciona. El caso paradigmático fue, justamente, Hugo Chávez. Antes que llegara al poder había sido su mecenas. Ya como presidente, y hasta la expropiación de Sidor, el bolivariano siempre lo tuvo como invitado de honor. Incluso después, el apoyo de los Kirchner le permitió quedarse con una indemnización mucho más jugosa que la que obtuvieron otros confiscados. Por eso los fiscales de la causa de los cuadernos desconfían que haya entregado dinero a Roberto Baratta solo para sacar a sus ingenieros de Venezuela, como adujeron sus abogados defensores.

Las traiciones cruzadas están a la orden del día. El eyectado antecesor de Lopetegui, Javier Iguacel, empezó a destilar el rencor que le inoculó su despido y el entierro de sus aspiraciones políticas. El otrora CEO de Pluspetrol se soñaba vicegobernador de María Eugenia Vidal o, como mínimo, intendente de su Capitán Sarmiento natal. Pero después de ponerle la cara a los tarifazos, volvió al llano y no lo disfruta. "Son dogmáticos", se despachó contra Lopetegui y su tropa ante uno de los pocos empresarios con los que habló tras su eyección.

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Como suele ocurrir, los problemas aparecen todos juntos. La furia de Paolo y la ingratitud de Iguacel llegaron justo cuando los pobladores de Sauzal Bonito, a solo 5 kilómetros de Fortín de Piedra, empezaron a movilizarse por los temblores de tierra que comenzaron a percibir entre noviembre y diciembre pero que recrudecieron en los últimos días al punto de haber agrietado decenas de paredes y techos de sus viviendas. La ONG Sismología Chile confirmó haber detectado los eventos sísmicos aunque aclaró que, por falta de instrumentos de medición en territorio argentino, no puede asegurar que su origen sea la fractura hidráulica de la roca madre que efectúan las petroleras para extraer el hidrocarburo encerrado en ella.

El director de Defensa Civil neuquino, Martín Giusti, defendió con uñas y dientes el negocio que sostiene a la provincia desde siempre. El martes declaró que el temblor que se había registrado esa madrugada cerca del volcán Copahue "no fue un sismo". Los sismólogos de la ONG chilena lo desmintieron y citaron las alertas de su Servicio Nacional de Geología y Minería. Entre el miércoles y ayer por la mañana detectaron otros cuatro temblores. Si bien no está comprobado de modo concluyente que el fracking genere terremotos, regiones como Lancashire (Inglaterra) prohibieron el año pasado su desarrollo luego de haberse registrado temblores como los de Sauzal Bonito.

Petróleo y política

El otro parentesco con Maduro que le apareció a Macri, además de su súbita enemistad con Rocca, es aún más sensible a la luz de los cuestionamientos internacionales a la legitimidad de las últimas elecciones venezolanas. La empresa Smartmatic, que acaba de alzarse con el contrato para escanear y transmitir vía mail al Correo Argentino las actas de cada mesa de votación en las elecciones presidenciales de octubre, declara sede en Londres pero nació en Caracas en el año 2000 gracias a un pequeño préstamo inicial de US$ 200.000 del mismísimo gobierno de Hugo Chávez, que contrató sus servicios para el referéndum de 2004 que lo habilitó a su primera reelección. Tres contratos posteriores con Chávez para organizar sus primeras elecciones mediante voto electrónico le dejaron ganancias por unos 120 millones, un capital que le permitió internacionalizarse y establecer filiales en Estados Unidos, Barbados, México, Argentina, España, Filipinas y Taiwán.

La compañía aparece mencionada al menos una docena de veces en cables diplomáticos estadounidenses filtrados por Wikileaks. El más llamativo es el del 10 de julio de 2006, donde el embajador en Caracas, William Brownfield, advierte al Departamento de Estado que "lo más sospechoso del sistema de Smartmatic es que las máquinas contactaban al servidor antes de imprimir sus resultados, dando la oportunidad, como mínimo, de cambiar ahí los resultados y sortear los controles rudimentarios de los observadores internacionales".

Si bien Cambiemos fracasó en su proyecto para digitalizar las elecciones nacionales, que llegó a tener media sanción de Diputados pero naufragó en el Senado, el voto electrónico avanzó en varias provincias y se utilizará, por caso, en las elecciones del 10 de marzo para elegir gobernador de Neuquén. La negativa del Senado a aprobar el proyecto oficial se basó en las advertencias de los especialistas que expusieron denuncias de hackeo y fragilidades de los sistemas usados en todo el mundo.

El tema recuperó actualidad por el fraude histórico que denunciaron la oposición y los medios de comunicación extranjeros en las primeras elecciones presidenciales en casi 20 años que se celebraron dos semanas atrás en el Congo. Las máquinas que se usaron allá habían sido construidas y programadas por una empresa de Corea del Sur para las elecciones argentinas de 2017. En Corea del Sur, un país ultratecnificado donde las escuelas ya no usan papel ni pizarrones porque todo se hace con pantallas, se sigue votando con una boleta única de papel. Las urnas electrónicas todavía no les parecen confiables.

Fuente: diariobae