La cadena de electrodomésticos Ribeiro solicitó al Gobierno entrar en un proceso preventivo de crisis. Lo mismo sucedió este año con la embotelladora Coca Cola-Femsa, la editorial Atlántida, la aerolínea Avianca y la fabricante de neumáticos FATE. Pero, ¿qué significa y para qué sirve este procedimiento?
Economía18 de junio de 2019
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Este proceso, que debe ser concedido por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, otorga una serie de beneficios a la empresa (a pedido de la propia compañía o del sindicato) al alegar que se encuentra en una crisis, como por ejemplo a la hora de pagar indemnizaciones –desembolsar hasta el 50% del monto– y realizar suspensiones.
En lo que va de 2019 los pedidos de estos procesos fueron 47, según confirmaron a Chequeado desde el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. De los mismos, 39 se encuentran en trámite, 7 fueron archivados o finalizaron sin acuerdo y uno ha concluido con acuerdo (en trámite de homologación).
En 2018 hubo 146 pedidos, según añadieron desde la cartera. Esto significa que el año pasado tuvo el mayor número de pedidos desde 2003, cuando llegó a 379, según datos publicados por La Nación en base a datos oficiales.
Según informa un documento oficial, este procedimiento preventivo de crisis deberá tramitarse antes de comunicar despidos o suspensiones “por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas”. La ley sostiene que la empresa tiene que presentar los “elementos económico financieros probatorios tendientes a acreditar la situación de crisis”.
El año último Carrefour pidió entrar a este proceso, como se explicó en esta nota. En su momento, la cadena francesa de supermercados comunicóoficialmente que en los últimos tres años habría tenido pérdidas en el país. La empresa negoció con el sindicato y el ministerio, y se acordaron retiros voluntarios y baja de aportes patronales.
Además, la norma explica que “el inicio del procedimiento preventivo de crisis no habilita por sí la procedencia de despidos ni la aplicación de la indemnización reducida”, sino que es negociado con los trabajadores y el Gobierno debe homologarlo, aunque después puede ser judicializado. La duración del proceso puede variar de acuerdo a cada caso. Según explicaron desde el Ministerio, de los 146 pedidos de 2018, 107 de ellos aún se encuentran en trámite y en 14 casos los pedidos fueron desistidos o no se alcanzó un acuerdo entre la empresa y el sindicato.
Fuente: Chequeado
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