Vialidad comenzó a negociar con la concesionaria del Acceso Oeste cuando el Grupo Macri todavía era socio. Un cambio de procurador y dos dictámenes con objeciones. Una auditoría de deudas que busca la Justicia.
Nacional - Gobierno 09 de septiembre de 2019
Colaborador
Otra vez, el presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno están en la mira judicial por un posible conflicto de intereses que podría haber derivado en una defraudación al Estado. El Caso Autopistas está a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli. PERFIL obtuvo y analizó durante las últimas dos semanas documentos oficiales y dialogó con los protagonistas. En este artículo redacta el detrás de escena de un negocio millonario: peajes.
El caso se centra en la renegociación de contratos con las concesionarias de dos autopistas: Acceso Norte y Ausol (acceso oeste). Los contratos de concesión de las accesos vencían en 2023 pero en 2018 se extendieron hasta 2030. Además, el Estado le reconoció a la empresa una deuda de US$ 747 millones (US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones a Acceso Norte), de acuerdo con el Ministerio de Transporte. La empresa se comprometió a realizar inversiones y el Ejecutivo aumentó las tarifas de los peajes.
La principal empresa involucrada es Abertis. En Ausol era socia de Sideco, empresa emblema de la familia Macri. Ninguna de las dos compañías quiso responder las consultas de este medio.
El conflicto con las concesionarias nació tras la crisis de 2001 por la pesificación y el congelamiento de las tarifas de peaje. Pero Abertis recién se presentó ante el tribunal internacional cuando supo que Macri había ganado las elecciones.
Cronología de una demanda y un acuerdo bajo sospecha
De acuerdo con los documentos analizados, el 7 de diciembre de 2015, Abertis demandó a la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal internacional que intenta arbitrar entre los Estados y las empresas de capitales extranjeros.
La Procuración del Tesoro es un organismo de extremado bajo perfil pero fue clave en este caso. Su misión es ejercer como abogado defensor del bolsillo de los argentinos. Representa al Estado frente a los reclamos judiciales de empresas y debe ser consultado por los funcionarios sobre las conveniencias legales de contratos y acuerdos. Cuando Macri asumió, nombró a un jurista ajeno al PRO: Carlos Balbín.
En febrero de 2017, Balbín rechazó la demanda de Abertis ante el Ciadi, de acuerdo con los documentos oficiales (ver detalles aparte), y realizó una auditoría sobre el caso Correo Argentino SA. Un mes después, Macri le pidió la renuncia y nombró al abogado Bernardo Saravia Frías en el cargo.
Con Balbín afuera de la Procuración, Vialidad solicitó al organismo que opine sobre la renegociación del contrato de Abertis en el Acceso Oeste. Saravia Frías emitió dos dictámenes sobre el caso, a los que accedió PERFIL. De allí surge que Vialidad se encontraba negociando con las concesionarias desde julio de 2016, amparada por un decreto del Presidente que autorizó la renegociación de este tipo de contratos. Entonces, los Macri todavía tenían el 7% de las acciones de la compañía y la empresa Abertis había iniciado una demanda multimillonaria ante el Ciadi.
Javier Iguacel era entonces el director nacional de Vialidad y estuvo al mando de las primeras negociaciones con las concesionarias, según consta en los escritos oficiales. Iguacel dijo a este medio: “Una de mis preocupaciones era asegurarme de no caer en un conflicto de intereses. Es cierto que se venía hablando con la empresa pero la renegociación del contrato se dio después de que los Macri vendieran sus acciones”.
“Fue un proceso largo –agregó Iguacel–, con recomendaciones de la Sigen, la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro. Todos nos dijeron que convenía hacer el acuerdo con la empresa. Se evaluó que siga el juicio pero se decidió que era más conveniente para el Estado cerrar el acuerdo. Abertis ponía la cara en la negociación y mucha oposición y pretensiones”.
En dos dictámenes del procurador del Tesoro de 2017 y 2018 consta que la ex socia de los Macri reclamaba supuestas deudas por US$ 1.721 millones. No hay referencia alguna a una auditoría o estudio sobre si el monto de reclamo planteado por la concesionaria era correcto. Saravia Frías lo remarcó en el dictamen y dijo que ese punto central de la negociación no era competencia suya. Dio luz verde al acuerdo, argumentando que la negociación era “jurídicamente viable”, pero señaló algunas salvedades sobre el contrato.
Iguacel asegura que esas auditorías se hicieron. La Justicia deberá encontrarlas.
En un segundo dictamen, de mayo de 2018, el equipo de abogados del Ministerio de Transporte volvió a pedir la opinión de Saravia Frías. El Departamento de Legales del ministerio enumeró los puntos del contrato que no le cerraban y por primera vez resaltó que se estaba negociando con una empresa que estaba demandando al Estado ante el Ciadi. El procurador volvió a resaltar objeciones al contrato pero no se opuso formalmente.
Abertis y el ministro Dietrich firmaron la extensión de la concesión de los accesos Norte y Oeste en junio de 2018, un mes después. Voceros de Dietrich afirmaron: “Los contratos se extendieron hasta 2030 para evitar que Argentina afronte un litigio en el Ciadi por incumplimientos contractuales. En caso de arbitraje, al Estado le hubiera costado US$ 3 mil millones”.
Fuente: Perfil
El gobierno dice que los supermercadistas reconocieron que aumentaron por encima de la inflación y como represalia les abrirán las importaciones y bajarán impuestos.
