Lo que hereda Fernández: volver a generar empleo y salir de una crisis de cuatro años

Después de casi cuatro años de la llegada de Cambiemos a la gestión estatal la sociedad ya no es la misma. La pesada herencia que recibirá el presidente electo, Alberto Fernández, no solo versará sobre la macroeconomía sino también en cuestiones que atañen al mercado laboral.

Desde diciembre de 2015 a la fecha, según estimaciones del Centro de Estudios Atenea, hay 116.000 puestos de trabajo menos en el empleo privado formal, una destrucción del 10% del trabajo industrial, una caída del 26% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y una pérdida del poder adquisitivo promedio de un 20%. Respecto a la desocupación ha llegado a superar los dos dígitos, siendo las mujeres y les jóvenes los más afectados. Esta situación se profundiza si miramos los datos de pobreza recientemente publicados por el INDEC, según los cuales el 25% de los hogares de Argentina no llegan a cubrir las necesidades básicas. Desde la llegada de Cambiemos al poder, se sumó cada año un millón de personas en situación de pobreza.

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Entonces cabe preguntarnos, ¿Qué desafíos tenemos para el futuro en materia laboral? ¿Cuáles son los temas nodales sobre los que deberíamos llegar a un consenso como sociedad? Si el trabajo es el principal articulador social y uno de los ejes principales de una próxima gestión, va a haber que implementar medidas que recuperen el salario real, retornar a un sendero de generación de empleo de calidad y un freno al aumento de la informalidad.

Recuperar derechos
Sabemos que tenemos que recuperar los derechos vulnerados, pero también que hay demandas que atender de sectores de la sociedad históricamente relegados de los derechos que subyacen al trabajador formal, como los de la economía popular y las mujeres que realizan trabajos no remunerados a partir de las tareas de gestión y cuidado del hogar.

Respecto al debate de los trabajadores de la economía popular, tenemos que poder salir de la dicotomía entre quienes los consideran un excedente de la fuerza de trabajo que hay que contener con planes sociales y el ideal del pleno empleo industrial, que parece estar cada vez más lejos.

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Hay que encontrar la manera de incluir a todos y todas estos trabajadores como sujetos de derecho pleno. La ley de emergencia social (2016) lograda a partir de la querella de las organizaciones sociales marca un giro en la estrategia de la intervención social del Estado sobre las situaciones de vulnerabilidad social, creando el Salario Social Complementario que es una transferencia monetaria que se concibe como un complemento del trabajo en la economía popular.

 
Esta política puede ser entendida en términos de reconocimiento del nuevo sujeto de trabajo, que demanda derechos que equiparen a aquellos propios del trabajador asalariado, pero la ubicación de esta política en la órbita de Desarrollo Social y el modo de implementación de esta transferencia de ingresos reenvían a la intervención estatal a la esfera de la asistencia y reactualizan tensiones entre la concepción del trabajo como un medio de integración social y su uso como recurso de asistencia.

Así como los trabajadores de la economía popular irrumpieron como sujeto político, el colectivo feminista también en los últimos años ha tenido una visibilización importante, poniendo en agenda diversas demandas históricas entre ellas la desigualdad de género en el mundo del trabajo.

 
Como ya es bien sabido, la participación de las mujeres en el mercado laboral es muchísimo menor a la de los varones. Principalmente porque son las mujeres quienes se ocupan de las tareas de gestión del hogar y el cuidado de niñes y adultos/as mayores. La desigualdad de género es una cuestión de justicia social, son las mujeres más pobres las que lo sufren en mayor medida y son las mujeres las más golpeadas por la crisis económica. Con lo cual, Este es un tema inherentemente político que exige una respuesta política. Mientras no avancemos hacia la corresponsabilidad parental al interior de los hogares, mientras el Estado, el sector privado y las organizaciones de la comunidad en general no asuman otro rol respecto al cuidado de las personas dependientes, seguiremos viviendo en una sociedad profundamente injusta.

 
Si bien no tenemos las respuestas a todos estos temas, los momentos de crisis pueden ser una oportunidad para problematizar algunas cuestiones y encontrar soluciones creativas. Quedó demostrado que las recetas ortodoxas sólo nos llevan al caos económico y social. Este es el momento indicado para repensarnos como sociedad y establecer consensos básicos. Tenemos que avanzar en reconocer las nuevas demandas en torno al trabajo que emerge desde el colectivo feminista y las organizaciones que representan a los trabajadores de la economía popular.

Fuente: BAE Negocios