El Gobierno analiza reconvertir el subsidio estatal para el pago de salarios en empresas golpeadas por la parálisis económica en préstamos blandos para este mes. La medida está en análisis por parte del Gabinete económico a partir de dos premisas: la finitud de los recursos que el Estado está en condiciones de distribuir para sostener el empleo en el sector privado, por un lado, y un intento por delimitar los alcances de esa ayuda para las actividades más críticas y reducirla para los rubros alcanzados por la flexibilización de la cuarentena, por otro.
En la Jefatura de Gabinete y en el Ministerio de Desarrollo Productivo le confirmaron a este diario que se estudia un menú de opciones para reformular la Asignación de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP), la herramienta creada a partir de la pandemia que garantiza con subsidios el pago de 50% del salario neto de las empresas en crisis y que cubrió hasta ahora parte de los ingresos de 1,8 millón de trabajadores. Se prevé que al finalizar el proceso de liquidación de sueldos de mayo el universo de beneficiarios superará los 2 millones de personas, algo menos que los 2,5 millones de alcanzados con los ingresos de abril.
La tercera etapa del ATP, correspondiente al pago de sueldos de junio, se encuentra en pleno debate. Como adelantó Ámbito, el Ejecutivo ya avanzó el viernes en un plan para regionalizar y sectorizar el beneficio, a lo que ahora se sumará la reconversión en créditos para las compañías que hubiesen reanudado sus facturaciones con el aflojamiento de la cuarentena. Para los funcionarios a cargo del estudio los préstamos blandos para capital de trabajo resultarían una herramienta más útil que los subsidios para las firmas con reanudación de actividades.
El ATP consiste en un aporte directo de la Anses en las cuentas sueldo de los trabajadores de las empresas que hubiesen declarado una situación de virtual quebranto por la cuarentena, que se efectiviza tras la constatación de las pérdidas desde marzo. Equivale al 50% del ingreso neto con un piso igual al salario mínimo, vital y móvil, en la actualidad de 16.875 pesos, y un tope del doble de ese valor, es decir 33.750 pesos. Fue la segunda medida de auxilio a las empresas luego de los créditos al 24% de tasa pensados para cubrir los salarios de marzo que debían pagarse en abril luego del arranque del confinamiento y con diez días menos de facturaciones.
Para el Gobierno el subsidio cumplió su cometido de colaborar en la economía de las empresas más vulneradas por la cuarentena y al mismo tiempo como salvaguarda del nivel de ingresos de los trabajadores. En paralelo operaron primero el DNU que prohibió despidos y suspensiones unilaterales, y luego la resolución de los ministros Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) que encarriló las suspensiones masivas con un piso de pagos del 75% del sueldo neto, a cambio de garantías de estabilidad laboral, en espejo con el acuerdo marco firmado en esa línea por la CGT y la Unión Industrial.
Sin embargo, cumplidos los pagos de abril y mayo (calculan los funcionarios que el segundo ATP se terminará de liquidar el viernes) en el Gobierno advierten que para la tercera etapa llegó el momento de reformular el beneficio. Una alternativa es mantenerlo sin mayores cambios para las empresas que sigan imposibilitadas de operar por las políticas de distanciamiento pero hacerlo reembolsable para el resto.
El mes pasado hubo una ampliación del universo de empresas con acceso a los ATP al anularse el tope de 800 empleados. Con el correr de los días, también se endurecieron los requisitos para esas compañías que, en caso de acogerse al beneficio, deberán abstenerse por dos años de operar con paraísos fiscales, distribuir utilidades o hacerse de dólares. Las nuevas condiciones motivaron que unas 300 empresas, entre ellas el Grupo Techint, declinasen el beneficio y devolvieran los subsidios obtenidos hasta ahora.
Fuente: Ámbito
