Economía del Conocimiento va al Senado: Obtuvo media sanción y quedó a un paso de aprobarse

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Economía del Conocimiento que busca incentivar la actividad de empresas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información. Fue por 246 votos a favor, 2 en contra y sin abstenciones. Pasa al Senado para su sanción definitiva.

El proyecto, que se trata en este momento, reemplaza la ley 27.506, cuya aplicación fue suspendida por el Gobierno en enero pasado. La iniciativa, que obtuvo dictamen de comisión en mayo y contó con el aval de todos los bloques parlamentarios, prevé mantener los beneficios de reducción de alícuota del impuesto a las Ganancias y la baja sobre el pago de contribuciones patronales y mejora las condiciones de acceso para las pymes.
 

Los legisladores ya dieron media sanción y giraron al Senado por 124 votos a favor, uno negativo y 29 abstenciones el proyecto que regula la modalidad de teletrabajo.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Comunicaciones, Pablo Carro (Frente de Todos), señaló que el proyecto de Economía del Conocimiento elaborado por el Poder Ejecutivo, y acompañado por Juntos por el Cambio, apuesta a "duplicar los puestos de trabajo del sector y su volumen de importaciones".

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"Se busca que en diez años multipliquemos los puestos de trabajo, que hoy son de 500 mil y que podrían llegar a un millón; y también se busca pasar del 8 por ciento de las exportaciones del sector a un 15 por ciento, para que se constituya en el segundo sector de nuestra economía en esa materia", agregó el diputado oficialista.

"Es muy importante que tomemos en cuenta que es un proyecto que apunta a la competencia entre mercados de países", remarcó el diputado cordobés, para justificar el impulso de la iniciativa.

En tanto, la diputada de Juntos por el Cambio, Karina Banfi, destacó la importancia de sancionar el proyecto de Economía del Conocimiento y dijo que desde la oposición "cada vez que nos convoquen a fomentar la inversión y el desarrollo nos van a ver a todos juntos".

La vicepresidenta de la comisión de Comunicaciones se refirió a la reforma de la ley de Conocimiento sancionada en el gobierno de Mauricio Macri y dijo que "este tipo de empresas son parte de la cultura del trabajo del futuro que queremos fomentar, con incentivos que permitan el desarrollo del personal calificado a través del mérito y que potencia el federalismo que la ley tiene".

Señaló, además, que en el 2018 "se registraron exportaciones por 6.200 millones de dólares. El potencial que tiene este sector es incomparable. Pero quedó todo trunco con la votación de la ley de emergencia económica de diciembre", afirmó la diputada opositora. "Lo advertimos, y el Gobierno lo comprendió y por eso aceptó muchos de nuestros planteos", agregó.

En tanto, el diputado cordobés de la UCR, Víctor Hugo Romero, indicó que “esta ley generará trabajo y fomentará el federalismo” y pidió seguir trabajando para generar conectividad en cada rincón del país.

A su turno, el diputado del Frente Progresista, Cívico y Social de Santa Fe, Luis Contigiani, sostuvo que “la economía del conocimiento es el tercer motor económico de la Argentina”. 

“No le tenemos que tener miedo a la iniciativa privada en el país.Tenemos que tener una visión estratégica”, señaló y pidió dejar de lado “debates que atrasan estos días de un lado y del otro”, en relación a la expropiación de Vicentin.

El titular de la bancada Unidad y Equidad federal, José Luis Ramón, indicó que los empresarios que ganan “detrás de la sanción de esta ley tienen nombres” y mencionó a firmas como Cablevisión, Telefónica Móvil, Pampa Energía, Cargill, Panamerican Energy y Mercado Libre, entre otras.

“Las pymes no lo van a poder hacer, en tanto estos grandes logren ingresar a esta ley. Estos son los verdaderos favorecidos”, insistió.

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En tanto, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, denunció que en medio de la pandemia, la Cámara de Diputados, vuelva a discutir “esta ley que fue sancionada durante el macrismo a pedido de Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre.

“En estas ley se beneficia a los grandes laboratorios como Roemmers, por eso está claro porque nos vamos a oponer. Son empresas que pican en punta en la precarización de los trabajadores y trabajadoras”, indicó.

En el proyecto, las grandes empresas siguen siendo consideradas como destinatarias de este régimen porque son empresas emblemáticas de Argentina, que mueven la economía y el empleo del país.

Este tope funciona de manera tal que permita seguir generando empleo si una empresa al momento de la inscripción tiene 5.000 empleados, va a poder inscribirse al régimen con 3.745 empleados afectados a la actividad promovida y luego si la empresa suma empleados por encima de su nómina inicial de 5.000, esos nuevos empleados quedan fuera de este tope.

De esta manera, también se busca estimular el nuevo empleo vinculado con las actividades promovidas en la ley. Por ejemplo, si la empresa de 5.000 empleados en el mes siguiente a su inscripción toma 100 empleados nuevos, estos ingresos tendrán el beneficio del 70% de reducción de contribuciones patronales.

Otro cambio que busca la nueva ley es "una orientación inclusiva y federal", donde las empresas podrán acceder a 10 puntos adicionales en las contribuciones patronales, o sea un 80%, en caso de que incorporen mujeres, profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; discapacitados, personas que sean previamente beneficiarias de planes sociales o que habiten en zonas de menor desarrollo relativo.

Por otro lado, se elimina el requisito fijado en la ley aprobada el año pasado que obligaba a las provincias a adherir al régimen mediante la sanción de una ley que respetara la estabilidad fiscal y ofreciera beneficios adicionales, y a la que sólo habían adherido seis provincias. De esta forma, la ley por si misma adquiere el carácter federal que promueve.

Se ajustó la forma de encuadramiento para aquellas empresas pertenecientes a los nuevos sectores cuyo ingreso al régimen no estaba definido claramente a partir de la exigencia del 70 % de facturación de la actividad principal, que tenía que ver con el nivel de facturación de la actividad promovida.

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También el proyecto establece la creación de un Consejo Consultivo integrado por entidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación, y fija criterios para definir el encuadre de empresas ligadas a las nuevas actividades que incluye la ley frente a una experiencia de varios años que tenía a la industria del software como única destinataria.

Se crea un Fondo con un porcentaje que van a aportar las empresas del beneficio que ya estaba previsto en la ley, pero con otro destino: la promoción de la economía del conocimiento para financiar capacitación, formación de recursos humanos, proyectos de inversión productiva, internacionalización de pymes, actividades de innovación. Este fondo será de apoyo exclusivo para las Pymes.

Fuente: Ámbito