La canasta básica total, que se utiliza para delimitar la pobreza, aumentó 15,8%, por encima de la inflación, pero por debajo de lo que había crecido en enero y febrero; la canasta alimentaria, que se usa para medir indigencia, subió 13,1%
El Gobierno está a punto de concluir el primer capítulo de la larga y aún incierta renegociación de la deuda. Este primer tramo abarca la deuda en moneda extranjera bajo legislación extranjera. Luego viene el turno de la deuda bajo legislación argentina. El tercer tramo abarcaría a la deuda con los organismos financieros internacionales. Y el cuarto la deuda intra-sector público, o sea con los organismos públicos como ANSeS y bancos oficiales, una negociación “consigo mismo” pero de fuertes implicancias económicas y sociales.
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Aunque la reestructuración implica alargar los vencimientos y el recorte de intereses, el peso de la deuda y los compromisos que se está asumiendo seguirán marcando los programas, los planes y la evolución de la economía argentina.
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Al 31 de marzo, la deuda pública sumaba U$S 324.781 millones, equivalente a casi el PBI de la Argentina, según los registros de la Secretaria de Finanzas.
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El primer capítulo – bonos en moneda extranjera bajo legislación extranjera- suman 67.866 millones, alrededor del 20% del total. Y la negociación llevó mucho más tiempo y fue mucho más dura como lo evidencia que el Gobierno tuvo que reveer su oferta original – que había calificado como la máxima con la sostenibilidad futura de esos compromisos-- en tres oportunidades, y aún todavía un sector de acreedores es remiso a dar su OK.
En cada oferta, el gobierno mejoró en favor de los acreedores los términos y condiciones de su propuesta para reestructurar los bonos emitidos bajo legislación extranjera, cuyo plazo de aceptación ahora vence el 4 de agosto.
Con respecto a la oferta original presentada el 22 de abril, se redujeron las quitas de capital, se adelantó el devengamiento de intereses, aumentaron las tasas de cupón y se redujo la vida promedio.
La nueva oferta
La nueva oferta implica pagos de amortizaciones e intereses por US$ 42.405 millones en el período 2020-2030, según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional. En la primera propuesta, del 22 de abril, la oferta argentina ascendía a U$S 29.929 millones. Así, los acreedores obtuvieron un adelantamiento de los pagos por U$S 12.475 millones. Para la Consultora P x Q, “la diferencia con la oferta original presentada en abril es de USD 11.500 millones más de pagos de capital e intereses. Tal como se puede apreciar en la comparación de las curvas que reflejan los pagos por año, el Gobierno en esta nueva oferta acepta realizar mayores desembolsos en los primeros años”.
Además, se mantienen los términos originales de los títulos elegibles y se reconocen los intereses devengados mediante la entrega de un bono con vencimiento en 2030. Pese a la mejora de la oferta argentina, aún subsisten diferencias en relación a los términos financieros y jurídicos con respecto a la posición de los principales grupos de bonistas, en particular frente a la última propuesta conjunta de los grupos AHBG y EBG.
Por su parte, los fondos de inversión Gramercy y Fintech anunciaron públicamente su apoyo a la nueva oferta. La tasa de interés promedio de la deuda reestructurada tiene un promedio ponderado de casi el 4% anual para toda la vida de los nuevos bonos, un nivel alto para los actuales niveles internacionales.
Las principales variaciones
También la consultora Ecolatina dice que “en líneas generales, haciendo una comparación entre la primera y la última propuesta, las diferencias económicas más relevantes son la reducción del período de gracia, el aumento de los cupones, la relajación de la quita de capital, el adelanto de la amortización y madurez de los bonos y el reconocimiento de los intereses corridos. Además, plantea algunos cambios legales más beneficiosos para los acreedores. El principal es que le mantienen las condiciones contractuales de los bonos originales (las famosas CACs), un reclamo los tenedores de los bonos indenture 2005 hicieron presente desde el inicio”. Y se reconocen los intereses corridos hasta septiembre en vez de hasta abril si se ingresa al canje de forma voluntaria.
De lograr cerrar este capítulo, el Gobierno ya adelantó que el siguiente es avanzar sobre canje de la deuda en moneda extranjera bajo legislación local, replicando la oferta final a la deuda bajo legislación extranjera.
Según Ecolatina, “mientras que la primera oferta implicaba pagos por apenas U$S 330 millones hasta 2023, en la actual esos vencimientos ascienden a USD 2.180 millones. Asimismo, si ampliamos el horizonte a 2028, los montos ascienden a USD 16.300 y USD 27.800 millones, respectivamente. Por último, a 2046, los montos pasan de USD 81.900 millones a USD 94.600. Esto implica que el debt relief – el alivio de deuda frente a la situación original- se reduzca de USD 42.200 a USD 29.500 millones, una diferencia de USD 12.700 millones”. Estos números podrían cambiar si el Gobierno hiciera alguna mejora adicional por la presión de los Fondos más intransigentes.
De lograr cerrar este capítulo, el Gobierno ya adelantó que el siguiente es avanzar sobre canje de la deuda en moneda extranjera bajo legislación local, replicando la oferta final a la deuda bajo legislación extranjera.
“Aplicando igual tratamiento, la diferencia entre la primera y la última propuesta supone desembolsos adicionales a 2023 por USD 500 millones (ascenderían a USD 2.600 millones) y de USD 21.000 millones tomando todo el horizonte temporal de la deuda”, calcula Ecolatina. Luego sería el turno con los principales acreedores externo del país, los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), BID; Club de París, Banco Mundial, con deudas por U$S 67.200 millones. En este caso, el perfilamiento de la deuda está condicionado al programa económico que el Gobierno se comprometa a llevar adelante. Y luego o simultáneamente el canje de la deuda con los organismos públicos
Fuente: aire digital
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