La Legislatura porteña aprobó la Ley para regular a las app de delivery pero los repartidores la rechazan

En medio de protestas, la legislatura porteña aprobó este jueves la Ley que regular la actividad de los repartidores, mensajeros y aplicaciones de delivery, que obliga a todos ellos a constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y contar con un seguro laboral, entre otros puntos.

La nueva norma regula una modalidad de trabajo que adquirió protagonismo a raíz de la cuarentena por el coronavirus: el servicio de mensajería y reparto de sustancias alimenticias, popularizados con el crecimiento de plataformas como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats.

La ley prohíbe el sistema de incentivo y castigo a los trabajadores e incorpora un sitio de quejas para los clientes. Asimismo, establece la creación de un registro de las operadoras digitales y los repartidores y mensajeros, e incorpora requisitos como estar inscriptos en la AFIP y la AGIP. Por otro lado, exige a los repartidores contar con una habilitación y hacer cursos de capacitación relacionados con seguridad vial.

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El proyecto fue una iniciativa de la diputada Cristina García de Aurteneche (Vamos Juntos) y del legislador Marcelo Guouman (UCR/Evolución), y luego lo acompañaron otros legisladores oficialistas.

“Los repartidores y mensajeros asumieron un rol esencial durante el aislamiento, permitiendo a muchas personas, incluso a aquellas que forman parte de los grupos de riesgo, acceder a los productos que necesitan sin salir de su casa”, dijo durante la sesión de hoy la diputada García de Aurteneche.

La ley establece que las aplicaciones deben retrotraer a los valores de marzo las comisiones que les cobran a los comercios. Cabe destacar que antes de que se desatara la pandemia de coronavirus las comisiones rondaban el 20% pero ese costo se fue elevando a medida que creció la demanda en medio de la cuarentena hasta llegar al 35%.

Según el diputado del Frente de Todos, Santiago Roberto, la comisión que podrán cobrar las empresas será de hasta 20% pese a que su proyecto proponía un tope del 15%.

“Reconocemos la predisposición del bloque oficialista para modificar el proyecto original, tomando algunas propuestas que nosotros hicimos, entre ellas obligar a las empresas a que le garanticen a los trabajadores los elementos básicos para su seguridad vial y sanitaria y , también, que hayan sumado la obligación de que las empresas contraten a su exclusivo cargo, o sea sin costo para los trabajadores, seguro de vida, responsabilidad civil y de accidentes personales para la protección de los repartidores”, sostuvo Roberto.

“La Ciudad de Buenos Aires dio hoy un paso muy importante en materia de incorporación de tecnología y reconocimiento del rol que juegan las plataformas en el futuro de la ciudad. Vamos a ver en detalle el texto aprobado y aguardar la reglamentación, pero en Uber estamos convencidos de que las regulaciones modernas están en la dirección que debemos seguir”, dijo a infobae Juan Labaqui, gerente de Comunicaciones de Uber para el Cono Sur.

En otro orden, el diputado del GEN Sergio Abrevaya sostuvo que el delivery llegó para quedarse, pero consideró que hay que poner límites a los abusos para proteger al comercio, al cliente y al repartidor.

“Desde el año pasado, planteo la necesidad de suspender la habilitación a quienes tengan prácticas abusivas. Para proteger al comercio y al cliente, si hay prácticas de monopolio u oligopolio, puede haber suspensión de las empresas”, afirmó.

Desde la Asociación de Personal de Plataformas (APP) cuestionaron ayer el proyecto al definirlo como “discriminatorio” hacia los repartidores.

En un comunicado, la APP argumentó que la iniciativa crea "la figura del repartidor habilitado" y "dispone más de 15 sanciones en los códigos de transporte, de faltas y contravencional especialmente pensadas para perseguir a los repartidores que no cuenten con la habilitación".

“La Ciudad de Buenos Aires dio hoy un paso muy importante en materia de incorporación de tecnología y reconocimiento del rol que juegan las plataformas en el futuro de la ciudad. Vamos a ver en detalle el texto aprobado y aguardar la reglamentación, pero en Uber estamos convencidos de que las regulaciones modernas están en la dirección que debemos seguir”, aseguró Juan Labaqui, Gerente de Comunicaciones de Uber para el Cono Sur.

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Repartidores, en contra

El personal agrupado en la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm) se movilizó hoy hacia la Legislatura porteña en rechazo del a nueva ley que regula la actividad por considerar que solo la precariza y modifica la norma vigente.

La concentración de los repartidores se inició en las puertas de la Legislatura antes del mediodía con unos 500 trabajadores exhibiendo pancartas, realizando cánticos y tocando bombos, todos ellos con barbijos pero con poco distanciamiento social. Luego hubo algunas corridas e incidentes menores.

También marchó esta mañana hacia la Legislatura, en Perú 130 de la ciudad de Buenos Aires, el personal agrupado en la Agrupación Trabajadores de Reparto (ATR) en rechazo de la iniciativa del oficialismo metropolitano.

Ese personal también exige “una regulación discutida con los trabajadores y el reconocimiento laboral”, y señaló que “el proyecto de modificación de la norma vial es un ataque a los empleados de reparto y genera un marco legal para que las empresas de plataformas continúen precarizando a los trabajadores”.

Un documento de la Asimm, que conducen Marcelo Pariente y Maximiliano Arranz y tiene personería gremial, repudió el intento oficial de modificar "la ley que cobija al personal" del sector y denunció que el texto de la iniciativa fue redactado "a medida y capricho de las plataformas y las multinacionales".

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“Se trata de defender la relación de dependencia que el oficialismo porteño pretende poner en duda con una reforma bochornosa que solo acomoda la legislación al modelo de negocio de las transnacionales, basado en la explotación y la precarización laboral de los trabajadores”, puntualizó.

Los dirigentes señalaron su “confianza” de que en “el corto plazo el gobierno nacional determine límites a la voracidad de esas aplicaciones y las obligue a reconocer la relación de dependencia de los trabajadores”, enfatizaron.

Fuente: Infobae