Se trata del Decreto Nº1053 firmado por Mauricio Macri en 2018, que compensó a las distribuidoras de gas por las pérdidas por la fuerte devaluación de ese.
Nacional - Congreso24 de julio de 2020
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El Senado derogó esta noche el Decreto de Necesidad y Urgencia 1053 firmado por Mauricio Macri en 2018 que compensó a las distribuidoras de gas por casi u$s400 millones en 30 cuotas, por las pérdidas ocasionadas por la fuerte devaluación de dólar de aquel año. Fue por 41 votos a favor y 25 en contra.
El Senado trata esta noche el Decreto de Necesidad y Urgencia 1053 firmado por Mauricio Macri en 2018 que compensó a las distribuidoras de gas por casi u$s400 millones en 30 cuotas, por las pérdidas ocasionadas por la fuerte devaluación de dólar de aquel año.
En octubre de 2018, con la fuerte devaluación, las deudas de las distribuidoras con las productoras de gas crecieron exponencialmente. En ese momento, el exsecretario de Energía, Javier Iguacel, ideó un sistema de 24 cuotas para que esas deudas fueran absorbidas por los usuarios incluyéndolas en las facturas y firmó la Resolución Nº 20/18. Esta resolución generó denuncias penales y un repudio generalizado y se derogó.
Entonces, el macrismo estableció en el artículo 7 del DNU 1053 un mecanismo por el cual el Estado Nacional asumió esa deuda entre privados que se había generado por las “bases y condiciones” ideadas por Aranguren con las empresas y la aprobación del Enargas. Estableció una compensación de u$s393 millones en 30 cuotas mensuales. La primera cuota fue abonada el 6 de diciembre de 2019 y ascendió a $818 millones. Por las cuotas remanentes el Estado debería pagar todavía $23.654 millones sin contar intereses, que ahora quedarán sin efecto.
Al tomar la palabra, en defensa del rechazo a este decreto de Macri,el senador oficialista, Carlos Caserio, indicó que "resulta imposible considerar que existe necesidad de urgencia en una medida que contempla un caso retroactivo y muy extenso, cuya prestación efectiva se va a hacer a fines del año entrante".
A su turno, el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, señaló que el DNU 1053/18 “le hace pagar al Estado argentino más de 400.000.000 millones de dólares a las productoras de gas por los efectos de la devaluación del peso”. “Si a las productores de gas se les reconocía que se les iba a pagar por la devaluación, porque esto no fue así para los trabajadores”, sentenció.
Por su parte, la senadora por Santa Fe María de los Angeles Sacnun, destacó que en “noviembre de 2017 Aranguren llamó a las empresas y cartelizó el mercado”. “Claro, se estaba apurando porque en diciembre vencía la Ley de Emergencia y se tenían que atener a los términos de la ley 24.076, que da el marco regulatorio de la actividad gasífera", explicó.
Para la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti puntualizó que "estas intervenciones tienen el objetivo de revisar las reglas del juego en favor de los usuarios y consumidores. Este DNU es la culminación de la estafa del tarifazo que fue el gobierno de Macri. Los servicios públicos son derechos sociales".
En el cierre del debate, el senador de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff defendió el decreto de Macri 1053. Aseguró que ese DNU “llevó sensatez y certidumbre a los usuarios” y lo denominó como “un mecanismo de compensación para que el Estado se haga cargo en un 50% de los desfasajes tarifarios del gas por la devaluación”.
Según el legislador, ese decreto corrige una resolución de 1992 que disponía que los desfasajes correspondían absorberlo a los usuarios. "Ahora, cuando rechacen el decreto 1053 del expresidente háganse cargo de lo que se viene, porque este decreto enfrenta en cuotas el desfasaje generado por la inflación. Si lo dejan sin efecto los pagarán los usuarios", lanzó.
En su cierre, el senador por Formosa del Frente de Todos José Mayans, comenzó diciendo: "Iniciamos en un país prácticamente en default. No estamos buscando endeudar más al país, buscamos la independencia económica. Si tenemos éxito en la negociación bajaríamos el endeudamiento de la Argentina en 40 mil millones".
"El aislamiento social, preventivo y obligatorio es en consecuencia a la falta de cura para este virus, el cual no distingue el color político", expresó Mayans.
En otro orden, se aprobó una serie de DNU emitidos por el Gobierno de Alberto Fernández como el que prorrogó el aislamiento social, el que prorrogó la intervención de la AFI, uno sobre la intervención del ENARGAS y otro que extendió hasta el 31 de julio el Régimen de Regularización de Deudas Tributarias en el marco de la pandemia.
Antes, se llevó adelante un abultado paquete de proyectos como el de donación de plasma sanguíneo de personas recuperadas del coronavirus y el que declara de interés nacional la lucha contra la fibrosis quística, ambos convertidos en ley.
Fuente: Ámbito
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