El reconocimiento del FMI da la razón a senadores

El reconocimiento sorprendió, gratamente, a los funcionarios argentinos que escuchaban a los visitantes. Uno de los integrantes del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) que protagonizan las negociaciones para cerrar la “Carta de Intención” de un futuro acuerdo con la Argentina, hablaba con un funcionario local sobre los planes de pago y envió un mensaje curioso sobre el stand by vigente. El visitante reconoció ciertas particularidades de ese crédito que no ingresan en los estándares del estatuto de la entidad, y asumió como ciertas las acusaciones que figuran en la carta que publicaron los senadores del oficialismo la semana pasada. El técnico proveniente de Washington dijo que leyó la misiva de los legisladores oficialistas y, casi indirectamente y sin intencionalidades extras, dijo que éstos “estaban en lo correcto”. Puntualmente, afirmó que el FMI liberó dólares fuera de los límites que imponen sus normas, y que ese dinero sirvió para subsidiar el precio de la divisa para que se retire del sistema financiero local. Aclaró que es un error hablar de “fuga” sino que es “retirada legal”; pero reconoció que el Fondo nunca debía haber aceptado esa operación.
 
Hubo dos momentos en que el FMI avaló el uso del dinero prestado para otros fines. El primero fue en agosto de 2018, cuando Macri enfrentaba una nueva corrida; con ya débiles reservas del Banco Central como única arma habilitada para la pelea. Argentina realizó un pedido oficial para que los dineros provenientes desde Washington ayudaran a la entidad que manejaba entonces Luis “Toto” Caputo a enfrentar la embestida. La idea era dar batalla con la estrategia de aportar todos los dólares que el mercado pidiera, con el objetivo de dar la imagen a los mercados que el Gobierno no vulneraría el derecho de los ahorristas de todos los niveles pudieran acceder a las divisas. Y que, con el tiempo, la actitud recreara la confianza suficiente para convencer al público y empresas que el país respetaba sus compromisos y era confiable para continuar recibiendo y despidiendo dólares. El pedido de la Argentina se enfrentó con la negativa radical del número dos del FMI, el norteamericano David Lipton. Este economista, de origen demócrata y heredero ideológico de Anne Krueger, se oponía militantemente a violentar el artículo VI de la carta orgánica del FMI, donde se explicita que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. El técnico de Washington (hombre con poder de decisión), no formaba parte en las misiones del FMI que negociaron, avalaron y luego fiscalizaron el stand by, pero liberó de responsabilidades a sus colegas que sí participaron. Fue en ese momento en que Macri llamó personalmente al presidente Donald Trump para pedirle que presionara/habilitara al FMI para que le permita el uso del dinero del stand by para realizar política cambiaria. El norteamericano ni lo pensó. Llamó a su secretario del Tesoro Steven Mnuchin, que a su vez telefoneó a Lipton para darle la orden de obedecer a Macri si quería permanecer en su cargo. Lipton finalmente aceptó y firmó el permiso para que el país dispusiera de unos u$s6.000 millones para contener eventuales corridas cambiarias, con un límite diario de u$s250 millones, inaugurando una etapa de amplia salida de divisas, estabilidad cambiaria y alza de Macri en las encuestas.

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El stand by firmado por Macri en junio de 2018, fue refritado en septiembre de ese año; ampliándose a unos u$s57.400 millones finales que se prestarían escalonadamente; y, nuevamente, se imponía que debían ser única y exclusivamente destinados a cubrir los vencimientos de deuda. Eventualmente, y bajo fiscalización específica del Fondo, para cubrir desvíos fiscales. Como esta operación debía incluir venta de divisas en el mercado local, lo que provocaría intervenciones en el mercado cambiario y emisión de pesos, debía ser negociado con Washington. En general el compromiso se cumplió en los primeros meses.

Sin embargo, el teléfono rojo volvió a funcionar antes de las PASO del 11 de agosto, habilitando otros u$s2.500 millones también para ejecutar política cambiaria; dinero que se utilizó, fundamentalmente, el 12 de ese mes, primer día poselecciones, y en una jornada en que el dólar alcanzó los $57,3, luego de una devaluación del 21,3%. Ese día salieron del sistema financiero unos u$s1.200 millones, en teoría, financiados por dinero del FMI.

Estima el propio organismo que unos u$s8.000 millones de los u$s44.800 millones que el Fondo había girado a la Argentina se habilitaron para ejecutar política cambiaria, violentando la letra del artículo IV del organismo, a partir de las presiones directas del Gobierno de Trump con la carta de ser el principal aportante del organismo.

Fuente: Ámbito