Roberto Arias y Mercedes Marcó del Pont expusieron ante la Comisión de Presupuesto y son dos de los abanderados del proyecto para beneficiar a las pymes. Una vez más, objeciones de la oposición
Economía20 de abril de 2021
Colaborador
El secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, defendieron este lunes el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica las alícuotas del impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades, generando un esquema de reducción gradual.
Los funcionarios participaron de una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), donde el oficialismo buscará firmar dictamen este jueves.
El primero en exponer fue Arias, quien recordó que en la reforma tributaria de 2017 se establecieron, para los períodos fiscales 2018 y 2019, alícuotas del 30% para las sociedades y del 7% sobre los dividendos distribuidos. En ese entonces se dispuso que a partir de 2020 las tasas serían del 25% y del 13%, respectivamente.
Luego, la Ley de Solidaridad Social sancionada en 2019 suspendió la baja por un año (2020), manteniendo las alícuotas del 30% y del 7%, y ahora el Ejecutivo propone nuevas alícuotas.
Sobre la ganancia neta imponible acumulada de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%. Sobre la distribución de dividendos, en tanto, todas las empresas pagarán una alícuota del 7%.
El proyecto oficial propone una actualización anual de los tramos de las escalas en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la primera de ellas en enero de 2022.
“Todos los países del mundo aplican alícuotas relativamente altas, y esto, a nuestro juicio, tiene un impacto marginal en las decisiones de inversión. El hecho de que el impuesto sea cinco puntos más alto o más bajo ha tenido un impacto prácticamente nulo o marginal porque las posibilidades de inversión dependen de muchos otros factores”, consideró Arias.
En ese sentido, sostuvo que “son mucho más importantes los factores macroeconómicos”, como se demostró entre 2018 y 2019, cuando la tasa de inversión pasó del 20% al 17%.
Arias explicó que la reforma de 2017 tuvo un “error de fondo” porque “el sistema impositivo que tiene que estar contextualizado”, por ejemplo, teniendo en cuenta los niveles de inflación en Argentina.
El funcionario dijo que se busca ir hacia “un nivel de recaudación del impuesto cercano a los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, que es del 3% del PBI, siendo que es un impuesto que tiene la ventaja de que grava las ganancias”.
Señaló a su vez que “en esta situación tan difícil” por la crisis heredada y la pandemia, “las empresas que más ganan tienen que pagar más impuestos, mientras que las que tuvieron pérdidas no tienen que ver aumentada su carga tributaria”.
“Ganancias es el mejor impuesto que se aplica en condiciones de crisis, porque las empresas que han tenido problemas no van a ver afectada su capacidad económica, mientras que las grandes, que han tenido muchas ganancias, es justo que hagan un aporte adicional”, aseguró Arias.
Asimismo opinó que “es absolutamente oportuno en términos internacionales” aplicar esta reforma al igual que en otros países.
Por su parte, Marcó del Pont indicó que sobre todo en el contexto de la pandemia, “la forma más permanente, más virtuosa y más genuina de financiar las políticas públicas es a través de la recaudación de impuestos”, y “Ganancias es uno de los más progresivos del esquema impositivo”.
“Se están gravando las ganancias, no la facturación, y eso es muy equitativo”, destacó la titular del ente recaudador, y añadió que “la reforma garantiza fuentes de financiamiento genuinas para las políticas públicas, permite profundizar la progresividad del tributo y saldar una deuda histórica con las pymes” que pedían una rebaja.
Recordó que “el proyecto original era más restrictivo, y a partir de un diálogo con los legisladores se modificó” para que nueve de cada diez empresas tengan una alícuota reducida, ya que con la anterior iniciativa se beneficiaban casi siete de cada diez.
Marcó del Pont fue muy crítica de la reforma de 2017 y lo fundamentó con números: informó que entre 2018 y 2019 se perdieron 261.000 millones de pesos en términos de recaudación.
A las provincias eso les significó una merma de su recaudación de 156.000 millones de pesos, debido a que es un impuesto coparticipable, y de seguir aplicándose esa reforma “se hubieran llegado a perder 582.000 millones, con casi 350.000 millones de pérdida para las provincias”, advirtió la funcionaria.
Por último, señaló que a nivel internacional existe una visión muy crítica de bajar impuestos, de desregulación del mercado y de los flujos financieros. “La flexibilidad de normas y la baja de impuestos no generaron el efecto derrame. Las rentas que se generaron provocaron una mayor concentración de la riqueza”, observó.
“La alternativa a esto es el endeudamiento. Y ya lo vivimos. Esta ampliación del espacio fiscal que supone recaudar a través de un impuestos directo vuelve en política públicas”, definió.
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