Es en la ley para repatriar dólares y pagarle al FMI. Hubo dictamen. "Esto sigue siendo un blanqueo", protestó Lousteau.
Economía21 de abril de 2022
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Las filiales locales de los Bancos extranjeros podrían ser obligadas a cerrar sus sucursales si no colaboran para identificar los dólares de argentinos depositados en el exterior sin declarar, según una de las modificaciones a la ley para repatriar bienes y pagarle al FMI que este martes tuvo dictamen el Senado.
Juntos por el Cambio no acompañó y consideró que se trata de un blanqueo en el que los evasores podrían quedar mejor parados que si se les aplica la ley tal cual está.
Pero el oficialismo sostuvo que no es un blanqueo porque no es voluntario, habrá nuevas herramientas para detectar a los evasores y los dólares repatriados permitirán cancelar el pasivo con el FMI. "Habrá muchos planteos de inconstitucionalidad, porque vamos a pisar muchos callos", vaticinó Oscar Parrilli, autor del proyecto.
No se dictaminó aún la otra iniciativa que la acompañaba, que le otorgaba más elementos a la AFIP para detectar evasores como el levantamiento del secreto bancario. El organismo recaudador pidió un tiempo para ajustar detalles, una muestra más de la falta de diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo.
El proyecto dictaminado es el que busca repatriar bienes de argentinos en el exterior sin declarar, con una multa del 20% a pagar en dólares que se depositarían en una cuenta destinada a cancelar la deuda con el FMI.
Según información recolectada por el bloque oficialista, se podrían registrar aproximadamente 350 mil millones de dólares, por lo que la penalidad alcanzaría para pagar los 40 mil que se le adeudan al Fondo.
"Esto sigue siendo un blanqueo. Vamos a grabar a los que tienen dinero en el exterior mejor de lo que nuestra legislación vigente le haría pagar y penar, que sería 38% de ganancias, más multa, IVA y Bienes personales. ¿Siguen pudiendo ingresar los funcionarios anteriores a 2010?", preguntó Martín Lousteau.
"No es un blanqueo porque como es compulsivo, no hay ninguna necesidad de restringir a nadie. Los vamos a buscar a todo el mundo", se defendió Juliana Di Tullio.
Tenemos que entender que sin una acción de los Bancos, traer los fondos fugados al exterior es una tarea imposible.
Parrilli anunció más de una decena de modificaciones, como la posibilidad de echar del país a los Bancos si sus casas matrices se niegan a informar las cuentas de argentinos. Lo contempla al citar el inciso 6 del artículo 41 de la ley de entidades financieras, que alude a causales de "revocación de la autorización para funcionar" si se registra la comisión de delitos, con la posibilidad de aplicar acciones penales.
Se aplicará en países con convenios de cooperación, como Estados Unidos, cuyo embajador visitó a Cristina Kirchner cuando el proyecto se presentó. De esta manera, El Banco Central estaría a autorizado a aplicar sanciones y hasta prohibir sus operaciones locales.
"Tenemos que entender que sin una acción de los Bancos, traer los fondos fugados al exterior es una tarea imposible", sostuvo Parrilli, quien habría recibido asesoramiento para estos temas de Hernán Arbizu, el ex HSBC que fue detenido por confesar operaciones de fuga de divisas.
Otro cambio es que la recaudación se agotará si se reúnen los 40 mil millones de dólares que se le debe al FMI, un pedido que habían hecho la Casa Rosada.
Los bienes que podrán registrar serán dinero, inmuebles, acciones y hasta "inmateriales", como obras de arte. El aporte, que Parrilli se niega a llamarle impuesto, será del 20% del total y del 35% si llega después de los 6 meses. El dinero deberá provenir de cuentas del exterior y no de una caja fuerte local.
Por pedido de los expositores convocados por la oposición (como la ex funcionaria de la AFIP y consejera de la magistratura Jimena Latorre), se aclaró que los evasores sólo serán librados de la ley penal tributaria, pero no de cualquier otro delito detectado como narcotráfico, lavado o terrorismo.
El proyecto mantiene el artículo que obliga a Martín Guzmán a consultar al Congreso antes de volver a negociar otro acuerdo con el FMI. Y sostiene la figura del colaborador, habitual en otros países.
Podrán ayudar si detectan al menos 500 mil dólares en el exterior no declarados, obtendrán una recompensa del 30%. Habrá un programa especial del Ministerio de Derechos humanos para proteger su identidad.
La oposición reconoció esta figura como novedosa, pero no le fue suficiente para acompañar. "Es innecesario y mucho más beneficioso de lo que hoy tenemos. Me hubiera gustado que vengan funcionarios de la AFIP y del Banco Central", se lamentó el riojano Julio Martínez.
El aliado del Gobierno Alberto Weretilneck dijo que poco importa hablar de fuga o blanqueo, porque "siempre cualquier hay una ley que se sale de la regulación habitual es injusto. La discusión es si estamos de acuerdo con la decisión de fondo, que es cómo pagar la reducción del 0.5% del PIB a la que nos comprometimos".
El jefe del oficialismo José Mayans cerró el debate increpando al oficialismo. "Traigan otra idea, por lo menos para pagar el desastre que dejaron. Para que no lo paguen el obrero ni la enfermera, el médico, ni el trabajador. Para que paguen en cambio los que jodieron, los que entraron en esa máquina financiera que destruyó la economía del país".
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