Comercio Interior podrá aplicar multas por hasta $214 millones, valor equivalente a 2.100 Canastas Básicas Totales para un hogar de tres integrantes. Será por infracciones a la ley de Defensa del Consumidor
Economía27 de octubre de 2022
Colaborador
“Zanahoria, pero también palo”, es lo que resume la estrategia oficial para mantener a raya la inflación en los próximos meses. Por eso el Gobierno incorporó en el proyecto de Presupuesto 2023, que tuvo media sanción este miércoles en Diputados, un aumento de hasta 4.200% en las multas que puede aplicar la Secretaría de Comercio Interior a las empresas por infracciones a la ley de Defensa del Consumidor. La idea principal es evitar incumplimientos de los acuerdos de precios vigentes pero también en algunos que esperan anunciar en los próximos días en el rubro textil y de consumo masivo.
El oficialismo pudo sumar a la hoja de ruta que envió el Ministerio de Economía a la Cámara baja el artículo 124, que propone una modificación en el inciso B del artículo 47 de la ley de Defensa del Consumidor. En dicho punto actualmente se consignan las sanciones económicas que puede aplicar Comercio Interior en caso de una infracción a la norma, que desde 2008 permanecen sin cambios, se encuentran entre $100 y $5 millones y perdieron efecto frente a la inflación.
En concreto, el texto establece que la multa puede ir desde 0,5 a 2.100 veces el valor de la Canasta Básica Total (CBT) que publica el Indec para una familia de tres integrantes, con lo cual ese valor se incrementará al ritmo de la inflación que pese sobre dicha cesta. Hasta septiembre la CBT equivalía a $102.073, por lo que a partir de ahora, siempre y cuando el artículo sea aprobado en el Senado, las sanciones estarán entre $51.036 y más de $214 millones por cada falta en la que incurran las firmas.
El secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, siguió el martes por la noche atentamente la votación en Diputados durante su paso por la inauguración de la Expo Pyme del Banco Nación en el hotel Sheraton. “Esto nos da poder de fuego y más herramientas para que las empresas cumplan al pie de la letra los acuerdos de precios, pero también aplica para las que están por fuera de los mismos”, afirmaba el funcionario con alivio.
Las otras herramientas de la ley de Defensa del Consumidor que permanecerán invariantes son: apercibimiento, decomiso de mercadería, clausura de establecimiento o suspensión del servicio afectado por hasta 30 días, suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado y la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios.
Tombolini suele dar como ejemplo las últimas multas que aplicó a supermercados y a compañías de consumo masivo que, explica, podrían haber sido por montos muy superiores en el marco de la modificación en la ley. En el primer caso fue a cuatro cadenas por más de $400 millones por incumplimientos en precios, stock y señalética de Precios Cuidados. En el segundo se sancionó también cuatro firmas por un acumulado de $18 millones, por ofrecer de manera simultánea dos presentaciones de un mismo producto pero con valores sustancialmente diferentes.
En Economía definen la estrategia de los acuerdos como “palo y zanahoria”, en línea con el incremento en las multas y los beneficios que prometen a las empresas que cierren acuerdos oficiales, como mayor certeza para importar, beneficios impositivos o un mayor nivel de ventas por estar incluido en programas tentadores para los consumidores.
Luego de Precios Cuidados, Ahora 30 y un convenio con algunas empresas de indumentaria, Comercio Interior se prepara para cerrar dos nuevos acuerdos en los próximos días: uno con el sector del hilado textil, que espera el visto bueno del ministro de Economía, Sergio Massa, y el famoso “Precios Justos” que debería estar finiquitado para la segunda semana de noviembre.
Fuente: BAE Negocios
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