Hace semanas, la diputada Elisa Carrió había exigido a los productores agropecuarios que liquiden la cosecha para que ingresen dólares.
Economía - AFIP24 de junio de 2018
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decomisó en dos operativos desarrollados en Córdoba 580 toneladas de soja y 59 toneladas de maíz no declaradas. En el marco del Operativo Cosecha Gruesa 2018, se efectuó un control de existencia de cereal en una planta procesadora de soja ubicada en la localidad de Oncativo, provincia de Córdoba, perteneciente a una importante sociedad agroexportadora de granos.
A raíz del recuento físico realizado, que fue contrastado con el stock declarado por el contribuyente ante el fisco, se determinó la existencia de los granos no declarados, por lo que se presume que se adquirieron y procesaron por fuera del circuito formal.
Al haber detectado granos sin respaldo documental, los agentes de AFIP, con la colaboración de personal de la Policía Federal Argentina, procedieron a decomisar de manera preventiva las 580 toneladas de soja en sus diferentes estados.
La soja quedó depositada en la planta verificada y no podrá ser movilizada hasta tanto se determine el origen de la misma y los responsables tributen los impuestos correspondientes a su comercialización.
Durante el control efectuado, los funcionarios también controlaron las inscripciones correspondientes de la planta, verificaron la situación previsional del personal que se encontraba trabajando y realizaron mediciones para determinar la cantidad real de grano crudo y procesado existente en el establecimiento.
Por otra parte, en un control de ruta efectuado en Villa del Totoral se produjo la detención de dos camiones que no llevaban la documentación de la carga transportada consistente en 30 toneladas de maíz pisingallo y 29 toneladas de maíz sin su correspondiente documentación.
Una vez que se venció el plazo prudencial otorgado y al no hacerse presente persona responsable alguna, se realizó el decomiso del cereal en cuestión, informó el organismo recaudador. En estos procedimientos participó personal dependiente de la Dirección Regional Córdoba de la DGI y de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social.
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La Aduana constató que, en efecto, había diferencias de entre un 15,15% y un 297,71% con respecto a los valores declarados. Según fuentes oficiales, habría sido para hacerse de dólares a precio oficial.
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