El gobierno buscará el equilibro fiscal a través de un plan de ajuste a privados

Alberto Fernández eligió comenzar su gestión económica y fiscal de una manera diferente a la de Mauricio Macri. En lugar de un primer período expansivo en el gasto público bajo la esperanza de una mejora en la actividad (la que nunca llegó), el nuevo Gobierno optó por la idea general que trajo Martín Guzmán desde Columbia. Se basa en mostrarle al mundo que se trata de un Gobierno respetuoso de la prolijidad fiscal; el karma crónico y eterno de las gestiones de origen justicialista. Y que el plan de asistencia social primaria, que tendrá un costo en el primer trimestre del año de unos $100.000 millones, no se financiará con la emisión (mucho menos, el pedido de dinero prestado del mercado), sino de los dólares y pesos que generen los privados que, teóricamente, tienen ingresos suficientes como para soportar este costo.
 
En todo caso, la elección de Alberto Fernández y su nueva gestión es que se lo critique por un nuevo ajuste “solidario” sobre los privados, y no por no entender la lógica de los equilibrios macroeconómicos básicos de no gastar más de lo que ingresa, y buscar en lo más rápido posible un superávit fiscal. Este, según los números de Guzmán, podría conseguirse en 2021.

Alberto Fernández tomó la decisión de avanzar con este plan fiscal siguiendo el mandato teórico que le dejaron aquellos primeros años de jefe de Gabinete de Néstor Kirchner: primero, garantizar la caja con un seguimiento diario de ingresos y gastos. Y luego pensar en cómo gastarlo. El Presidente, incluso, se hizo instalar en sus oficinas varias un esquema similar al famoso cuaderno Kapeluz de tapa dura con que Kirchner manejaba las cuentas públicas. En este caso, en lugar de ese artículo de librería, Fernández aprendió a manejarse con una planilla algo más moderna.

Augusto Costa: "Nuestro objetivo es que no cierre una sola empresa más en Buenos Aires"

La búsqueda de fondo es diferenciarse del Gobierno anterior. Macri inició su gestión liberando el cepo (lo que produjo una devaluación en dos etapas y una salida de dólares que comenzó a sentirse, fuerte, en 2018), cambiando un exitoso blanqueo por una fallida reparación histórica (generó gastos futuros que no pudieron ser sostenidos por la recaudación); reducción de retenciones (que luego debió subir durante la crisis con las 2.0), y beneficios sociales para contener a los monotributistas y los beneficiaros de las AUH. Por el contrario, Alberto Fernández inicia sus primeros 100 días de gobierno tomando una catarata de medidas impopulares, que lo enfrentarán de lleno con el campo y la industria (la reimposición de la doble indemnización) y con los contribuyentes que confiaron en el blanqueo de 2016 y lo enemistarán con gran parte de la clase media (impuesto a los viajes). La intención es invertir gran parte del apoyo político actual en el plan de ajuste sobre los privados, sabiendo que nada del eventual malestar económico que sus medidas provoquen recaerá sobre sus votantes. La gran apuesta es la de siempre y para cualquier gestión: que con este paquete la economía mejore, la inflación baje y la pobreza disminuya.

La batalla fiscal que quiere dar el Gobierno actual es lograr que el año próximo el déficit primario se muestre controlado y que no supere el 0,5% del PBI. Desde el albertismo se estima que el desequilibrio que dejó la gestión de Mauricio Macri, al que se le atribuirán los malos datos de diciembre, alcanzará entre el 1% y el 1,5% del PBI, por encima incluso de la meta de 1% comprometida ante el FMI para este año según reza el stand-by vigente. Si se cumpliera esta previsión de la aún oposición, el déficit primario treparía a los $200.000 millones. El exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dejó su cargo asegurando que el dato será mucho menos y que no superará el 0,5%, un porcentaje aún menor (la mitad) que lo firmado ante el FMI en septiembre del año pasado. La diferencia alcanza entonces a los $110.000 millones, un nivel incluso superior al costo del paquete pos-Paso que lanzó en su momento Mauricio Macri luego de la derrota del 11 de agosto, y que en toda la línea de gastos incrementados e ingresos postergados acumuló unos $90.000 millones.

El número final de la herencia de 2019 tardará en conocerse, ya que recién en la tercera semana de enero de 2020 estará el resultado final. Lo seguro, para la mirada del oficialismo, es que con la batería de medidas que se están lanzando en estas primeras semanas de la nueva administración es que los mercados sepan que la intención es sostener los equilibrios macroeconómicos básicos, aun a costa del malhumor en varios sectores de la sociedad; algunos de ellos, incluso, votantes.