El Gobierno se apresta a convalidar un mecanismo de suspensiones masivas con salarios reducidos en 25% para trabajadores eximidos de concurrir a sus puestos laborales durante la cuarentena a cambio de garantizarles estabilidad. La discusión en marcha oscila entre la postura de la Unión Industrial (UIA) de que el salario, con el pago del 50% comprometido por el Estado, alcance un total cercano al 60% del neto y la de la CGT, que plantea un valor más cercano al 80%. En el Ejecutivo adelantaron que primará un valor más cercano al 75%.
La vigencia de esa negociación dejó en suspenso las conversaciones individuales que los gremios más importantes iniciaron la semana pasada con sus respectivas cámaras empresarias para disponer ese tipo de esquemas en rubros como el Comercio, la actividad metalúrgica, y las industrias textil y automotriz, entre otras.
En los últimos días (incluso el fin de semana) hubo un cruce intenso de borradores entre funcionarios, técnicos y dirigentes de los ministerios de Trabajo (Claudio Moroni) y Desarrollo Productivo, la central fabril y la CGT con modelos de decreto para brindarles un paraguas legal a los licenciamientos. La base será el artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo (20.744) que establece las pautas de pago de salarios ante un caso de suspensiones por “falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación”.
Según los cálculos de empresarios y sindicalistas más de cinco millones de trabajadores permanecen en sus hogares desde el arranque del aislamiento social. De ellos la inmensa mayoría está en esa situación sin otro impedimento que la cuarentena y una mínima porción, por cuestiones de edad o condiciones de salud. El acuerdo marco para los licenciamientos está pensado para el grueso de la fuerza laboral, amparada en artículo 8 del DNU 297 que abrió el aislamiento obligatorio, según el cual los trabajadores ”tendrán derecho al goce íntegro de sus salarios habituales” sumado al 329, que prohibió hasta fin de mayo suspensiones y despidos.
Esas normativas, destinadas a blindar los puestos de trabajo, paradójicamente dejaron en una situación incómoda a los gremios que admiten la imposibilidad de las empresas de sus rubros de afrontar los sueldos del personal, incluso con el compromiso del Ejecutivo de que la Anses aportará hasta 50% del neto salarial a las empresas en crisis a través de la Anses. Dicho de otra forma, una vez que el Gobierno aumentó la promesa de ayuda (antes había ofrecido un máximo de un salario mínimo, vital y móvil por cada empleado, con pagos decrecientes en la medida en que subía la nómina de personal) privó de argumentos a la dirigencia sindical que se aprestaba a convalidar por su cuenta el mecanismo de suspensiones contra pagos del orden del 70%.
La meta de liquidación esta semana de los salarios de abril movilizó en bloque a la CGT y a la UIA en tratativas con el Gobierno y terminó de frenar las conversaciones individuales de organizaciones como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Comercio o la Asociación Obrera Textil entre otras. Hasta este fin de semana, la hipótesis de máxima de la central fabril era repartir las cargas de a tercios: que el Estado se hiciese cargo de una tercera parte del costo salarial (equivalente, dicen, al 50% ofrecido del neto), los empresarios de otra, y los trabajadores resignaran el otro tercio.
Para la CGT, en cambio, la irrupción del Estado con el DNU 376, que amplió el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) con el subsidio de hasta 50% de cada salario levantó la vara y debería llevar el valor del sueldo en licencia por cuarentena a un 80% del neto. Anoche los negociadores del equipo económico confiaron a este diario que la referencia preferida se acerca al 75%.
Fuente: Ámbito
