Contra reloj, las negociaciones por la reestructuración de la deuda externa ingresan en instancias decisivas. En las últimas horas se conoció el rechazo de los bonistas a la propuesta argentina como así también un comunicado oficial manifestando la decepción del Gobierno por la actitud de los bonistas. Pero en ambos casos se hizo explícita la intensión de encontrar una solución acordada.
 
 
En medios de la Casa Rosada se comenta que no se descarta “algún retoque” a la oferta argentina que tienda a acercar posiciones. Se especula con que posiblemente se corra la fecha límite del 8 de mayo para aceptar el canje y se termine resolviendo el tema el 22 de mayo, momento en el que la Argentina debe pagar intereses por bonos globales o caer en default.
 
En los pasillos oficiales se comenta que el presidente Alberto Fernández siempre quiso llegar a un acuerdo, pero por supuesto anteponiendo la recuperación del país.

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La necesidad de un entendimiento es clave en momentos en que la economía se encuentra en jaque a raíz de la crisis desatada por el coronavirus. Más aún, discretos emisarios habrían hecho llegar al primer mandatario la información que sería muy difícil continuar con las negociaciones tanto con el Fondo Monetario Internacional –el principal acreedor de la Argentina - como con el Club de París, si el país cayera en default.

Mediante un comunicado, los principales grupos de bonistas con legislación extranjera plantearon este lunes su rechazo a la propuesta de reestructuración de deuda presentada por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de la Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Cambio de Argentina representan, según señala el comunicado, un amplio espectro de tenedores de bonos soberanos. “Cada grupo ya ha rechazado públicamente los términos comerciales propuestos por Argentina para la reestructuración de su deuda externa”.

La comunicación manifiesta que los inversores “desean reiterar y dejar en claro que no pueden respaldar la oferta de intercambio recientemente anunciada por la República, y no entregarán sus bonos porque, entre otras razones, los términos requieren que los tenedores de bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias”.

Sin embargo, el comunicado concluye señalando que “cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos está preparado para discutir constructivamente con la Argentina cuando su gobierno esté listo para hacerlo, con el objetivo común de encontrar una solución viable a los desafíos financieros actuales de la República”.

También se conoció un documento elaborado para los bonistas en el que se refiere a duros términos sobre la propuesta argentina. Uno de los párrafos enfatiza: “¡No es 2005! Los tenedores de bonos están bien organizados, bien intencionados y bien informados sobre lo que Argentina puede permitirse al abordar sus desafíos financieros actuales”.

El trabajo rescata expresiones de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, “asegurando” que el país pagará los bonos canjeados durante su mandato. También recuerda que la Iniciativa de Suspensión de la Deuda del G20 exige “una suspensión de pagos neutrales de valor presente neto con límite de tiempo, no una confiscación de 3 años”, haciendo referencia al período de gracia propuesto por el país durante el cual no se pagarían intereses.

Tras considerar que en el marco de una crisis como la de hoy, la “Argentina debería discutir los flujos de efectivo que vencen en el corto plazo, no en una década”, el documento concluye que “aquellos que consientan recibirán nuevos bonos con términos legales y económicos mucho peores” que los que tienen actualmente.

Respuesta de la Argentina

La respuesta argentina no se hizo esperar y a primera hora de la tarde se difundió un comunicado oficial en el que se señala que “El Gobierno de Argentina ha revisado y está decepcionado con la declaración del día de hoy por parte de tres grupos de acreedores”.

Sin embargo, en lo que entre los acreedores se leyó como una frase conciliatoria, el comunicado continúa sosteniendo que “mucho puede cambiar en el transcurso de una semana. Tenemos la esperanza de que nuestros acreedores reconozcan que, especialmente a raíz de la crisis del Covid-19, Argentina no puede pagar más… Si los tenedores de bonos tienen un enfoque diferente que se adecúe a esas limitaciones, deberían presentar una propuesta específica. El Gobierno argentino permanece dispuesto a escuchar y tratar de encontrar un denominador común. Pero cualquier propuesta debe pasar primero la prueba del sentido común".

“No creo que los acreedores vayan a presentar ahora una oferta específica como solicita el Ministerio de Economía”, señalaron a Ámbito especialistas internacionales con buenas conexiones con los inversores. Según su razonamiento, los grupos que han manifestado su rechazo a la oferta argentina cuentan con mayorías suficientes para bloquear el canje. Cabe recordar que para los títulos emitidos durante el gobierno kirchnerista se requiere la aprobación de por lo menos de 85% de los tenedores.

En estas condiciones evaluó que “posiblemente la Argentina tenga que prorrogar la fecha del 8 de mayo para la recepción de ofertas y en este escenario los bonistas tendrían una mejor posición negociadora”.

La frase oficial referida a “tratar de encontrar un denominador común” fue leída por algunos especialistas como la puerta de acceso a un “endulzante” de la oferta argentina. En estos círculos se considera que, si el país capitalizara los intereses durante el período de espera, acortará el período de gracia o mejorará en algo el cupón, “las posibilidades de entendimiento no estarían lejanas”.

En términos de las paridades de los títulos se calcula que oferta argentina rondaría el 40% contra una aspiración mínima del 60% por parte de los acreedores. “No debería ser muy difícil llegar a un punto intermedio” señalan en Wall Street. Algunos especulan que Argentina podría aceptar 48% y los acreedores 51%. Por ahora, el ministro de Economía se mantiene en su oferta inicial.

Mientras tanto el Gobierno busca mostrar al mundo que cuenta con el apoyo de “todos los sectores” en su propuesta para los bonistas.

Esto explica la reunión que fuera convocada por la Presidencia de la Nación para que las principales entidades empresarias y la CGT se muestren junto a Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán respaldando la propuesta argentina.

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Desde hace días diferentes entidades empresarias entre las que se encuentra la Unión Industrial y la Cámara Argentina manifestaron su apoyo a través de comunicados. Los empresarios, preocupados por la difícil situación económica, tienen esperanzas de que Argentina llegue a un acuerdo. “Es que si nuevamente caemos en default será muy difícil lograr que en el mundo nos crean”. En particular, esta situación afecta a las empresas que exportan que recuerdan las enormes dificultades que tuvieron que enfrentar a partir del 2001.

Fuente: Ámbito