Economía del Conocimiento tiene ley: Cómo fue tratada en el Congreso

En lo que va de 2020, el sector que genera cerca de u$s 6000 millones al año vio pasar delante suyo tres leyes diferentes con un mismo propósito: brindar incentivos fiscales para el desarrollo de industrias. Se trata del Régimen de promoción de Economía del Conocimiento, que esta madrugada, finalmente, fue sancionado en Diputados.

Las idas y vueltas de la normativa es para el oficialismo un reflejo de que el debate y las instituciones funcionan y trabajan en pos de la mejor ley posible. En cambio, para la oposición, las marchas y contramarchas generan incertidumbre e inseguridad jurídica para el sector empresarial en un momento en el que la inversión, exportación y generación de puestos de empleo resultan clave. ¿Qué opina el sector tras la ley que finalmente fue sancionada esta madrugada?

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En enero de este año, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas decidió suspender la ley sancionada durante el macrismo hasta nuevo aviso. El argumento para dejar atrás la ley sancionada con amplio consenso durante la gestión anterior (y que había sido destacada incluso por el presidente Alberto Fernández) fue que se abocarían a estudiar en detalle la implementación del registro de empresas alcanzadas por el régimen, así como también los rubros y el tamaño de las empresas beneficiadas.

Así las cosas, en junio, la Cámara baja le dio media sanción, otra vez de forma prácticamente unánime a una nueva ley que había sido trabajada en tándem entre diputados y Kulfas. Y esta madrugada, durante el debate de la iniciativa, la radical Karina Banfi, se encargó de recordarlo: “El ministro Kulfas, en mayo, se comunicó con la oposición para conversar, negociar y concertar la ley que hacía falta. Para nosotros fue muy interesante ese proceso, y buscamos rápidamente los consensos. Entendíamos que teníamos que apoyar a este sector”.

La ley recibió el visto bueno y fue girada al Senado, que recién la semana pasada le dio luz verde a la iniciativa con una serio de modificaciones que obligaron a que la ley deba volver a pasar por la Cámara baja. Esta madrugada, fue ese el texto que, sin el acompañamiento de Juntos por el Cambio, se convirtió en ley.

"Somos los legisladores más locos del mundo, y andamos con las leyes de acá para allá. El loop, increíble", describió Banfi a las idas y vueltas que tuvo la iniciativa.

Las críticas a las modificaciones

“A cada paso que transitó este proyecto este año fue perdiendo atractivo y disminuyendo beneficios fiscales. Beneficios cuyo costo fiscal total calculado originalmente por la oficina de presupuesto del Congreso era de aproximadamente $ 12.000 millones, 0,05 del PIB y que hoy seguramente es mucho menos. Insignificante costo si lo comparamos con los u$s 6000 millones de dólares que ingresan por las exportaciones que promueve este sector, el tercero más importante en la economía del país", se explayó el diputado radical Luis Pastori para luego resumir que la ley "es amarreta y tacaña".

Vale recordar que el Senado modificó, entre otros artículos de la ley, aquel que determinaba que losalcanzados por el régimen tendrían una reducción del 60% en el monto total del impuesto a las ganancias. El texto final, en cambio, escalona esos beneficios. La reducción del 60% correrá solo para las micro y pequeñas empresas. En tanto, para las empresas medianas, esa reducción será del 40% y, para las grandes, del 20%.

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Otro punto fuertemente cuestionado por la oposición tuvo que ver con el aspecto fiscal. “Se transforma el bono de crédito fiscal de un 70% sobre el total pagado de contribuciones patronales en ‘hasta’ un 70%, ese hasta implica que alguien decidirá cuánto y a quién, otorgando más arbitrariedad. Y el bono pasa de ser transferible por una vez a ser intransferible”, amplió el misionero Pastori.

“Ya no se va a poder cancelar deuda de todos los impuestos, sino que se incluye al Impuesto a las Ganancias, que es el principal de todos. Y el monto del bono de crédito fiscal va a generar base imponible para generar ganancias, es decir, que le damos por un lado a través del bono, pero le quitamos por el otro a través del Impuesto a las Ganancias. No se puede explicar esto de manera coherente”, agregó.

En tanto, Jorge Vara aseguró que “el objetivo de pasar de 6.000 a 15.000 millones de dólares de exportaciones es muy difícil de lograrlo con la ley que vino del Senado. Lo mismo la intención de pasar de los 437.000 empleados actuales e incrementarlo en 340.000 más para llegar a los 800.000 puestos de trabajo". Y remató: "Esta es una ley de beneficios rebajados”.

El sector tampoco acompaña la nueva ley

“El balance de los cambios introducidos en la reforma comparados a la ley original es en general desalentador”, dijeron esta mañana desde Argencon, entidad que nuclea a empresas prestadoras de servicios de todos los verticales de la Economía del Conocimiento. Y acotaron: “Si bien es mejor tener algún beneficio que ninguno, la reforma es débil en el punto más crítico de la economía del conocimiento: la capacidad competitiva del país en el mercado global”.

“La quita de la estabilidad fiscal, la imposición de un cupo anual a los beneficios y el otorgamiento a la Autoridad de Aplicación de las facultades de redistribuirlos y de modificar los requisitos establecidos para las empresas que adhieran crean un margen de incertidumbre sobre aspectos centrales del Régimen a futuro”, señalaron desde la entidad a través de un comunicado.

“El diseño de los beneficios establecido en la Reforma hace que a mayor exportación menor sea el estímulo del régimen'', explicó Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencon, y agregó: “La relación de los beneficios entre empresas locales y exportadoras llega a ser de hasta 3 a 1. Es probable que empresas con gran capacidad de generación de empleo y divisas no vean atractiva la relación entre los beneficios que ofrece la Ley y el grado de discrecionalidad que se ha establecido sobre las normas que lo regularán”.

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En tanto, la Cámara de la Industria Argentina del Software señaló, también a  través de un comunicado, sus críticas en torno a la ley sancionada ayer. Por un lado, con la nueva redacción, aquellas firmas que muestren una reducción en su planta, no cumplirá con los requisitos para acceder al régimen. Sobre este punto, desde la cámara señalaron que esto, incluso, “podría impedir que las empresas se vuelvan a inscribir cuando lo superen, porque perdió vigencia el beneficio por no cumplir con este requisito”.

Es por ello que sugieren que la reglamentación tenga en cuenta las dificultades que representa. “Principalmente, en aquellas reducciones de nómina donde la empresa no tiene posibilidades de incidir, tales como: renuncias, jubilaciones, acuerdos de partes y casos extremos como, por ejemplo, fallecimientos”, detallaron.

Otro punto que cuestionaron de la normativa tiene que ver con la manera en la que se liquida Ganancias para las empresas comprendidas en la Ley del Software respecto del ejercicio iniciado en 2019. “Dado que la mayoría de los ejercicios fiscales ya cerraron, sería bueno mantenerlo, teniendo en cuenta que la nueva Ley propone una escala variable según el tamaño de la empresa”, argumentaron.

Asimismo, se encargaron de señalar que, teniendo en cuenta que las empresas son sujetos de retención de IVA y que el bono fiscal se utiliza para pagar ese impuesto, “será muy importante trabajar tanto con el órgano de aplicación como con AFIP para lograr que el beneficio sea aplicable y se pueda percibir. De otra manera, no será aplicable esta promoción ni el beneficio del bono anteriormente mencionado”.

Fuente: Cronista