La entidad que nuclea a más de 30 cámaras de la industria de alimentos y bebidas mostró su disconformidad por la extensión de Precios Máximos, el programa que el Gobierno extendió en los últimos días hasta fines de enero de 2021.
Política - Comercio04 de noviembre de 2020
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La Copal, que nuclea a las industrias alimenticias, lanzó un comunicado para expresar su "total desacuerdo y preocupación frente a la decisión de la Secretaria de Comercio Interior de extender nuevamente por 3 meses más la política de Precios Máximos, que mantiene el congelamiento de precios desde marzo pasado, luego que se expusiera la crítica situación que enfrenta la industria de alimentos y bebidas".
El programa de Precios Máximos fue lanzado junto con el comienzo de la cuarentena e incluye a los almacenes, autoservicios, supermercados chinos y grandes supermercados e hipermercados. El control de precios abarca alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza. Es una de las principales herramientas que tiene el gobierno para contener la inflación.
Sin embargo, despierta rechazo en los industriales de la alimentación. "Pone en riesgo en lo inmediato el normal abastecimiento de los alimentos y bebidas en nuestro país, generando el cierre de empresas con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo de la industria. Resulta insostenible la política de congelamiento de precios y que ello queda reflejado en los distintos aumentos de costos que el sector ha sufrido y que representan un incremento promedio del 26 por ciento. Si bien estas cifras son constatadas por las autoridades, no fueron consideradas para brindar los respectivos aumentos autorizados, que resultaron escasos y esporádicos y que distan sensiblemente en magnitud y temporalidad para cubrir los costos", dijo Copal.
Además, Copal se refirió al proyecto de etiquetado de alimentos aprobado en el Senado y dijo que "demoniza la actividad y los productos que la industria de alimentos y bebidas elabora y no preserva las bases para la armonización normativa en el Mercosur".
Fuente: Página 12
La Ley que fue sancionada el año pasado ya rige para las grandes empresas. Las pymes, cuentan con un plazo más largo debido al coste de producción que tiene adecuarse a esta norma.
En primera instancia, serán las grandes empresas las que deberán cumplir con la normativa.
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