El peso de los intereses por el préstamo contraído por el macrismo en 2018 es equivalente a dos años de pérdidas de las empresas estatales, que el ex presidente quiere cerrar.
Economía02 de noviembre de 2022
Colaborador
Posiblemente, el mayor costo que tuvo para el país el hecho de que Cambiemos haya reintroducido en 2018 al FMI en la Argentina, haya sido la necesidad de consensuar las políticas económicas con la burocracia de este organismo en lugar de adoptar medidas soberanas. También, el hecho de haber endeudado al país con ese organismo en 45.100 millones de dólares, monto que significó parte de la fuga de 86.000 millones de dólares durante la gestión macrista.
Pero además, el préstamo tuvo un costo económico concreto: 13.297 millones de dólares. La cifra, revelada por el Centro CIFRA de la CTA, se compone de 3.447 millones de intereses regulares por el préstamo más la penalidad por solicitar un préstamo mayor al de la cuota parte que le corresponde al país, es decir 9.850 millones de dólares, monto que, pese a los intentos del gobierno, no se redujo.
La cifra toma dimensión si se la pone en contexto, por ejemplo, en el actual debate formulado por el macrismo en relación a las pérdidas de las empresas públicas y el correspondiente déficit fiscal que deben afrontar la totalidad de los argentinos con sus impuestos.
Si bien el hecho de que más de la mitad de la población se incline por este espacio o por los libertarios, los cuales plantean la necesidad de reducir, eliminar, o privatizar estas empresas, pone en cuestión la eficiencia de estas empresas para atender las necesidades del grueso de la población, no menos real es que, tal como lo informa un reciente estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), “no todo el déficit de las empresas públicas puede ser atribuido a sus ineficiencias”, pues “en muchos casos, los desequilibrios operativos son el resultado de políticas de precios bajos decididas por las autoridades e impuestas a las compañías”, concluyendo que, “en este contexto, las transferencias del Tesoro a estas empresas son más el resultado de las decisiones de políticas públicas (los subsidios al consumo hogareño de energía y al transporte público de pasajeros), que asistencias a las empresas derivadas de su mal desempeño”.
Específicamente, el informe de la OPC señaló que con los datos disponibles de la cuenta de inversión del ejercicio 2021, se han consolidado las cifras disponibles para el conjunto de 34 Empresas Públicas (EP), incluyendo a YPF SA, donde se trata de “un núcleo de empresas con 111 mil empleados, gastos por 2,5 billones de pesos, e ingresos propios de 2,14 billones de pesos, a los que se sumaron 719 mil millones de transferencias estatales con recursos del Tesoro Nacional, equivalentes a 1,5 por ciento del PIB”.
De esta forma, el déficit consolidado para cubrir los desequilibrios de las empresas públicas fue de cerca de 6.000 millones de dólares o el equivalente a la mitad de los intereses que se deberán abonar al FMI por el préstamo contraído en 2018.
Pero además, según se desprende del informe, de reducirse la operatoria de estas empresas, se reduciría el trabajo de las más 100.000 personas empleadas en ellas, lo cual también repercutiría en un menor dinamismo de la economía.
Igualmente, tal como lo señala la OPC en relación a la eficiencia de estas empresas, es “determinante que el rol de los organismos de control, y su capacidad para lograr que las normas y reglamentaciones aplicables a las EP se cumplan”, pues “de nada sirve establecer nuevas normas y reglas que en teoría luzcan apropiadas para mejorar el desempeño de las EP si, como sucede en muchos planos del entramado regulatorio de la administración financiera pública argentina, corremos el riesgo de incumplimientos que profundicen la brecha entre el marco institucional formal y el funcionamiento real de las organizaciones estatales”.
Fuente: El Destape
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