La pelea no es por una empresa sino por el control

El martes a la mañana, Paolo Rocca dejó mudo al directorio de su constructora.

-Le voy a pedir a Alberto que nos estatice. Así se queda con la deuda de todo este año. 

El CEO de Techint Ingeniería y Construcción, Carlos Bacher, tragó saliva. Recién respiró aliviado cuando su jefe se largó a reír a carcajadas, un segundo después, de la cara de susto que habían puesto todos. Habitualmente parco y hasta desdeñoso con quienes no considera a su altura, el magnate disfruta mucho de la ironía en la intimidad. El anuncio del día antes de Alberto Fernández sobre Vicentin había puesto las palabras “intervención” y “expropiación” en boca de todo el círculo rojo.

Al mediodía, el mismo martes, el lobista en jefe de la “T” llevó la opinión de Rocca a la Junta Directiva de la Unión Industrial. “Esto es el primer paso pero no va a ser el último. No lo podemos permitir”, vociferó Luis Betnaza desde su casa, frente a su laptop. Más de 50 industriales de todo el país lo escuchaban por Zoom. El aceitero Miguel Acevedo, jefe de la central fabril y CEO de la última competidora nacional de Vicentin, presidía la sesión en silencio.

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La arenga dio lugar a una catarsis colectiva. “Hay que trazar una línea y demostrarles que hasta acá llegaron. Éste es el límite, no lo podemos permitir”, dijo el presidente de la Cámara del Software, Miguel Calello. “La UIA tiene que ser muy clara en el mensaje”, sumó el protesorero Martín Rappallini. El presidente de la Federación de la Industria Textil (FITA) y dueño de Algodonera Del Valle, Luis Tendlarz, fue más allá: “¡Hay que gritar! ¡Gritar sin reparos!”, exigió.

El rosarino Guillermo Moretti les salió al cruce. Pidió cautela y advirtió que muchas fábricas santafesinas corren riesgo de quebrar en caso de que Vicentin termine haciéndolo, tal como aseguran en el Gobierno que ocurrirá si no hacen nada. Cercano al oficialismo nacional pero con mejor llegada al gobierno de Omar Perotti, Moretti también les recordó a sus colegas que la asistencia del Estado se convirtió en una norma por la pandemia. Incluso entre los que protestaban, salvo los que se bajaron del plan ATP porque tienen sedes offshore o porque no aceptaron el requisito de no comprar dólares en la Bolsa por dos años.

 
José de Mendiguren operó desde las sombras. Aunque Fernández lo puso al frente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), una de las víctimas estatales del pagadiós de Vicentin, sigue ocupando una silla en la Junta de la UIA. Por Whatsapp, mientras seguía la reunión por Zoom, les escribió a varios: “¿Ustedes a quién tienen atrás? ¿A los milicos? ¿Para qué lo quieren esmerilar a Alberto? ¿Qué creen que viene si cae Alberto? ¿Cavallo? ¿O Cristina?”.

Acevedo terció para sugerir cautela. Hizo equilibrio con un texto que instaba a “garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad”, sin condenar la decisión oficial. Cuando lo leyó, Betnaza le mandó un mail iracundo con copia a casi todos los presentes. “Miguel, lo que sacaste en el comunicado no refleja lo que resolvió la Junta Directiva y a pesar de que varios lo señalamos te manejaste como si fuera tu opinión más importante que el órgano más representativo de la institución. Creí que eras más respetuoso”, le espetó.

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Peras y Manzanos

La gestión de la “T” fue más efectiva en otras cámaras patronales. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), donde Techint y Clarín suelen imponer sus criterios casi sin discusión, advirtió que se violaba la seguridad jurídica y que el anuncio era “un grave error”, como a las pocas horas repitieron desde el peronismo Guillermo Moreno y Eduardo Duhalde. La Cámara de Comercio reclamó “normas claras y estables”. El Foro de Convergencia Empresarial reclamó a la Justicia y al Congreso que “actúen para revertir esta medida sumamente negativa para el futuro de Argentina”. Paradojas de la historia: una de las adherentes al Foro es la Fundación Carlos Pellegrini, que lleva el nombre del fundador del Banco Nación, de donde salieron los préstamos más cuantiosos que recibió Vicentin. Un 40% de ese dinero, para peor, fue desembolsado cuando la empresa ya había entrado en cesación de pagos y Mauricio Macri ya había perdido las elecciones.

 
El Gobierno estuvo mucho más lento de reflejos. Recién ayer aparecieron los apoyos del Sindicato de Aceiteros San Lorenzo y de la Unión de Recibidores de Granos (URGARA). La Federación de Aceiteros y Desmotadores, a la que adhieren los empleados de Vicentinfuera del polo de San Lorenzo, ya había salido a respaldar la decisión el martes. Todos, como el ministro de Agricultura, Luis Basterra, se enteraron de la decisión por televisión. Pero si Claudio Moroni se hubiera movido desde el Ministerio de Trabajo entre lunes y miércoles con la eficiencia de Betnaza en el mundo del lobbying o de Héctor Magnetto a la hora de construir un clima mediático adverso al anuncio, la relación de fuerzas habría sido otra.

El fin de semana, cuando tomó la decisión, Alberto Fernández ponderó tres datos que le aportó Matías Kulfas. Primero, que se agotaba el tiempo para una solución “de mercado” porque, por ejemplo, los sueldos no iban a ser depositados en tiempo y forma y la operación empezaba a resentirse. Segundo, que las tres alternativas sobre la mesa para que Vicentin siguiera en manos privadas incorporaban al Estado como aportante -sobre todo con prórrogas impositivas y quitas de la deuda- pero no como decisor. Y tercero, que cualquiera de los 2.400 acreedores anotados en el concurso estaba en condiciones de pedir la quiebra.

Una de las alternativas, la que empujaba la sociedad de bolsa Allaria Ledesma y con la que colaboraba técnicamente el exviceministro Emmanuel Álvarez Agis, era la que tenía a José Luis Manzano como inversor. Las otras dos salidas “de mercado” para evitar la quiebra y el colapso de la firma eran que Glencore ampliara su participación (ya es socia de Vicentin en Renova, la perla del grupo) o que entrara un exCEO de Louis Dreyfus, otra de las cinco grandes del comercio de commodities. Pero el posible aterrizaje de Manzano no fue lo que Fernández quiso evitar, contra lo que sugirieron varios interesados. “Nadie nunca creyó seriamente que Manzano fuera a poner plata. ¿Alguna vez lo viste hacerlo?”, se rió anoche ante BAE Negocios uno de los presentes en la reunión con el CEO, Sergio Nardelli.

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Aceite y política

El mandamás de Vicentin, capitán los fines de semana del yate ‘Champagne’, no se volvió anoche a Santa Fe con ninguna noticia como para descorchar uno. “No tengo nada contra usted, no quiero tirarlo por la ventana a usted ni a nadie. Ayúdenos a que esto salga bien. Colabore con la intervención”, le dijo Fernández. Él contrapropuso una salida “nacional pero privada”: que ingrese YPF Agro como accionista, que le compre la deuda al Banco Nación y que su familia le ceda acciones, pero no el control. El gobernador Omar Perotti, que llegó con él a la Quinta, lo respaldó tímidamente. “Para eso ya es tarde”, respondió el Presidente. “El tipo hablaba como si no tomara dimensión del quilombo que generó”, definió ante este diario otro de los presentes.

El problema -y lo que está en juego- es precisamente el control. No solo en términos accionarios. Lo que procura el Gobierno con la Vicentín mixta pero conducida por el Estado es tener una empresa testigo que le sirva en el mercado de granos para lo que le sirve YPF en el de energía: para no estar ciego. Lo más parecido a construir una Junta de Granos del siglo XXI, aun cuando la coyuntura global actual no le permita siquiera arrimarse a las atribuciones que tenía el organismo que fundó Agustín P. Justo en 1933 y disolvió Domingo Cavallo en 1991. Ese objetivo -saber de primera mano si hay triangulación de exportaciones, si se retacean divisas o si se evade en el sector más dinámico de la economía- vale el riesgo de eventuales juicios, dicen en Olivos.

Nardelli venía tratando de evitar perder ese control desde agosto, cuando Macri perdió las PASO. Ese mes reunió a sus competidores y les propuso venderles parte de la compañía o trabajar para ellos “a façon”. Es decir, alquilarles su planta de molienda a cambio de un canon. Pero con 3 dólares por tonelada (lo que se paga por esa façon) no llegaba a cubrir los intereses comprometidos. “Acá se arrastran malos manejos empresariales de años. Y mucha soberbia”, disparó uno de esos competidores, que antes de la gestión de Nardelli tenía buena relación con la firma.

 
La maldición del mundo corporativo dice que la primera generación funda una empresa familiar exitosa, la segunda la hace crecer y la tercera la funde. Pero la reacción que generó la intervención no tuvo que ver con la empresa sino con el límite político que el establishment le quiso imponer a Fernández. Un límite que, de paso, le sirvió a la oposición para tomar algo de aire y salir del debate sobre la cuarentena justo cuando el pico de contagios empezaba a devolverle legitimidad

Fuente: BAE Negocios